NACIONAL

Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El tribunal de Rotterdam impuso una sentencia de 197 días de prisión, con 180 días probacionales y 240 horas de servicio comunitario, debido a su papel crucial en un caso internacional de fraude relacionado con el comercio de electrónica. Este esquema, que involucró a varios países europeos, causó pérdidas estimadas superiores a 40 millones de euros. La empresa dirigida por el condenado dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que permitió a otros actores reclamar reembolsos fraudulentos de IVA. La EPPO se encarga de perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Ertzaintza y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en un operativo que abarcó varias provincias de España. Se han detenido a 19 personas y liberado a 34 mujeres, quienes eran captadas en el extranjero para ser explotadas en pisos de prostitución. La investigación, iniciada en enero de 2024, ha revelado la complejidad de esta red internacional, que operaba en ciudades como Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Zaragoza. Los detenidos enfrentan cargos por organización criminal, trata de seres humanos y otros delitos relacionados. La operación sigue abierta y se esperan más arrestos.

El padre Marcelino, un sacerdote del colegio de los Legionarios de Cristo en La Moraleja, Madrid, enfrenta un juicio por presuntos abusos sexuales a menores. Ocho niñas han denunciado al religioso, quien las amenazó con la muerte de sus padres si contaban lo que sucedía. Las víctimas relatan que el cura les decía: "Si se lo cuentas a alguien, tus padres van a morir". Este caso ha revelado posibles nuevas víctimas y ha sido impulsado por el valiente testimonio de una niña que se atrevió a hablar con sus padres. El juicio continúa y se esperan más declaraciones de las menores involucradas.

La jueza ha emitido un auto contundente contra Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior, al considerarlo "el arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal" liderada por el hacker Alcasec. Martínez, detenido por sus vínculos con Alcasec, enfrenta graves acusaciones que incluyen blanqueo de capitales y revelación de secretos. La magistrada destaca su papel en la legitimación pública del hacker y su conocimiento profundo del entramado criminal, que operaba a través de un servidor en Suiza y utilizaba criptomonedas para ocultar sus actividades. Debido al riesgo de destrucción de pruebas, se ha decretado su prisión provisional.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la pandemia eran discriminatorios y excluyeron a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién podía recibir atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en la muerte de casi ocho de cada diez residentes sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus compañeros de gobierno sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. La declaración de Reyero ha resonado entre familiares de víctimas, quienes continúan exigiendo justicia por las muertes ocurridas en residencias durante la crisis sanitaria.

Un trágico accidente en San Adrián ha dejado un fallecido y un herido grave. El siniestro ocurrió en la carretera NA-134, a la altura del kilómetro 51,6, cuando el vehículo se salió de la vía y chocó contra un paso de cuneta. Un hombre de 50 años murió en el acto, mientras que otro ocupante fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos graves. Los servicios de emergencia, incluyendo Bomberos y ambulancias, respondieron rápidamente al incidente. La Policía Foral investiga las causas del accidente.

Cuatro hombres han sido detenidos por la Policía de la Generalitat y la Policía Nacional, implicados en un grupo criminal itinerante responsable de 127 delitos relacionados con usurpaciones de identidad y estafas bancarias. Las detenciones se llevaron a cabo el 8 de mayo en Níjar (Almería) y Mollet del Vallès. El grupo utilizaba documentos de identidad robados para solicitar extractos bancarios y realizar reintegros en efectivo, obteniendo más de 65.000 euros. La investigación, iniciada tras denuncias de entidades bancarias, abarcó diversas provincias españolas. Los detenidos, con antecedentes penales, fueron puestos a disposición judicial el 9 de mayo.

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 22 años en Lemoa tras intentar ocupar una vivienda forzando su puerta. El incidente ocurrió en el barrio Txiriboketa cuando se recibió una alerta sobre la presencia del intruso. La detención se enmarca dentro de un plan contra la usurpación de viviendas que ha llevado a la arresto de ocho personas en Lemoa desde finales de 2024. El detenido enfrentará cargos por usurpación y será puesto a disposición judicial.

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de les Illes Balears, será juzgado por un delito de odio. El tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por Le Senne contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que había acordado su procesamiento. La resolución señala que existen indicios suficientes para considerar los hechos investigados como potencialmente constitutivos de delito. La querella se origina a partir de la actuación de Le Senne durante una sesión parlamentaria en junio de 2024, donde expulsó a diputadas que se negaron a retirar fotografías relacionadas con víctimas del franquismo. La audiencia subraya que la inviolabilidad parlamentaria no protege actos que excedan las funciones públicas del presidente.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.