MUNDO INSÓLITO

La Fiscalía Europea investiga en Siracusa, Italia, una presunta trama de corrupción y direccionamiento de contratos públicos, incluido un proyecto financiado por la UE para ampliar el alojamiento de trabajadores agrícolas temporeros en Cassibile. Un juez ordenó medidas cautelares contra siete personas: prisión preventiva para un agente de los Carabinieri, arresto domiciliario para un político local y un empresario, y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con solicitudes de financiación pública durante 12 meses para otras cuatro. La investigación señala presuntos pagos y contratos dirigidos a empresas favorecidas desde 2023. El municipio recibió aproximadamente 1,67 millones de euros para el proyecto. Las personas investigadas se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

El Tribunal Supremo de Lituania confirmó las condenas de dos exagentes de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por contrabando de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia. También mantuvo la condena de los agentes por abuso de autoridad y la obligación de pagar más de 9,7 millones de euros en daños a las autoridades aduaneras. La sentencia es firme y no admite recurso.

Una empresa y su director han sido condenados en España por declarar costos salariales ya cubiertos por subvenciones nacionales como gastos de un proyecto financiado por la UE. La Fiscalía Europea (EPPO) acusó a los implicados de obtener un beneficio económico indebido al imputar salarios de empleados, que recibían ayudas del Gobierno de Navarra, al proyecto del programa Horizonte 2020. La sentencia del 5 de octubre de 2026 impuso al director una multa y a la empresa una sanción económica, además de prohibirle recibir subvenciones durante nueve meses. El daño total causado se estima en 26,000 euros.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Eslovaquia contra un individuo por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo forestal cofinanciado por la UE. En 2018, el sospechoso solicitó una subvención no reembolsable bajo el Programa de Desarrollo Rural de Eslovaquia, alegando ingresos ficticios del 100% provenientes de actividades forestales. Sin embargo, se descubrió que la empresa no generaba ingresos reales y que los contratos presentados eran falsos. El acusado adquirió maquinaria para el proyecto, pero nunca la utilizó, prestándola a otra empresa para actividades agrícolas. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y multas de hasta 3 millones de euros. La investigación fue apoyada por la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha incautado hasta 4 millones de euros en una investigación sobre fraude relacionado con subsidios agrícolas en la isla de Réunion, Francia. A solicitud de la EPPO en París, se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado propiedades vinculadas a representantes de una empresa privada que supuestamente tomaron el control fraudulento de una cooperativa de productores de frutas y verduras para obtener subsidios de la UE. Los fondos, destinados a la agricultura en regiones ultraperiféricas, fueron desviados entre 2019 y 2024. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado más información a Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia, quien falleció por neumonía grave el 2 de octubre. A pesar de que las autoridades rusas aseguran no haber registrado casos recientes de peste en la región, la OMS continúa sin conocer la causa exacta del deceso. Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la falta de datos y ha instado a Moscú a ser más transparente. La situación genera incertidumbre sobre un posible brote infeccioso y se investiga si hubo un incidente en el laboratorio relacionado con este caso.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a 11 sospechosos en Italia en un caso de fraude fiscal por valor de 100 millones de euros relacionado con el comercio de productos plásticos. Ocho individuos han sido detenidos preventivamente y tres están bajo arresto domiciliario. La investigación, que se centra en una organización criminal que operaba mediante empresas ficticias, reveló que entre 2018 y 2023 se emitieron facturas fraudulentas por transacciones inexistentes, lo que resultó en una evasión fiscal significativa. Además, se han confiscado activos por un valor de hasta 25 millones de euros y más de 50 personas están bajo investigación por delitos relacionados con el fraude fiscal y la participación en organizaciones criminales.

Un individuo ha sido condenado en España por malversar fondos de la Unión Europea destinados a una cooperativa para desempleados. La sentencia, emitida el 28 de septiembre de 2026 por la Audiencia Nacional, impone al acusado seis meses de prisión y una prohibición de dos años para recibir subvenciones, además de obligarlo a pagar 95,000 euros en compensación a la Región de Murcia. El acusado, responsable de establecer la cooperativa, nunca fue miembro y defraudó a los integrantes al apropiarse de las ayudas económicas. Esta condena sigue una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO), que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.