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Edición 14 4 de agosto de 2026
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La Fiscalía Europea ha presentado cargos en Praga contra seis personas, incluyendo una empresa, por un fraude fiscal de más de 17.4 millones de euros en relación con la importación de bienes desde China. Los acusados están implicados en un esquema que involucraba la declaración falsa de suministros a empresas ficticias en otros Estados miembros de la UE, mientras que los productos eran realmente distribuidos a centros logísticos para su venta en el mercado europeo. Cuatro de los acusados enfrentan penas de prisión de hasta 13 años y cuatro meses, mientras que el quinto podría recibir entre dos y ocho años. La investigación fue llevada a cabo junto con la Policía Checa contra el crimen organizado. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
La Guardia Civil ha confiscado más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una operación realizada en Palma de Mallorca, específicamente en el polígono industrial de Son Castelló. Esta intervención se llevó a cabo tras meses de investigación y ha resultado en la apertura de un caso contra cuatro individuos por delitos relacionados con la propiedad industrial. Las joyas, que incluían pulseras, pendientes, collares, brazaletes y anillos, estaban destinadas a ser vendidas tanto al por mayor como al por menor, imitando diseños de marcas reconocidas. La operación destaca como la mayor incautación de este tipo en Baleares y pone de relieve los riesgos para la salud asociados a productos falsificados. La investigación sigue abierta y podrían realizarse más acciones.
El 30 de julio de 2026, la Fiscal Europea solicitó al Parlamento polaco el levantamiento de la inmunidad de un miembro activo del Parlamento en relación con una investigación por corrupción. Esta solicitud es parte de un caso más amplio que involucra la modernización del sistema de tranvías en la región de Silesia, donde surgieron nuevas acusaciones sobre tráfico de influencias y aceptación de beneficios financieros a cambio de decisiones favorables para empresas. Durante las investigaciones recientes, se realizaron arrestos y se llevaron a cabo registros en propiedades privadas. La EPPO continúa su labor para esclarecer los hechos y garantizar que todos los implicados sean considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales polacos.
La identificación de los titulares y el rastreo de transacciones son fundamentales en la prevención del uso fraudulento de criptoactivos, según expertos en un curso organizado por el Consejo General del Notariado. La verdadera identidad detrás de las operaciones con criptomonedas es crucial para combatir actividades delictivas. Los notarios desempeñan un papel clave al proporcionar información valiosa y colaborar con las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Órgano Centralizado de Prevención del Notariado utiliza datos auténticos para analizar operaciones sospechosas, destacando la importancia de la cooperación institucional y el análisis de alertas para enfrentar este desafío.
Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra 22 personas, incluidos cuatro miembros actuales del Parlamento Helénico, en una investigación sobre un supuesto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Las acusaciones incluyen abuso de confianza y gestión ilegal de fondos de la UE. Se han desestimado las alegaciones contra otros siete miembros del Parlamento por falta de pruebas suficientes. Las investigaciones revelan patrones de corrupción en la administración de los fondos agrícolas de la UE, con posibles penas de hasta cinco años de prisión para los implicados. La EPPO continúa investigando otros casos relacionados.
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