MUNDO INSÓLITO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Eslovaquia contra un individuo por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo forestal cofinanciado por la UE. En 2018, el sospechoso solicitó una subvención no reembolsable bajo el Programa de Desarrollo Rural de Eslovaquia, alegando ingresos ficticios del 100% provenientes de actividades forestales. Sin embargo, se descubrió que la empresa no generaba ingresos reales y que los contratos presentados eran falsos. El acusado adquirió maquinaria para el proyecto, pero nunca la utilizó, prestándola a otra empresa para actividades agrícolas. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y multas de hasta 3 millones de euros. La investigación fue apoyada por la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha incautado hasta 4 millones de euros en una investigación sobre fraude relacionado con subsidios agrícolas en la isla de Réunion, Francia. A solicitud de la EPPO en París, se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado propiedades vinculadas a representantes de una empresa privada que supuestamente tomaron el control fraudulento de una cooperativa de productores de frutas y verduras para obtener subsidios de la UE. Los fondos, destinados a la agricultura en regiones ultraperiféricas, fueron desviados entre 2019 y 2024. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado más información a Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia, quien falleció por neumonía grave el 2 de octubre. A pesar de que las autoridades rusas aseguran no haber registrado casos recientes de peste en la región, la OMS continúa sin conocer la causa exacta del deceso. Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la falta de datos y ha instado a Moscú a ser más transparente. La situación genera incertidumbre sobre un posible brote infeccioso y se investiga si hubo un incidente en el laboratorio relacionado con este caso.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a 11 sospechosos en Italia en un caso de fraude fiscal por valor de 100 millones de euros relacionado con el comercio de productos plásticos. Ocho individuos han sido detenidos preventivamente y tres están bajo arresto domiciliario. La investigación, que se centra en una organización criminal que operaba mediante empresas ficticias, reveló que entre 2018 y 2023 se emitieron facturas fraudulentas por transacciones inexistentes, lo que resultó en una evasión fiscal significativa. Además, se han confiscado activos por un valor de hasta 25 millones de euros y más de 50 personas están bajo investigación por delitos relacionados con el fraude fiscal y la participación en organizaciones criminales.

Un individuo ha sido condenado en España por malversar fondos de la Unión Europea destinados a una cooperativa para desempleados. La sentencia, emitida el 28 de septiembre de 2026 por la Audiencia Nacional, impone al acusado seis meses de prisión y una prohibición de dos años para recibir subvenciones, además de obligarlo a pagar 95,000 euros en compensación a la Región de Murcia. El acusado, responsable de establecer la cooperativa, nunca fue miembro y defraudó a los integrantes al apropiarse de las ayudas económicas. Esta condena sigue una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO), que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.

Cuatro personas han sido arrestadas en Croacia bajo sospecha de fraude relacionado con subsidios destinados a la reparación de daños por un terremoto. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación tras descubrir que los acusados intentaron obtener ilegalmente aproximadamente 685,000 euros en ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD). Los sospechosos presentaron reclamaciones falsificadas sobre daños a sus invernaderos entre febrero y diciembre de 2021. Las solicitudes de apoyo no fueron pagadas después de que se verificara que los daños declarados no coincidían con la realidad. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

Cinco individuos han sido condenados por evasión fiscal en un caso organizado, según la sentencia del Tribunal de la Ciudad de Riga, Letonia, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estas condenas son parte del caso Admiral 2.0, que investiga el fraude fiscal a gran escala y el blanqueo de capitales. Los acusados causaron un daño a los presupuestos estatales de Francia y Alemania por un total de 1.13 millones de euros. Además de multas que suman 429,000 euros, se les impuso supervisión en libertad condicional y prohibiciones para realizar actividades comerciales. La investigación sigue activa y se sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este esquema fraudulento.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una organización criminal que supuestamente vendió más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos, causando pérdidas estimadas de 300 millones de euros a consumidores de la UE y una evasión fiscal de más de 30 millones en varios Estados miembros. La operación, denominada 'Troja', incluyó más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, resultando en siete arrestos, incluidos los líderes del grupo. La investigación reveló que la organización ensamblaba teléfonos con componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, para luego venderlos fraudulentamente en Europa.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Italia en relación con una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado a cursos de formación laboral ficticios. La Guardia di Finanza, tras una auditoría fiscal en 2025, descubrió que una cooperativa había emitido facturas por formaciones que nunca se realizaron, obteniendo más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevo Skills, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, se reclamaron indebidamente 500,000 euros en créditos fiscales relacionados con la formación de empleados. La investigación también está relacionada con posibles delitos de quiebra y ha resultado en el congelamiento urgente de 6 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.