MUNDO INSÓLITO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.

El 7 de julio de 2026, el Tribunal del Condado de Zagreb emitió la primera sentencia en un caso de corrupción y mal uso de fondos de la UE que involucra al Ministerio de Cultura y la Facultad de Geodesia en Croacia. Diez individuos fueron condenados tras una acusación del Fiscal Público Europeo (EPPO) por manipular procedimientos de contratación pública relacionados con proyectos financiados por la UE, causando un daño estimado de 2.8 millones de euros. Los acusados, que incluyen a un exviceministro y un exdecanato, admitieron su culpabilidad en varios delitos, resultando en penas que van desde trabajos comunitarios hasta sentencias suspendidas. Las investigaciones continúan para otros 19 implicados en el esquema fraudulento.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Italia que resultó en la incautación de activos por más de 23.5 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios italianos ejecutaron órdenes judiciales que permitieron asegurar hasta 60 millones de euros en activos, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. El esquema fraudulento involucraba la venta de más de 188 millones de litros de diesel y gasolina sin pagar los impuestos correspondientes, lo que distorsionó significativamente la competencia en el mercado. Se estima que las devoluciones fraudulentas de IVA entre 2023 y 2025 causaron daños por un total aproximado de 60 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.

Las autoridades han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación y distribución de productos relacionados con el top manta en Cataluña. La operación, llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra, ha permitido detener a varios miembros del grupo y desmantelar su red de operaciones ilegales. Este hecho resalta el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Chequia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con subsidios para la formación laboral, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación. Las autoridades realizaron 32 búsquedas entre el 10 y el 11 de junio de 2026, iniciando procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas por fraude de subsidios. Se sospecha que los acusados presentaron información falsa sobre actividades de capacitación en tecnología de la información, causando un daño estimado al presupuesto de la UE de aproximadamente 268,000 euros. Además, se intentó obtener beneficios indebidos por cerca de 161,000 euros. Durante las búsquedas, se incautaron activos valorados en alrededor de 800,000 euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales checos.

Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.