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Edición 14 21 de febrero de 2026
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha desmantelado una organización criminal en Sicilia implicada en un fraude de fondos agrícolas que causó daños estimados en más de 1.4 millones de euros. En la operación, un sospechoso fue arrestado y otros cinco enfrentan medidas coercitivas. La investigación reveló que entre 2018 y 2022, el grupo creó empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC). Se han congelado activos por valor de 60,000 euros y se investiga a 23 personas adicionales por fraude y blanqueo de capitales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre el peligro de que la inteligencia artificial se convierta en un "monstruo de Frankenstein" si no se implementan salvaguardas adecuadas. Durante una cumbre en Nueva Delhi, destacó que el desarrollo superficial de la IA podría profundizar desigualdades y amplificar prejuicios, afectando a grupos vulnerables. Türk instó a gobiernos y empresas a realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos y a asegurar un desarrollo inclusivo de la tecnología. También mencionó el riesgo de desinformación y polarización social, enfatizando la necesidad urgente de regulación en este campo.
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán ha presentado un informe alarmante que indica la existencia de "indicios de genocidio" en El Fasher, Darfur, tras una serie de atrocidades cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El informe documenta asesinatos étnicos, violencia sexual sistemática y un prolongado asedio que ha llevado a la inanición y a la negación de asistencia humanitaria. Se afirma que estos actos forman parte de una operación planificada con la intención de eliminar comunidades no árabes, particularmente los grupos zaghawa y fur. La misión advierte sobre el grave riesgo de nuevos actos genocidas si no se toman medidas efectivas para proteger a la población civil y exigir responsabilidades a los perpetradores.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Ptuj, Eslovenia, contra dos individuos por fraude relacionado con fondos de modernización agrícola de la UE. Se les acusa de falsificar documentos públicos para obtener fraudulentamente subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, destinadas a la construcción de un establo y la compra de equipos. La investigación revela que uno de los sospechosos utilizó un permiso de ocupación falso, mientras que el otro proporcionó plantillas para su elaboración, causando un perjuicio aproximado de 95.000 euros a la UE y al Estado esloveno. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de uno a ocho años por fraude en subsidios y hasta tres años por falsificación.
Repetidos ataques con drones en Sudán han impactado zonas civiles, provocando graves heridas a la población. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha atendido a 167 personas en solo dos semanas debido a estos ataques, que afectan infraestructuras críticas como escuelas y mercados. Los equipos de MSF han reportado un aumento en los heridos, incluidos niños, y han instado a las partes en conflicto a proteger a los civiles y al personal humanitario. La situación humanitaria es crítica, con un patrón alarmante de ataques que pone en riesgo la vida de muchos.
Adrián, un joven madrileño de 39 años, se encuentra en coma tras sufrir un grave accidente de moto en Tailandia, donde trabajaba como buceador. Su familia y amigos han iniciado una campaña de recaudación a través de Gofundme para cubrir los altos costos de su tratamiento en la UCI, que ascienden a 3.500 euros diarios, así como los gastos de repatriación que podrían alcanzar los 200.000 euros. A pesar de contar con seguros profesionales, Adrián no tiene cobertura para este tipo de emergencias, lo que ha complicado su situación. La familia se ha trasladado a Tailandia para estar junto a él y hace un llamado urgente para obtener ayuda y poder traerlo de vuelta a España.
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un joven a cuatro años de prisión por el homicidio imprudente de otro hombre tras propinarle un puñetazo, lo que provocó que la víctima se golpeara la cabeza contra el suelo. El jurado determinó que no hubo intención de matar y que el alcohol influyó en el desenlace fatal. Además, se impuso una indemnización de 250.000 euros a los familiares del fallecido. La sentencia, que puede ser recurrida, destaca que no se probó relación entre la agresión y la procedencia de la víctima ni se consideraron agravantes como alevosía o abuso de superioridad.
Cuatro años después del inicio del conflicto en Ucrania, la vida cotidiana se ha convertido en una lucha por la supervivencia para los niños y sus familias, según Munir Mammadzade, representante de UNICEF en Ucrania. En regiones como Jersón, las familias viven en constante miedo debido a ataques y explosiones, lo que ha llevado a muchos niños a refugiarse en sótanos para mantenerse a salvo. A pesar de las adversidades, UNICEF continúa brindando apoyo psicosocial y ayuda esencial a los afectados. Con cerca de 2,6 millones de niños desplazados, la situación es crítica y se requiere urgentemente una paz duradera para garantizar un futuro seguro y estable para la infancia ucraniana.
Cinco personas fueron detenidas en Buñuel por pertenencia a un grupo organizado criminal dedicado a hurtos en viviendas. La Brigada de Prevención y Atención Ciudadana de Tudela, junto con la Policía Local, llevó a cabo las detenciones tras varios robos en la localidad. Las detenidas, cuatro mujeres de entre 19 y 26 años, utilizaban un modus operandi que incluía engañar a los residentes para acceder a sus casas. Un hombre de 24 años también fue arrestado al ser encontrado con objetos robados en su vehículo. Tras ser puestos a disposición judicial, el grupo fue liberado, pero posteriormente se estableció vigilancia sobre ellos debido a su implicación en delitos adicionales.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cuatro individuos en Bulgaria por fraude relacionado con beneficios de empleo destinados a personas con discapacidades. Las investigaciones revelaron que dos empresas fueron creadas únicamente para participar en un programa de la Unión Europea financiado por el Fondo Social Europeo, sin intención de ofrecer empleos reales. Los acusados falsificaron contrataciones y exigieron a los empleados ficticios que devolvieran parte de sus salarios en efectivo. Se estima que las empresas obtuvieron ilegalmente 42,621 euros. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos a ocho años.
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