NACIONAL

Un jurado ha declarado culpable a una pareja británica, compuesta por una aristócrata y un exconvicto, por el homicidio de su hija Victoria, quien murió a los dos semanas de vida debido a hipotermia y asfixia. La pareja había ocultado el nacimiento de la niña y la sometió a condiciones extremas, obligándola a dormir en una tienda de campaña durante el invierno. Tras ser buscados intensamente por la policía, fueron detenidos después de que se encontraran los restos de la pequeña en una bolsa de basura. Este caso ha conmocionado a la opinión pública y destaca las graves negligencias que llevaron a la muerte de la menor.

En Torre-Pacheco, Murcia, se vive una situación de tensión y miedo ante la posibilidad de que estalle un conflicto en la quinta noche de disturbios relacionados con la cacería de migrantes. Decenas de agentes han sido desplegados para controlar los enfrentamientos provocados por grupos ultras que han convocado a la población a salir a las calles. En los últimos días, se han registrado detenciones y un aumento en los incidentes nocturnos, lo que ha generado preocupación entre los residentes.

Un hombre de 42 años fue detenido en Madrid por abandonar a su hijo menor en un coche robado mientras se iba de fiesta en Lavapiés. La Policía Nacional encontró al niño, de 13 años, dentro del vehículo y lo custodiaron hasta que el padre apareció dos horas después, visiblemente ebrio. El menor fue entregado a un amigo del padre, mientras que el vehículo estaba reportado como robado. Este incidente resalta la gravedad del abandono infantil y las consecuencias legales para los responsables.

Una investigación liderada por cuatro españoles ha confirmado que miles de aplicaciones utilizan permisos de localización para rastrear a los usuarios, incluso sin acceso al GPS. Este estudio, presentado en la conferencia sobre privacidad PETS en Washington, revela cómo se recopilan datos a través de Bluetooth y Wi-Fi para inferir hábitos y rutinas personales. A pesar de que muchos usuarios creen haber desactivado el seguimiento, las apps pueden seguir obteniendo información valiosa sobre su ubicación y comportamiento. El informe destaca que el 86% de las aplicaciones analizadas recopilan datos identificables, lo que plantea serios riesgos para la privacidad. Además de la publicidad dirigida, esta práctica puede permitir el rastreo de personas y la identificación de sus movimientos en lugares sensibles.

Arcópoli ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid contra Carla Toscano, concejala del Ayuntamiento de Madrid por VOX, debido a sus declaraciones consideradas LGTBIfóbicas durante un pleno. Toscano afirmó que la bandera LGTBI representa una ideología destructiva y acusó a Arcópoli de promover el adoctrinamiento infantil. La organización considera que sus comentarios cruzan los límites de la libertad de expresión y han solicitado una investigación sobre la posible incitación al odio. Arcópoli cuenta con el respaldo de varias organizaciones en su denuncia y reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La Ertzaintza ha detenido en Errenteria a un hombre de 19 años requerido por la Guardia Civil en relación con los incidentes ocurridos en Torre Pacheco, Murcia. La detención se llevó a cabo en la estación ferroviaria de Errenteria como parte de un plan de prevención de robos. El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y el caso ha sido notificado a la autoridad judicial correspondiente.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante especializado en asaltos a viviendas en Madrid, deteniendo a once personas que han ingresado en prisión provisional. Se les atribuyen tres robos con violencia, y fueron arrestados "in fraganti" durante un intento de robo. La organización se caracterizaba por una rigurosa planificación, obteniendo información de antiguas empleadas del hogar y utilizando disfraces para pasar desapercibidos. En su último asalto, se recuperaron 48.000 euros y herramientas para forzar cerraduras. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Elisa Mouliaá presionó a una testigo del 'caso Errejón' para que respaldara su declaración en el juicio, a pesar de que la testigo afirmó no haber presenciado ningún delito. En audios revelados, Mouliaá solicitó a la amiga que mantuviera una versión favorable y amenazó con las consecuencias de una declaración contraria. La testigo, sin embargo, defendió su derecho a contar la verdad y acusó a Mouliaá de chantaje. En una conversación, Mouliaá admitió no considerar el comportamiento de Errejón como un delito, lo que genera dudas sobre la veracidad de sus acusaciones. La situación ha llevado a la acusación popular a solicitar una ampliación del informe policial para incluir estas conversaciones.

Un grupo de ultraderecha ha convocado una "cacería" contra migrantes en Torre-Pacheco a través de un canal de Telegram con más de 1.000 miembros. La organización ha fijado las fechas del 15 al 17 de julio para llevar a cabo sus acciones, pidiendo apoyo a otras redes antimigrantes en España. El Ministerio del Interior ha desplegado un centenar de agentes en la zona y está monitoreando los movimientos del grupo, que ha generado preocupación por su tono violento y la incitación a la violencia. La Fiscalía de Delitos de Odio ya investiga los mensajes difundidos, que incluyen amenazas colectivas y la organización de grupos violentos motivados por el odio hacia los migrantes. El alcalde de Torre-Pacheco ha instado a cesar estos llamamientos, pero su solicitud ha sido ignorada en los chats del grupo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado gran parte de la sentencia sobre una agresión homófoba ocurrida en la Feria de Abril de 2018, absolviendo a tres acusados y reduciendo las penas al resto. Arcópoli expresa su indignación ante esta decisión, que minimiza el carácter homófobo del ataque y considera inaceptable que insultos explícitos sean interpretados como un "malentendido". La organización exige una revisión de la sentencia, formación obligatoria en delitos de odio para el poder judicial y reformas legislativas que reconozcan la violencia LGTBIfóbica. Esta situación refleja un sesgo estructural en el sistema judicial español, poniendo en riesgo los derechos del colectivo LGTBI+.