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Edición 14    27 de julio de 2024

EL CASO HISPANO

La Policía Nacional de España, junto con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la National Crime Agency del Reino Unido, llevaron a cabo una operación conjunta que resultó en la intervención de más de cuatro toneladas de hachís a bordo de un velero británico en la bahía de Cádiz. El barco había partido hacia Marruecos para recoger la droga, pero debido a las malas condiciones meteorológicas tuvo que regresar a aguas españolas.

La red criminal captaba a las mujeres aprovechándose de su situación de necesidad, las ofrecían condiciones de trabajo engañosas y luego las obligaba a prostituirse debiendo estar disponibles las 24 horas del día. Tras publicitar los servicios sexuales, los arrestados se hacían pasar por sus víctimas para conversar por mensajería instantánea con los clientes y amenazaban a las mujeres si se negaban a ejercer la prostitución controlándolas con cámaras de vigilancia.

Se trata de la mayor aprehensión de cocaína en España desde hace más de cuatro años, la tercera intervención en un solo contenedor según los registros del CITCO y la más importante en el puerto de Valencia desde que existen registros. Las actuaciones comenzaron a raíz de diversas importaciones legales al territorio nacional de fruta y verdura aprovechando el comercio legal de este tipo de mercancías desde el otro lado del Atlántico que podrían estar siendo utilizadas para el comercio transatlántico de drogas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Guadalajara a un fugitivo buscado en Perú como autor de 10 asesinatos. El arrestado es un ex suboficial de la Policía Nacional de Perú reclamado internacionalmente por la comisión de 10 asesinatos cuando formaba parte de un grupo ilegal denominado “Escuadrón de la Muerte” dedicado, presuntamente, a ganar ascensos y condecoraciones para sus miembros mediante la ejecución extrajudicial de supuestos delincuentes.

La fiscalía de Atención Primeria de Panamá ha admitido una querella penal en contra de la jueza del Principado de Andorra María Angels Moreno Aguirre por incurrir en el presunto delito de CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA con modalidad de SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN ACTUACIONES JUDICIALES en perjuicio de un empresario mexicano.

La organización se financiaba mediante el tráfico de estupefacientes a pequeña escala y el pago de cuotas obligatorias de sus integrantes. En 2017, este “coro” estuvo implicado en el asesinato de un joven en una reyerta durante las fiestas de San Agustín de Guadalix, hecho que se saldó con cinco detenidos.
La Guardia Civil ha detenido a otros tres miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) por el homicidio de un joven el pasado 5 de febrero en el distrito de Usera (Madrid).
Se ha detenido a un total de 14 personas que formaban una red criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas, al tratarse de mujeres con cargas familiares y en situación de necesidad económica.
La cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores. La Alta Comisionada y expertos en derechos humanos subrayan la magnitud de la tragedia y la falta crónica de justicia, pugnando por poner fin a ese crimen y resarcir los derechos de las víctimas.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la OFAST francesa y la Policía Nacional de Colombia, han desarticulado una organización que pretendía introducir en España una gran cantidad de cocaína impregnada en azúcar. Han sido detenidas cinco personas en Madrid –tres de ellas se habían desplazado desde Colombia para establecer un laboratorio para la extracción del estupefaciente- y dos en Barcelona, una madre y su hijo que hacían de contacto de los primeros durante su estancia en nuestro país.
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