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Edición 14 16 de enero de 2026
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La Federación Estatal LGTBI+ ha expresado su apoyo al anteproyecto de Ley LGTBI+ en Asturias, instando a su pronta aprobación. Este texto, desarrollado por diversas entidades locales, busca erradicar la discriminación y garantizar la igualdad de derechos para las personas LGTBI+ en ámbitos como la educación y la salud. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, enfatiza la importancia de contar con leyes autonómicas que refuercen los derechos humanos y advierte sobre retrocesos en otras comunidades. Actualmente, Asturias y Castilla y León son las únicas regiones sin una legislación específica en este ámbito.
El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a diez personas por blanqueo de capitales relacionados con la plataforma de criptomonedas Arbistar. En un auto, se ha dictado el pase a procedimiento abreviado en una pieza separada del caso principal, donde ya se condenó a los fundadores por estafar 200 millones de euros a 32.000 inversores. La investigación revela que Santiago F.J. organizó un complejo entramado financiero para ocultar el origen ilícito del dinero, utilizando sociedades ficticias y realizando transferencias para difuminar las huellas del fraude. Se espera que el Ministerio Fiscal y las acusaciones soliciten la apertura del juicio oral en los próximos días.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a cuatro años de prisión por intentar asesinar a otro con una catana. El tribunal aplicó la eximente de alteración psíquica y le prohibió acercarse a la víctima durante diez años, además de imponerle una indemnización de 34.644 euros por las lesiones causadas. Los hechos ocurrieron cuando el acusado, afectado por trastornos mentales y consumo de drogas, atacó a Leopoldo tras una disputa relacionada con una moto. La sentencia es firme y se basa en pruebas documentales y testimoniales que corroboran los hechos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado la absolución de un 'petaquero' y lo ha condenado a doce años de prisión por tenencia ilegal y transporte de gasolina. La sentencia, fechada el 15 de enero, considera que la posesión de 1.300 litros de gasolina en condiciones peligrosas constituye un delito tipificado en el artículo 568 del Código Penal. El TSJA estima que la conducta del acusado, quien ya contaba con antecedentes penales, representa un grave riesgo para la seguridad pública. Además, se impone una multa de 180.000 euros. Esta decisión responde a un recurso presentado por la Fiscalía tras una condena anterior menos severa por delitos relacionados con la salud pública y contrabando.
Julio Iglesias ha elegido a José Antonio Choclán como su abogado en caso de que la Audiencia Nacional abra una investigación tras las denuncias de dos mujeres por presunta agresión sexual en sus mansiones del Caribe. Choclán, conocido por defender a figuras públicas en casos de gran relevancia, ha trabajado con personalidades como Cristiano Ronaldo y Cristina Cifuentes. Las denunciantes relatan un ambiente de control y acoso, describiendo experiencias traumáticas durante su trabajo para el artista. La investigación, que se ha prolongado durante tres años, podría resultar en penas de hasta 20 años de prisión en República Dominicana si se confirman los hechos.
Expertos de la ONU han exigido al gobierno mexicano respuestas sobre la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes desaparecieron hace tres años en Colima. En un comunicado, los relatoras subrayaron la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables, destacando el efecto amedrentador que estas desapariciones tienen sobre quienes defienden los derechos humanos. La situación se agrava en el contexto de un conflicto minero relacionado con la empresa Ternium, que debe colaborar con las investigaciones. Los expertos instaron a garantizar un entorno seguro para los defensores y a que tanto el Estado como las empresas respeten los derechos humanos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado la excarcelación de un "número significativo" de presos políticos, que incluye a seis ciudadanos españoles. Esta medida se produce en un contexto de creciente atención internacional hacia la situación de los derechos humanos en el país. La noticia se ha difundido ampliamente y marca un posible cambio en la política del gobierno venezolano respecto a la liberación de prisioneros.
Venezuela ha confirmado que está negociando con Estados Unidos la venta de petróleo, con el objetivo de exportar entre 35 y 50 millones de barriles de crudo. Marco Rubio ha declarado que los ingresos generados por esta operación serán gestionados por Washington para beneficiar al pueblo venezolano. Este desarrollo se enmarca en un contexto de tensiones entre ambos países, donde Maduro denuncia agresiones militares por parte de EE.UU.
Agentes de la Ertzaintza detuvieron en Pasaia a un hombre de 36 años por tráfico de drogas, tras encontrarle diversas cantidades de cocaína, marihuana y hachís. El arresto se produjo mientras los agentes intentaban ejecutar una orden judicial pendiente. Durante el registro, se hallaron más sustancias en su domicilio, incluyendo 70 gramos de cocaína y más de 600 gramos de marihuana. El detenido, con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición judicial.
Expertos en derechos humanos de la ONU han condenado la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, señalando que estas acciones violan el derecho internacional y podrían desestabilizar la región. En su declaración, los expertos destacan el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro como ejemplos de un uso no provocado de la fuerza, lo que contraviene la Carta de la ONU. Además, advierten sobre el riesgo de normalizar la anarquía en las relaciones internacionales y subrayan que el futuro de Venezuela debe ser determinado por su pueblo sin coerción externa. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar para detener estas violaciones y mantener el orden legal internacional.
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