EL CASO HISPANO

La Policía Nacional ha evitado un asesinato en Málaga al arrestar a seis personas vinculadas a una organización criminal de origen sueco. Dos de los detenidos, uno de ellos menor de edad, llegaron a España con el propósito de cometer el crimen. Los arrestos se produjeron tras una colaboración internacional con EUROPOL y la Policía Sueca, logrando localizar a los sospechosos en 48 horas mientras se dirigían al paseo marítimo en un patinete eléctrico. Durante las operaciones se encontraron varias armas de fuego, teléfonos móviles y documentación relacionada con actividades delictivas. Los detenidos enfrentan cargos por conspiración para asesinato y pertenencia a organización criminal.

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien había sido condenado a doce años de prisión domiciliaria por sobornos. La decisión anula la sentencia de la jueza que impuso la pena y ampara el derecho fundamental a la libertad individual de Uribe. Este fallo se produce en medio de un proceso judicial que comenzó hace trece años, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos. La defensa argumentó que la detención inmediata era injustificada y vulneraba derechos fundamentales. El caso sigue en apelación, con una resolución pendiente por parte del tribunal antes del 16 de octubre.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Alicante dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas y a la extorsión de sus clientes. La operación resultó en la detención de nueve personas, incluidos los líderes del grupo. Las víctimas eran obligadas a prostituirse en un piso, mientras que los extorsionadores amenazaban a los clientes con revelar su consumo de servicios sexuales, exigiendo pagos de hasta 3.000 euros. La investigación se inició tras alertas anónimas sobre el funcionamiento del prostíbulo y la venta de drogas en el mismo lugar.

La situación en Haití se ha deteriorado gravemente, con más de 1,3 millones de personas desplazadas y la mitad de la población sufriendo hambre. Las pandillas armadas han aumentado su control, mientras que grupos de autodefensa operan como entidades similares a las propias pandillas. Según William O’Neill, experto de la ONU en derechos humanos, el país se asemeja al "Lejano Oeste", donde la desesperación y la impunidad son moneda corriente. A pesar del caos, O’Neill mantiene la esperanza de que un compromiso internacional podría cambiar el rumbo de Haití. La violencia y la falta de opciones han llevado a muchos jóvenes a unirse a estas organizaciones criminales en busca de supervivencia.

Perú ha promulgado una controvertida ley de amnistía que otorga inmunidad a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Esta legislación, firmada por la presidenta Dina Boluarte, permite la liberación de condenados mayores de 70 años y ha sido criticada por el Alto Comisionado de la ONU, quien advierte que contraviene normas internacionales. La ley podría afectar cientos de casos judiciales relacionados con crímenes graves, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que dejaron más de 70.000 muertos y 20.000 desaparecidos en Perú. La ONU insta a revertir esta medida para avanzar en la justicia y reconciliación del país.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Badajoz que explotaba sexualmente a mujeres de origen latinoamericano. Se han liberado a tres víctimas y se han detenido a seis personas, dos de las cuales están en prisión provisional. Las víctimas eran captadas bajo falsas promesas de empleo y retenidas en condiciones de explotación, sufriendo agresiones físicas y sexuales. Durante la operación se incautaron 5.874 euros, vehículos, armas y drogas. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima y reveló un entramado con roles definidos para la gestión del negocio y la captación de mujeres.

Donald Trump habría firmado una orden secreta que autoriza al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de narcotráfico en América Latina, según informes de 'The New York Times'. Esta medida permitiría operaciones militares directas y unilaterales en el extranjero, marcando un enfoque más agresivo en la lucha contra estas organizaciones, que han sido catalogadas como terroristas por Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca evalúa las implicaciones legales de esta acción, especialmente en relación con posibles muertes de civiles o delincuentes no amenazantes. La decisión se inscribe en el contexto de la lucha contra el tráfico de fentanilo, producido principalmente por cárteles mexicanos. Además, se han incrementado los vuelos de drones sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, aunque sin autorización para usar fuerza letal.

Colombia: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha facilitado la liberación de una persona en Putumayo, quien se encontraba bajo el control de los Comando de la Frontera – EB. Esta operación humanitaria se llevó a cabo en una zona rural y forma parte del trabajo del CICR como intermediario neutral, buscando restablecer el contacto entre familiares separados por conflictos armados. Stefania Summermatter, jefa de la subdelegación del CICR en Florencia, destacó la importancia de mantener el acceso humanitario para poder asistir a las comunidades afectadas por la violencia.

Desarticulada una red criminal en Gandía dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a seis mujeres, mayoritariamente colombianas, que eran captadas con falsas promesas de empleo en la prostitución. La organización controlaba estrictamente a las víctimas, obligándolas a trabajar sin descanso y bajo amenazas. Se han detenido a siete personas y se han incautado diversos bienes, incluyendo dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Esta operación se enmarca en una investigación más amplia sobre redes de explotación sexual en España.

Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ha expresado sus esperanzas de ganar la apelación presentada por su defensa. Tras dos años en prisión, Sancho confía en que se haga justicia y se revele la verdad, argumentando que fue juzgado injustamente. Su abogado sostiene que la investigación inicial estuvo plagada de errores y corrupción. Mientras espera la resolución del recurso, Sancho mantiene contacto con familiares y amigos y se dedica a escribir sus memorias en una celda individual dentro de una prisión masificada.