El reciente veredicto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha marcado un hito significativo en el ámbito de la justicia transicional. Este miércoles, siete exmiembros del secretariado de las FARC-EP fueron condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad que incluyen más de 20,000 secuestros, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó este fallo como un “hito crucial en el camino hacia la rendición de cuentas”. Según Türk, “tras décadas de atrocidades, estas condenas representan un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”.
Opciones para los acusados
El tribunal, establecido bajo el Acuerdo de Paz firmado en 2016, ofreció a los acusados dos alternativas: negar los delitos o reconocerlos. Los siete condenados eligieron la “ruta de reconocimiento”, que no implica prisión pero sí restricciones de movimiento y la obligación de participar en labores de justicia restaurativa. Estas actividades incluyen el desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y proyectos relacionados con la memoria histórica.
Türk también subrayó que ahora es responsabilidad del Gobierno garantizar las condiciones legales, presupuestarias y de seguridad necesarias para implementar efectivamente estas sanciones.
Aprobación internacional
El Secretario General de la ONU expresó su satisfacción por estas primeras sentencias restaurativas, considerándolas un “hito histórico en la implementación del Acuerdo Final de Paz”. Destacó que son un paso clave para los mecanismos de justicia transicional establecidos en el pacto, destinados a promover la verdad y asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves.
La ONU enfatizó que estas decisiones deben traducirse en acciones concretas, instando a los sancionados a cumplir con sus compromisos y solicitando a las autoridades colombianas que aseguren las condiciones necesarias para su ejecución.
Un enfoque reparador
El modelo colombiano se distingue por su enfoque reparador. No se trata solo de castigar a los culpables, sino también de reconstruir el tejido social. Los condenados deberán participar activamente en trabajos que reparen simbólica y materialmente el daño causado, dando prioridad a la voz y participación de las víctimas durante todo el proceso.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha brindado apoyo técnico durante las investigaciones, asegurando así la protección y derechos tanto de víctimas como testigos, tal como estipula el acuerdo de paz.
Retos persistentes
A pesar del impacto positivo del fallo, Türk advirtió que Colombia “sigue afectada por conflictos armados” y que las violaciones a los derechos humanos están aumentando. Se reportan asesinatos continuos de defensores, reclutamiento forzado de menores por grupos armados no estatales y una violencia desproporcionada hacia comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres.
La JEP anticipa emitir pronto un fallo sobre los conocidos “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes estatales. Esta decisión representará otro avance significativo en el camino hacia la rendición de cuentas.
A medida que Colombia navega entre su pasado violento y una paz aún frágil, el mundo observa atentamente si este importante hito judicial se traduce en una paz tangible para las víctimas.
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