La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Oñati, ha detenido a un hombre de 51 años por un intento de agresión sexual ocurrido el 17 de abril. La víctima, que se encontraba en su vehículo estacionado en la zona universitaria, logró escapar tras ser abordada por el atacante. Al solicitar ayuda a un viandante, el agresor huyó del lugar. Tras recibir atención médica, se inició una investigación que culminó con la detención del sospechoso, quien fue presentado ante el Juzgado de Bergara.
El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha denegado el régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y a Juan Ramón Carasatorre, ambos miembros de ETA. Esta decisión implica su reingreso en prisión. El magistrado también ha propuesto modificar la normativa penitenciaria para evitar situaciones que generen falsas expectativas en los internos y desasosiego en las víctimas. 'Anboto' fue condenada por delitos graves, incluyendo 10 asesinatos, y su cumplimiento total de pena no se espera hasta septiembre de 2034.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena de 33 años de prisión a Erick Jordy M. B., miembro de la banda Trinitarios, por intentar asesinar a machetazos a tres integrantes de la banda Dominican Don’t Play en un ataque premeditado frente a la discoteca Fénix. El agresor, junto a otros cómplices, atacó a las víctimas con machetes, dejando a uno de ellos gravemente herido. La sentencia también incluye indemnizaciones para los afectados y medidas de prohibición de acercamiento. La defensa del condenado no logró desvirtuar las pruebas que lo incriminan. Esta resolución permite recurso ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un profesor a dos años de prisión por un delito de agresión sexual a un menor de 16 años. El tribunal determinó que el docente tocó inapropiadamente la zona genital de un alumno durante una clase. Además, se le impone una inhabilitación de siete años para cualquier actividad relacionada con menores y cinco años de libertad vigilada, así como el pago de 700 euros en indemnización por daños morales. La sentencia destaca la credibilidad del testimonio del menor y excluye la posibilidad de que los hechos fueran accidentales. Esta decisión es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
María Dolores de Cospedal ha quedado finalmente fuera del caso Kitchen, según la decisión del Tribunal que ha seguido la petición de la Fiscalía. A pesar de los audios que la vinculan con Villarejo, no será investigada. El tribunal también rechazó la solicitud del PSOE de suspender el juicio y reabrir la causa contra ella, argumentando que ya se archivó en su momento. Además, se desestimó incluir al PP como partícipe lucrativo en el caso, dado que no hay delitos patrimoniales implicados. La presidenta del tribunal destacó la necesidad de avanzar con el juicio, que aborda hechos ocurridos en 2013 y cuya investigación comenzó en 2018.
La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a tres hombres por delitos de lesiones y amenazas tras un altercado en un bar. Mateo recibirá seis años y medio de prisión, Jorge dos años y Ildefonso una multa de 180 euros. Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2023, cuando Mateo golpeó a Ildefonso con un vaso, causando una grave lesión ocular. Durante la pelea, también se produjo una agresión que afectó a una menor presente en el lugar. Además, se impone una indemnización total de más de 214.000 euros por daños. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad archivar cuatro diligencias informativas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Las quejas, que incluían preocupaciones sobre su actuación en un caso relacionado con la esposa del presidente del Gobierno y supuestas irregularidades personales, fueron desestimadas al considerar que no afectaban su función jurisdiccional. Además, se devolvieron otras diligencias para completar la investigación sobre quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños. La Comisión también retiró del orden del día una denuncia relacionada con la prórroga de una instrucción por parte de Peinado.
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El Tribunal Supremo ha condenado a 30 años de prisión al timonel de un velero que embistió una embarcación de Vigilancia Aduanera, causando la muerte de un agente. El timonel, que transportaba cocaína, fue inicialmente sentenciado a 27 años, pero la pena se elevó a 37 años por piratería. El Supremo confirmó la condena, argumentando que el ataque comprometió gravemente la seguridad de la navegación marítima. Finalmente, se impuso una pena única de 20 años por homicidio y piratería, más 10 años por tráfico de drogas. También se ratificaron las penas para otros dos tripulantes del velero.
Se han detectado mensajes fraudulentos que suplantan a miembros del personal de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estos engaños utilizan el logo y los datos de contacto de la EPPO y otras organizaciones de la UE. Se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos ante cualquier mensaje no solicitado, verificar siempre la información y no compartir datos personales ni realizar pagos. La EPPO se comunica principalmente a través de canales oficiales y no contacta a los ciudadanos sin una solicitud previa. Si se reciben mensajes sospechosos, es crucial eliminarlos y reportar cualquier actividad dudosa a las autoridades correspondientes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una nueva investigación en Polonia sobre posibles irregularidades en el programa "Czyste Powietrze" (Clean Air Programme). Esta investigación, que involucra registros en instituciones públicas a nivel nacional y provincial, busca determinar si hubo actividades ilegales que permitieron a contratistas deshonestos obtener fondos fraudulentamente, perjudicando a miles de beneficiarios. El programa, cofinanciado por la Agencia Europea CINEA, tiene como objetivo financiar la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes y mejorar la eficiencia energética en viviendas. La EPPO cuenta con el apoyo de la Central Anticorrupción y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en esta indagación.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena a 11 años de prisión para dos vecinos de Tenerife por intento de asesinato tras una violenta agresión a un desokupador en Arona. La sentencia ratifica además la inhabilitación absoluta y la prohibición de acercarse a la víctima, así como una indemnización total que asciende a 251.000 euros. Los acusados atacaron sorpresivamente a la víctima, causando lesiones graves y poniendo en riesgo su vida. El tribunal desestimó los recursos de apelación, considerando suficiente la prueba presentada y reafirmando el ánimo homicida y la alevosía del ataque.
El Tribunal de Instancia de Ourense ha decidido archivar la causa contra el alcalde por la compra de material de grabación, incluyendo dos cámaras valoradas en 8.698 euros, presuntamente para usos privados. La decisión se basa en que la adquisición de este equipo técnico para grabar eventos relacionados con el Ayuntamiento no constituye un delito. El juez argumenta que es razonable que el consistorio cuente con los recursos necesarios para documentar actos públicos y que cualquier posible favoritismo hacia una televisión del alcalde debe ser discutido en el pleno municipal, no en el ámbito penal. La resolución aún puede ser objeto de recurso.
El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la fundación Abogados Cristianos, que intentaban obligar a Noelia a someterse a un tratamiento psicológico para dilatar su eutanasia. La jueza argumentó que la capacidad de Noelia para tomar decisiones ya había sido evaluada en instancias administrativas y judiciales. A pesar de los intentos de su padre, quien se opone a su decisión de optar por una muerte digna, los tribunales han respaldado el derecho de Noelia a recibir la eutanasia, programada para este jueves.
La jueza de la DANA ha citado a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La decisión se basa en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que excluye su responsabilidad en relación con la gestión del desastre. La declaración se llevará a cabo una vez que el auto adquiera firmeza y se le solicitarán los mensajes y llamadas del 29 de octubre de 2024. Además, se han acordado declaraciones de otros funcionarios y se requiere a una asociación que deposite una fianza para ejercer la acusación popular.
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