Entre abril y septiembre de 2025, los juzgados y tribunales españoles procesaron a 47 personas físicas por delitos de corrupción, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Durante este periodo, se concluyeron 10 procedimientos judiciales que resultaron en la apertura de juicio oral para un total de 54 acusados, incluyendo 7 entidades jurídicas. En el segundo trimestre se dictaron 19 sentencias, mientras que en el tercero se emitieron 15, con un porcentaje de condenas del 79,4%. La información refleja la lucha contra la corrupción pública, abarcando delitos como prevaricación y malversación.
El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha confirmado la expulsión de un ciudadano senegalés por su reiterado comportamiento delictivo, considerándolo una amenaza grave para el orden público. La decisión se basa en dos condenas por robo con violencia y antecedentes penales, así como la falta de arraigo laboral, familiar y social. Aunque el individuo había tenido un pasado laboral, dejó de cotizar en 2008 y no presenta circunstancias que justifiquen su permanencia en el país. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a un año y once meses de prisión por estafa agravada a un hombre que se quedó con 6.000 euros que su amiga le prestó para invertir en un negocio de compraventa de bicicletas. La sentencia ratifica también una indemnización de 3.950 euros y una multa de 1.440 euros. El acusado, quien ya tenía antecedentes por estafas similares, había prometido beneficios rápidos pero no realizó ninguna inversión real. Aunque ha devuelto parte del dinero, la sala considera que actuó con dolo al crear una falsa ilusión de negocio. La decisión aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por José Luis Ábalos y ha confirmado la apertura de una pieza separada sobre amaños en adjudicaciones de obras públicas. La Sala de Apelaciones considera que los argumentos de la defensa no tienen fundamento y que hay nuevos indicios de criminalidad contra Ábalos. Esta decisión se basa en la necesidad de reducir la complejidad del proceso y facilitar su tramitación. La investigación, que también involucra a Santos Cerdán y directivos de Acciona, podría prolongarse debido a las solicitudes de testimonios y documentación.
El padre de una de las menores halladas muertas en Jaén sostiene que se trata de un "homicidio disfrazado" y no un suicidio, como sugieren las autoridades. Álex, el padre, menciona la posibilidad de "terceras manos" involucradas y expresa su desconfianza hacia la hipótesis oficial. Asegura que su hija era feliz y nunca mostró signos de querer quitarse la vida. La madre también duda del suicidio y relata cómo fue la última vez que habló con su hija antes de su desaparición. Ambos padres piden justicia y prometen que no dejarán el caso sin resolver.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por abuso sexual continuado a su nieta, quien sufrió tocamientos en sus partes íntimas durante seis años. Además de la pena de cárcel, se le impone una indemnización de 15.000 euros y se le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella. Los abusos comenzaron cuando la niña tenía solo 4 años y finalizaron cuando cumplió 10, tras lo cual la menor denunció los hechos al tomar conciencia del abuso a través de una actividad escolar. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a 11 años y medio de prisión por intentar asesinar a su pareja en su hogar. El tribunal consideró la agravante de parentesco y le impuso una indemnización de 41.836 euros a la víctima, quien logró sobrevivir gracias a la rápida intervención médica tras ser apuñalada. La sentencia también incluye la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y su hijo menor durante 20 años, así como la privación de la patria potestad sobre sus tres hijos comunes. Aunque el acusado fue absuelto de otros cargos relacionados con violencia de género, la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el TSXG.
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar a un abogado por una posible falta a la buena fe procesal, tras presentar un recurso de apelación que incluía citas de jurisprudencia y documentos supuestamente generados por inteligencia artificial. En el contexto de un caso de agresión sexual en Tenerife, la Sala de lo Penal detectó referencias a sentencias inexistentes y un informe del Consejo General del Poder Judicial que tampoco se ha podido verificar. La conducta del letrado sugiere negligencia al no comprobar la veracidad de las citas, lo que podría resultar en sanciones tanto legales como disciplinarias. El TSJC ha ordenado la formación de una pieza separada para depurar responsabilidades.
La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer a tres años y un día de prisión por abusar sexualmente de un menor de doce años en su vivienda. La sentencia incluye una indemnización de 9.000 euros para la víctima por daños morales. Los abusos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2020, aprovechando la ausencia nocturna de la madre del menor. La acusada fue hallada culpable de un delito continuado de abuso sexual con penetración, y se le impone además la prohibición de acercarse al menor durante cuatro años, libertad vigilada y una inhabilitación especial para trabajar con menores. La declaración del joven fue clave para la condena, corroborada por informes psicológicos que confirmaron su veracidad y vulnerabilidad.
Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirector sociosanitario de la Comunidad de Madrid, ha declarado en los juzgados que los 'protocolos de la vergüenza' eran discriminatorios y que advirtió al exdirector Carlos Mur sobre esta situación. En su testimonio, Peromingo mencionó que recibió una respuesta de Mur indicando que los protocolos estaban en proceso de modelado, lo que llevó a múltiples modificaciones. La ausencia de Mur y Pablo Busca, otros exaltos cargos implicados, ha generado críticas por parte de las familias afectadas, quienes exigen justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la pandemia. Las acusaciones han anunciado su intención de solicitar órdenes de búsqueda contra ambos.
La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una pareja a 42 años de prisión por liderar una red de trata con fines de explotación sexual. La pareja fue hallada culpable de explotar a siete mujeres traídas desde Colombia, quienes llegaban a España bajo la promesa de empleo y se enfrentaban a deudas inabordables. Las víctimas, en condiciones de vulnerabilidad, eran obligadas a prostituirse en un piso controlado por los acusados. Además de la pena privativa de libertad, deberán indemnizar a las víctimas y cumplir con libertad vigilada tras su condena. La sentencia aún no es firme y puede ser apelada.
La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a un hombre a 5 años de prisión por agresión sexual a su hijastra de 10 años, a quien realizó tocamientos en agosto de 2023 en Pamplona. La sentencia establece que el acusado no podrá acercarse a la víctima durante 10 años y deberá indemnizarla con 8.000 euros por daño moral. Aunque la fiscalía solicitó penas más severas, el tribunal consideró probado el delito sin penetración y absolvió al encausado de otros cargos. La menor presentó síntomas ansioso-depresivos tras los hechos, y el tribunal destacó la credibilidad de su testimonio, respaldado por pruebas genéticas.
América Latina y el Caribe han registrado casi 20,000 feminicidios en los últimos cinco años, lo que equivale a 11 muertes violentas de mujeres cada día. En 2024, se reportaron al menos 3,828 feminicidios, la mayoría perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Además, se documentaron más de 5,500 feminicidios frustrados, lo que resalta la necesidad de mejorar los sistemas de alerta y la respuesta institucional para prevenir la violencia. Estos datos fueron publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La Audiencia de Navarra ha condenado a una empleada del hogar a 2 años de prisión por estafar 5.294 euros a la mujer a la que cuidaba en Pamplona. La acusada, originaria de Bolivia, abusó de la confianza depositada en ella para realizar compras en establecimientos donde tenía cuentas abiertas, incluyendo una farmacia, utilizando el dinero de su empleadora para fines personales. Aunque inicialmente se solicitó una pena de 6 años, se llegó a un acuerdo que redujo la condena y le obliga a reintegrar la cantidad estafada. La pena se suspenderá durante 5 años si cumple con condiciones específicas.
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