Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato a tiros de otra persona en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que argumentaba una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El jurado popular consideró probados los hechos, incluyendo la premeditación y el uso ilegal de armas. Además, el condenado deberá indemnizar a la familia de la víctima con más de 269.000 euros. Esta decisión aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Un ertzaina fuera de servicio detuvo a un ladrón en Bilbao tras un robo en una joyería. El incidente ocurrió en el barrio de Deusto, donde el agente escuchó gritos y encontró al sospechoso con una bolsa llena de relojes y dinero. La policía arrestó al hombre de 62 años, quien tenía antecedentes penales, y fue puesto a disposición judicial. Este suceso resalta la rápida intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones delictivas.

El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.

El tercer trimestre de 2024 muestra una disminución en los casos de violencia de género en España, con un total de 53.147 denuncias, un 0,62 % menos que el año anterior, y 48.725 víctimas, lo que representa una reducción del 6,57 %. El informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género destaca también una baja en las órdenes de protección solicitadas y adoptadas. A pesar de estos descensos, el porcentaje de sentencias condenatorias se mantiene alto, alcanzando el 82,80 %. Este análisis sugiere un progreso en la respuesta judicial ante la violencia machista y una mayor disposición de las víctimas a denunciar.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena de cinco años de prisión a un hombre de 22 años por agredir y retener a su expareja, incumpliendo una orden de alejamiento. El joven fue hallado culpable de quebrantamiento de medida cautelar, detención ilegal y lesiones leves en el contexto de violencia de género. Los hechos ocurrieron tras la prohibición judicial de acercarse a la víctima, quien fue forzada a entrar en un vehículo y golpeada. La sentencia también incluye una indemnización de 2.000 euros a la víctima.

La jueza del Juzgado de Menores número 1 de Huelva ha dictado una sentencia que impone siete años de internamiento en régimen cerrado a un menor acusado de asesinar a un hombre de 77 años en Rociana del Condado. La víctima había sido condenada por el asesinato del padre del joven. La magistrada considera al menor culpable de asesinato y obstrucción a la Justicia, destacando que actuó en venganza por la muerte de su progenitor. Además, deberá indemnizar a la familia de la víctima con más de 270.000 euros. La decisión se basa en pruebas como vídeos de la agresión y testimonios, mientras que la defensa argumentó una capacidad mermada del menor debido al duelo.

Durante el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos relacionados con delitos de corrupción. De estas, 18 eran individuos y cuatro entidades. Este dato proviene del repositorio del Consejo General del Poder Judicial, que también reporta que se dictaron 12 sentencias en este ámbito, con un 58.3% de fallos condenatorios. La información es accesible al público y busca aumentar la transparencia sobre la lucha contra la corrupción en España. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/los-organos-judiciales-espanoles-procesaron-a-22-personas-fisicas-y-juridicas-en-5-procedimientos-por-delitos-de-corrupcion-en-el-tercer-trimestre-de-2024/.

En una investigación del Fiscal Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres personas han sido condenadas por su participación en una organización criminal que vendía cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Esta operación, conocida como 'Cheap Ink', ha revelado un fraude masivo con ganancias estimadas en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión a los condenados. La investigación ha involucrado a más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. El EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE, ha logrado desmantelar esta red criminal mediante un modelo operativo eficiente y coordinado.

Un juzgado de Jerez de la Frontera, Cádiz, ha condenado al cantaor de flamenco Ramón J.S., conocido como Diego 'El Cigala', a dos años y un mes de prisión por malos tratos hacia su exmujer. La sentencia incluye penas por agresiones en diferentes lugares, así como medidas de alejamiento y localización permanente. La magistrada destacó la gravedad de los hechos, que ocurrieron en presencia de sus hijos, y consideró la declaración de la víctima como clara y coherente. Aunque se solicitó una indemnización, el tribunal no hizo pronunciamiento al respecto debido a la falta de pruebas sobre secuelas psicológicas. La sentencia aún puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que la incapacidad temporal de un trabajador que visionaba contenidos extremos es un accidente laboral, desestimando la alegación de la empresa que lo consideraba una enfermedad común. La Sala Social determinó que la exposición constante a imágenes traumáticas fue la causa directa del trastorno psíquico del empleado, quien no tenía antecedentes de problemas psicológicos previos. Este fallo subraya el impacto emocional y psicológico que enfrentan los moderadores de contenido al lidiar con material altamente sensible, como violencia extrema y suicidios. La sentencia confirma que el estrés laboral fue el desencadenante de su baja médica.

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones relacionadas con las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017. La resolución indica que no se han encontrado indicios suficientes para justificar la implicación de los investigados, a excepción de dos casos en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que serán objeto de un sobreseimiento provisional. El auto, que consta de 164 páginas, aún no es firme y puede ser recurrido. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Fiscalía del País Vasco por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 3 años y 6 meses de prisión para un hombre que agredió a su compañero de trabajo con una raedera metálica, causándole lesiones graves. La sentencia incluye una indemnización de 43,431 euros a la víctima por las secuelas sufridas. La agresión ocurrió durante una discusión laboral en mayo de 2023, donde el acusado golpeó a la víctima en la cabeza, resultando en un traumatismo craneal que requirió cirugía. A pesar de los intentos de apelación por parte del acusado y la acusación particular, el tribunal ratificó la calificación como delito de lesiones agravadas y desestimó argumentos sobre atenuantes o intento de homicidio.

El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus condiciones psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal desestimó esta solicitud, afirmando que la competencia judicial se basa en las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, corresponde a la Audiencia Nacional juzgar el caso. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.