El Tribunal Supremo de Brasil ha declarado culpable al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Con una mayoría de tres votos, el tribunal ha condenado a Bolsonaro por diversos delitos, incluyendo la abolición violenta del estado democrático y organización criminal, lo que podría llevarlo a enfrentar hasta 43 años de prisión. La magistrada Cármen Lúcia destacó la gravedad de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando se intentó desestabilizar el gobierno. Además, otros siete implicados en la trama también han sido condenados. Aún falta el voto final del presidente de la sala, Cristiano Zanin, para confirmar el resultado del juicio.
El Tribunal Supremo de España ha decidido archivar la querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. La querella acusaba a Conde-Pumpido de presuntos delitos de prevaricación judicial y cohecho por no abstenerse en las deliberaciones sobre los recursos de inconstitucionalidad relacionados con la Ley de Amnistía. La Sala de lo Penal ha determinado que no existen indicios suficientes de delito en los hechos expuestos.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a Moncloa todos los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, desde 2018. Esta petición se enmarca en una investigación sobre un posible delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizará estas comunicaciones. Además, Peinado ha adelantado la citación de Gómez al 10 de septiembre y también se espera que Álvarez declare como investigada. Este caso ha generado controversia, incluyendo la declaración del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien fue testigo en el proceso. A lo largo de la investigación, a Gómez se le han imputado varios delitos, incluyendo tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Dos sospechosos fueron arrestados en Italia y se congelaron fondos por un total de 5 millones de euros en una investigación sobre el uso fraudulento de fondos destinados a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó estas acciones, que se llevaron a cabo por la Guardia di Finanza en varias ciudades italianas. Las empresas implicadas habrían recibido fraudulentamente estos fondos entre junio de 2021 y octubre de 2024, utilizando documentación falsa. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en varios Estados miembros de la UE para su blanqueo. Algunos sospechosos ya estaban relacionados con otros casos de fraude investigados por la EPPO.
Tres individuos y tres empresas han sido condenados en Chequia por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con fondos de investigación sobre nanobots. La sentencia fue emitida por el Tribunal Regional de Praga tras una investigación del Fiscal Público Europeo. Los acusados presentaron solicitudes de financiación sin intención de llevar a cabo los proyectos, utilizando documentación falsa para justificar las subvenciones. El principal condenado recibió ocho años de prisión y se le prohibió gestionar empresas durante siete años. Además, se ordenó la confiscación de activos, incluyendo una colección de trenes en miniatura valorada en 600,000 euros.
Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ha expresado sus esperanzas de ganar la apelación presentada por su defensa. Tras dos años en prisión, Sancho confía en que se haga justicia y se revele la verdad, argumentando que fue juzgado injustamente. Su abogado sostiene que la investigación inicial estuvo plagada de errores y corrupción. Mientras espera la resolución del recurso, Sancho mantiene contacto con familiares y amigos y se dedica a escribir sus memorias en una celda individual dentro de una prisión masificada.
El Fiscal Europeo ha presentado cargos contra el alcalde de Šiauliai, Lituania, y dos cómplices por intento de fraude relacionado con un proyecto de modernización del alumbrado público financiado por la UE, valorado en más de 1.7 millones de euros. Se les acusa de abuso de poder y manipulación del procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa específica. Además, el alcalde está acusado de influir ilegalmente en un testigo durante la investigación. Si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión.
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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado una condena de 20 años y medio de prisión a un hombre por maltratar y agredir sexualmente al hijo menor de su pareja, quien tenía entre 6 y 7 años en el momento de los hechos. Además, se ha ratificado la pena de 1 año y 9 meses impuesta a la madre del menor por maltrato habitual por omisión. El tribunal desestimó los recursos presentados por ambos acusados, afirmando que existía suficiente prueba que justificaba las condenas. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Una exministra croata ha sido condenado a siete meses de prisión por abuso de poder y autoridad. La sentencia fue dictada por el Tribunal del Condado de Zagreb, tras comprobar que entre mayo de 2017 y julio de 2019 utilizó fondos públicos para cubrir gastos personales en restaurantes, lo que le generó un beneficio ilícito de 9.732,35 euros. Esta cantidad afectó los intereses financieros de la Unión Europea y de Croacia. La condena se produjo como resultado de un acuerdo de culpabilidad, en el cual la exministra también reembolsó el monto total durante la investigación.
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Andalucía realizaron 4.645 autopsias en 2024, revelando 834 suicidios y más de 50 homicidios. Además, los forenses atendieron a 893 personas para esclarecer delitos contra la libertad sexual. La actividad de los IMLCF no se limita a autopsias, ya que también emiten informes psicosociales para juzgados de familia y valoran daños por violencia de género. En un esfuerzo por optimizar recursos, se firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Salud para agilizar certificados de defunción en muertes naturales, reduciendo así autopsias innecesarias.
La Audiencia de Navarra ha decidido que un octogenario encarcelado por la muerte de su mujer en Zizur Mayor cumpla su prisión provisional en un domicilio designado por sus hijos. Esta medida, que incluye un sistema de supervisión telemática, se toma tras evaluar el deterioro cognitivo del acusado y considerar que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga. La decisión se basa en un dictamen neurológico que indica que el investigado es vulnerable e incapaz de tomar decisiones. La resolución judicial no permite recurso y la valoración final sobre si se trató de un asesinato o una muerte accidental se realizará una vez se analicen las pruebas pertinentes.
Un hombre de 44 años ha sido detenido en Benacazón, Sevilla, tras amenazar con un arma de fuego a su expareja en plena calle. El individuo, que estaba prófugo con siete órdenes de detención pendientes, intentó eludir a la Guardia Civil cambiando su apariencia y utilizando documentación falsa. La víctima, acompañada de su hija menor, logró escapar gracias a la intervención de una vecina. La Guardia Civil estableció un operativo para localizar al sospechoso, quien intentó huir por las azoteas antes de ser capturado. Se le imputan delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas, y ha ingresado en prisión tras su detención.
La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un hombre a siete años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en un hotel de s’Arenal, Palma, en agosto de 2023. La sentencia prohíbe al agresor acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante once años y le impone una indemnización de 13.215 euros por daños morales y lesiones. Los magistrados han determinado que los hechos probados evidencian la falta de consentimiento por parte de la víctima, quien solicitó en varias ocasiones que el acusado detuviera su ataque. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
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