Justicia

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.

La Guardia Civil ha reabierto el caso del asesinato de Míriam Vallejo, una joven de 25 años apuñalada en 2019 en Meco. Tras seis años y medio, se llevará a cabo una nueva reconstrucción de los hechos para revisar posibles líneas de investigación que no fueron exploradas anteriormente. Inicialmente, la investigación se centró en Sergio Sáez, compañero de piso de la víctima, pero fue liberado por falta de pruebas. La reactivación del caso busca esclarecer detalles que podrían haber sido pasados por alto y abordar errores en la investigación inicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 9 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su hija de 15 años. La sentencia, ratificada por la Sala de lo Civil y Penal, incluye una indemnización de 10.000 euros para la víctima y prohíbe al condenado acercarse a ella durante 10 años. Los hechos ocurrieron en el hogar familiar, donde el padre realizó tocamientos inapropiados y llevó a cabo agresiones sexuales. La declaración de la menor fue considerada creíble y corroborada por testimonios y pruebas psicológicas, a pesar de la negativa de la madre a creer en las acusaciones.

El número de denuncias por violencia de género en España durante el primer trimestre de 2025 ha aumentado un 4,28% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 47.865 denuncias. A pesar de este incremento, el número de mujeres que se identificaron como víctimas se mantuvo casi estable, con un ligero aumento del 0,04%. El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género también revela una disminución del 5,94% en las órdenes de protección acordadas. La mayoría de las denuncias provienen de mujeres españolas (61,91%), y el porcentaje de condenas en sentencias dictadas es del 81,42%. Estos datos subrayan la necesidad de atención y apoyo a las víctimas en un contexto donde muchas renuncian a declarar contra sus agresores.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluido un exfuncionario público de Croacia, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. Se les acusa de inflar el tamaño de sus granjas familiares para obtener indebidamente aproximadamente 77,000 euros del Fondo Agrícola Europeo. Durante la investigación, se reveló que el exfuncionario utilizó las credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos en el sistema. Hasta ahora, los acusados han devuelto parte del dinero defraudado. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales croatas.

El Gobierno de España reafirma su compromiso con la protección de menores víctimas de violencia sexual mediante la creación de una justicia especializada y coordinada. A través de iniciativas legislativas y el modelo Barnahus, que integra a diversos profesionales en un entorno seguro, se busca evitar la revictimización y garantizar una respuesta rápida centrada en el interés del menor. Recientemente, se llevó a cabo la tercera reunión interautonómica del proyecto en colaboración con instituciones europeas, donde se compartieron buenas prácticas y se revisaron avances en la implementación del modelo. Además, se han creado nuevas Secciones especializadas en Violencia contra la Infancia en varios tribunales para mejorar la atención judicial a estas víctimas.

La icónica prisión de Alcatraz en California ha recibido luz verde para su reapertura, tras una visita de autoridades federales lideradas por Pam Bondi y Doug Burgum. Esta decisión sigue a una orden del expresidente Donald Trump, quien busca transformar Alcatraz en un centro para los delincuentes más peligrosos del país, promoviendo un mensaje de "ley, orden y justicia". La prisión, que operó como establecimiento federal de máxima seguridad entre 1934 y 1963, se cerró debido a altos costos operativos. La iniciativa se enmarca dentro de la política antimigratoria de Trump y se suma a otros proyectos recientes relacionados con la detención de inmigrantes ilegales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado gran parte de la sentencia sobre una agresión homófoba ocurrida en la Feria de Abril de 2018, absolviendo a tres acusados y reduciendo las penas al resto. Arcópoli expresa su indignación ante esta decisión, que minimiza el carácter homófobo del ataque y considera inaceptable que insultos explícitos sean interpretados como un "malentendido". La organización exige una revisión de la sentencia, formación obligatoria en delitos de odio para el poder judicial y reformas legislativas que reconozcan la violencia LGTBIfóbica. Esta situación refleja un sesgo estructural en el sistema judicial español, poniendo en riesgo los derechos del colectivo LGTBI+.

En Portugal, 30 personas, incluidas 17 individuos y 13 empresas, han sido acusadas de operar una red criminal responsable de un fraude fiscal de 35 millones de euros relacionado con productos alimentarios esenciales. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que la organización utilizaba documentos falsificados para crear un circuito ficticio de transacciones internacionales y evadir el pago del IVA. Se estima que el esquema generó beneficios indebidos que distorsionaron la competencia en el mercado mayorista en Portugal. Los principales acusados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión si son declarados culpables.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre presunto fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en una municipalidad de la región de Štajerska, donde se investiga un proyecto para renovar una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que la municipalidad declaró falsamente costos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos europeos y nacionales.

La exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE ha sido condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias, según un fallo del Tribunal del Condado de Zagreb. La sentencia se deriva de una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que investigó un caso en el que la exministra favoreció a un empresario en un procedimiento de contratación pública, inflando el costo estimado y eludiendo la licitación pública. Se estima que esta acción causó daños al presupuesto de la UE por más de un millón de euros y casi 300,000 euros al presupuesto estatal croata. La exministra aceptó un acuerdo de culpabilidad y pagó 200,000 euros como compensación parcial, aunque las acciones legales contra otros implicados continúan.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" por denunciar los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Ayuso cuestionó también a las familias de las víctimas, acusándolas de inventar la cifra de 7.291 muertes. En medio de investigaciones que involucran a tres ex altos cargos de su gobierno, Ayuso defendió su gestión y afirmó que otros lugares también enfrentaron problemas similares. La presidenta se mostró desafiante ante las críticas y sugirió que existe una campaña política en su contra.