Justicia

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de les Illes Balears, será juzgado por un delito de odio. El tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por Le Senne contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que había acordado su procesamiento. La resolución señala que existen indicios suficientes para considerar los hechos investigados como potencialmente constitutivos de delito. La querella se origina a partir de la actuación de Le Senne durante una sesión parlamentaria en junio de 2024, donde expulsó a diputadas que se negaron a retirar fotografías relacionadas con víctimas del franquismo. La audiencia subraya que la inviolabilidad parlamentaria no protege actos que excedan las funciones públicas del presidente.

Una exreclusa que convivió con Ana Julia Quezada en la cárcel ha denunciado que la asesina de Gabriel Cruz amenazó de muerte a la madre del niño, Patricia Ramírez. Durante su declaración como testigo, confirmó que estas amenazas se realizaron en varias ocasiones y delante de otras personas. La testigo advirtió a Patricia sobre el peligro tras salir de prisión, señalando que las amenazas se intensificaron tras la cancelación de un documental en el que Quezada participaba. Además, reveló que Quezada disfrutaba de privilegios en prisión, incluyendo acceso a teléfonos móviles. Este testimonio ha reabierto el caso en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería.

Un hombre de 21 años ha sido condenado a 4 años de prisión por agredir sexualmente a su prima de 9 años en la comarca de La Barranca, Navarra. La sentencia fue dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Navarra tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Los hechos, que constituyen un delito de agresión sexual a menor de 16 años, se produjeron mientras convivían en la misma localidad. Inicialmente, el fiscal solicitó una pena de 5 años, pero tras el acuerdo, el condenado cumplirá efectivamente 2 años y 3 meses en prisión, siendo el resto de la pena sustituido por su expulsión del país.

Dos fugitivos, padre e hijo, han sido detenidos en Málaga tras ser reclamados por las autoridades italianas por tráfico de drogas. Ambos contaban con órdenes europeas de detención y entrega, enfrentando penas de hasta 20 y 30 años de prisión. Esta operación resalta la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

Un hombre de 20 años, originario de la República Dominicana, ha sido condenado a un año de prisión por extorsionar a un vecino de Pamplona tras acceder a una página web de contactos. El acusado envió mensajes amenazantes a la víctima, exigiendo pagos que ascendieron a 760 euros en total. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona incluye además una prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado durante dos años. La pena se suspende bajo condiciones, incluyendo el pago de la indemnización pendiente y no delinquir en ese periodo. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

El Gobierno de España ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores, fortaleciendo la recuperación de activos del crimen organizado. Este acuerdo permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder a información registral esencial para combatir la criminalidad y el blanqueo de capitales. Desde su firma en 2021, ha mejorado la identificación de bienes ilícitos y agilizado procedimientos judiciales. La medida refuerza el compromiso del Gobierno con una justicia eficaz y transparente, garantizando que los activos obtenidos ilegalmente no queden impunes.

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de la banda Trinitarios, buscado por la justicia británica tras cometer un homicidio. Este individuo tenía una Orden Internacional de Detención emitida por el Reino Unido, donde podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua. La detención se realizó en relación con hechos ocurridos el 14 de octubre. Para más detalles, visita el enlace.

Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en las muertes en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las 7.291 víctimas esperaban este momento para obtener respuestas sobre los polémicos 'protocolos de la vergüenza'. La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados estaban debidamente notificados, lo que ha sido denunciado como una maniobra dilatoria por los abogados de las víctimas. Los ex altos cargos, que enfrentan acusaciones de un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario, deberán esperar para declarar y enfrentar el clamor de justicia de los familiares afectados.

Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por su responsabilidad en los protocolos que llevaron a más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos, lo que ha generado una nueva investigación tras una denuncia colectiva de familiares de víctimas. La citación se produce después de que el caso, archivado hace tres años, fuera reabierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia. Las organizaciones que apoyan a los denunciantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en las decisiones tomadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 14 años de prisión para un hombre que violó de forma habitual a su hijastra desde los 10 hasta los 19 años. La sentencia ratifica la pena por un delito continuado de agresión sexual con penetración y establece una indemnización de 60.000 euros para la víctima. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.