Justicia

La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de otorgar trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como vehículos de lujo y dinero en efectivo. Además, se mantiene la pena de tres meses de cárcel para otro empresario implicado. La Sala rechazó las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y destacó que el delito de cohecho se consuma con la aceptación de las dádivas, independientemente de si se materializó un trato privilegiado. La decisión resalta la responsabilidad del comisario en su cargo público y las implicaciones éticas de su conducta.

La Presidencia Polaca del Consejo de la Unión Europea se centrará en combatir redes criminales transfronterizas, amenazas híbridas y el terrorismo. Las prioridades incluyen la lucha contra el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de migrantes, así como la protección de menores frente a la explotación. Además, se buscará asegurar la rendición de cuentas por crímenes internacionales en Ucrania. La nueva Red Judicial Europea contra el Crimen Organizado (EJOCN) fortalecerá estos esfuerzos. La presidencia también abordará el cibercrimen y su impacto en la protección infantil.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha decidido llevar a cabo nuevas diligencias antes de determinar si se abrirá juicio contra el sospechoso de la muerte de una joven en Traspinedo. Este individuo enfrenta cargos por asesinato, homicidio doloso y otros delitos graves. La jueza ha exigido una fianza de 205.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas en caso de condena. Las investigaciones han revelado que el sospechoso estuvo presente durante el incidente y no prestó ayuda a la víctima tras causarle lesiones. Las diligencias adicionales incluirán testimonios de agentes de la Guardia Civil y la revisión de grabaciones de drones utilizadas en la búsqueda. La decisión aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la Dana. La decisión se basa en la falta de indicios suficientes para investigar al aforado, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aunque el TSJCV reconoce la gravedad de los hechos y las responsabilidades de las autoridades en situaciones de riesgo, concluye que no hay pruebas concretas que justifiquen su competencia. Los denunciantes pueden continuar con acciones penales en los Juzgados de Instrucción si lo desean.

Durante el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos relacionados con delitos de corrupción. De estas, 18 eran individuos y cuatro entidades. Este dato proviene del repositorio del Consejo General del Poder Judicial, que también reporta que se dictaron 12 sentencias en este ámbito, con un 58.3% de fallos condenatorios. La información es accesible al público y busca aumentar la transparencia sobre la lucha contra la corrupción en España. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/los-organos-judiciales-espanoles-procesaron-a-22-personas-fisicas-y-juridicas-en-5-procedimientos-por-delitos-de-corrupcion-en-el-tercer-trimestre-de-2024/.

En una investigación del Fiscal Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres personas han sido condenadas por su participación en una organización criminal que vendía cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Esta operación, conocida como 'Cheap Ink', ha revelado un fraude masivo con ganancias estimadas en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión a los condenados. La investigación ha involucrado a más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. El EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE, ha logrado desmantelar esta red criminal mediante un modelo operativo eficiente y coordinado.

Un juzgado de Jerez de la Frontera, Cádiz, ha condenado al cantaor de flamenco Ramón J.S., conocido como Diego 'El Cigala', a dos años y un mes de prisión por malos tratos hacia su exmujer. La sentencia incluye penas por agresiones en diferentes lugares, así como medidas de alejamiento y localización permanente. La magistrada destacó la gravedad de los hechos, que ocurrieron en presencia de sus hijos, y consideró la declaración de la víctima como clara y coherente. Aunque se solicitó una indemnización, el tribunal no hizo pronunciamiento al respecto debido a la falta de pruebas sobre secuelas psicológicas. La sentencia aún puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión por agredir sexualmente a su hijo menor en un apartamento de Valencia durante sus vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, además de imponerle una indemnización de 5,000 euros al menor por daños morales. El tribunal consideró probados los hechos basándose en el testimonio del niño y corroboraciones de otros testigos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La sentencia, emitida por la Audiencia de Navarra, detalla un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar a su esposa con 6.315 euros, a su hija con 18.000 euros y a su hijo con 6.000 euros. Los hechos incluyen una agresión grave en presencia de los niños, lo que llevó a la intervención familiar para solicitar ayuda. La resolución judicial considera múltiples delitos relacionados con el maltrato habitual y las amenazas, así como circunstancias atenuantes y agravantes en la conducta del condenado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de 22 años y 11 meses de prisión para una mujer acusada de asesinar a su tía, de 84 años, tras provocar un incendio en su vivienda en San Fernando. La sentencia incluye penas por asesinato, apropiación indebida, hurto y lesiones, además de una indemnización de más de 68.000 euros. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando la acusada prendió fuego intencionadamente mientras su tía dormía, lo que resultó en su muerte al día siguiente por inhalación de humo. La defensa argumentó falta de pruebas directas, pero el tribunal sostuvo que los indicios eran suficientes para confirmar la culpabilidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato a tiros de otra persona en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que argumentaba una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El jurado popular consideró probados los hechos, incluyendo la premeditación y el uso ilegal de armas. Además, el condenado deberá indemnizar a la familia de la víctima con más de 269.000 euros. Esta decisión aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Un ertzaina fuera de servicio detuvo a un ladrón en Bilbao tras un robo en una joyería. El incidente ocurrió en el barrio de Deusto, donde el agente escuchó gritos y encontró al sospechoso con una bolsa llena de relojes y dinero. La policía arrestó al hombre de 62 años, quien tenía antecedentes penales, y fue puesto a disposición judicial. Este suceso resalta la rápida intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones delictivas.

El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.