La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a J.M.E.R. a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija desde los cuatro hasta los trece años. La sentencia incluye la prohibición de acercarse a la víctima durante 50 años y la privación de la patria potestad, además de una indemnización de 15.000 euros a la menor. Los magistrados han considerado que la declaración de la víctima es verosímil y creíble, desvirtuando la versión del acusado. Los abusos se intensificaron con el tiempo, incluyendo actos graves como tocamientos y penetración. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de les Illes Balears.
El Tribunal Supremo ha establecido que la pena de privación del derecho a conducir, impuesta tras una condena por delitos de seguridad vial, debe cumplirse de manera ininterrumpida. La sentencia aclara que esta inhabilitación temporal no admite un cumplimiento fraccionado, ya que el Código Penal no prevé tal modalidad. El tribunal argumenta que permitir intervalos de conducción alteraría la naturaleza de la pena y comprometería la igualdad en su ejecución. La decisión se basa en la necesidad de prevenir comportamientos de riesgo y mantener la integridad del sistema legal.
Un psicólogo del centro penitenciario Mas d’Enric en El Catllar, Tarragona, ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por presunto acoso sexual a compañeras de trabajo. Este profesional ya había sido suspendido anteriormente durante seis meses tras denuncias de dos empleadas por acoso. Aunque regresó a su puesto hace pocas semanas, ahora está pendiente de pasar a disposición judicial mientras se lleva a cabo una investigación sobre el caso. El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña evaluará las medidas a tomar tras la detención.
La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña ha confirmado la absolución de dos acusados por delitos de odio y contra la integridad moral, en relación con un incidente ocurrido en junio de 2019 en un local de comida rápida en Barcelona. La sentencia desestima el recurso del Ministerio Fiscal, argumentando que requiere una reevaluación de las pruebas, lo cual no es permitido. El tribunal sostiene que no se puede acceder a las fuentes de prueba para modificar la conclusión alcanzada en la sentencia original.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado las condenas impuestas por la Audiencia de Burgos a dos hombres por delitos de distribución de moneda falsa y estafa. El primero fue condenado a un año y diez meses de prisión, mientras que el segundo recibió una pena de quince meses. Ambos deberán pagar multas de 500 y 150 euros, respectivamente. Los acusados distribuyeron billetes falsos de 50 y 20 euros en pagos por servicios de prostitución entre septiembre y octubre de 2019. La sentencia destaca la valoración coherente de las pruebas, incluyendo conversaciones telefónicas y fotografías que evidencian el conocimiento de la falsedad del dinero utilizado. Aunque la sentencia no es firme, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Dos acusados de robo continuado en La Rioja Baja han sido condenados a tres años y seis meses de cárcel, además de ser expulsados del territorio nacional tras cumplir dos tercios de la pena. Los hechos ocurrieron entre enero y febrero de 2023, cuando los condenados, actuando en grupo, accedieron a varias viviendas mediante la manipulación de cerraduras, sustrayendo dinero y objetos de valor. La sentencia califica sus acciones como un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada y establece que deberán indemnizar a las víctimas por los daños causados.
El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de un padre contra la autorización de eutanasia para su hija mayor de edad, concedida por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. La decisión del Supremo se basa en que el recurso carece de interés casacional objetivo y confirma que se cumplieron los requisitos legales para la solicitud de eutanasia. El tribunal también abordó cuestiones sobre la capacidad de la solicitante y el procedimiento administrativo, concluyendo que no hubo indefensión material ni impacto en el resultado final del caso.
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Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia, con el fin de obtener fraudulentamente 69,751.40 euros. La sentencia fue emitida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid. El individuo utilizó información obtenida de un tercero para solicitar que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria que controlaba. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y reembolsar el monto obtenido ilegalmente. Esta es la primera condena en este tipo de casos investigados por la EPPO en España y está sujeta a apelación.
Arcópoli ha denunciado la absolución de un caso de amenaza homófoba durante el Orgullo Barcelona, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La organización considera que esta resolución representa un grave retroceso en la protección de las víctimas de LGTBIfobia, al minimizar una agresión verbal violenta. En 2019, un hombre amenazó a un joven con "hacerle heterosexual a hostias", y aunque los hechos fueron grabados, la justicia no los consideró delito de odio. Arcópoli exige una perspectiva LGTBI en el sistema judicial para garantizar la reparación de las víctimas y resalta que la LGTBIfobia debe ser reconocida y sancionada como violencia. La organización respalda el recurso anunciado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 3 años de prisión por agresión sexual a un hombre que realizó tocamientos a una menor de 15 años. La sentencia, ratificada por la Sala de lo Civil y Penal, establece además la expulsión del condenado, de nacionalidad argelina, quien no podrá regresar a España durante 8 años. El acusado deberá mantener una distancia de 200 metros de la víctima durante 10 años y cumplir con 5 años de libertad vigilada tras su liberación. La menor ha experimentado malestar emocional significativo debido al incidente y ha recibido apoyo psicológico. La resolución judicial destaca la coherencia del testimonio de la víctima y las corroboraciones que respaldan su declaración.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena de siete años de prisión y una multa de 220.000 euros a un hombre por tráfico de cocaína. El individuo fue detenido mientras transportaba más de un kilogramo de esta droga, con un valor en el mercado ilícito de aproximadamente 108.843 euros, desde Madrid hacia Murcia. La sentencia destaca que no se presentó evidencia de la participación de terceros en el delito y que no hubo confesión ni colaboración del acusado durante el proceso. Aunque la sentencia ha sido ratificada, aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.
Un juzgado de Barcelona ha respaldado el derecho de una trabajadora a faltar al trabajo por urgencias veterinarias de su mascota. La sentencia se produjo tras el despido de la mujer, quien había acumulado ausencias debido a situaciones imprevistas relacionadas con la salud de su perro, incluyendo una llamada urgente para aplicar la eutanasia. El tribunal consideró que estas ausencias eran justificadas por razones humanitarias y éticas, destacando que sería inmoral obligar al animal a sufrir hasta que la trabajadora terminara su jornada laboral. Este fallo resalta la importancia de considerar las circunstancias personales en el ámbito laboral.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a seis meses de prisión por un delito de odio y otro leve de lesiones tras agredir verbal y físicamente a una mujer musulmana que llevaba hiyab. El tribunal consideró que sus acciones, motivadas por prejuicios religiosos, constituyen un atentado contra la dignidad y los derechos fundamentales. Además de la pena de prisión, se le impone una indemnización de 1,000 euros a la víctima y se prohíbe su acercamiento a ella durante seis meses. La ejecución de la pena se suspende por dos años bajo ciertas condiciones, incluyendo la realización de un curso sobre igualdad y no discriminación.
La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena a Mercadona para que pague una indemnización de 12.674,24 euros a un cliente que se cayó tras resbalar en agua acumulada en la entrada del establecimiento durante un día lluvioso. A pesar de que la cadena argumentó haber tomado medidas para mantener el área seca, los magistrados determinaron que no se actuó con la diligencia necesaria, lo que llevó a la caída. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
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