El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 9 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su hija de 15 años. La sentencia, ratificada por la Sala de lo Civil y Penal, incluye una indemnización de 10.000 euros para la víctima y prohíbe al condenado acercarse a ella durante 10 años. Los hechos ocurrieron en el hogar familiar, donde el padre realizó tocamientos inapropiados y llevó a cabo agresiones sexuales. La declaración de la menor fue considerada creíble y corroborada por testimonios y pruebas psicológicas, a pesar de la negativa de la madre a creer en las acusaciones.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 28 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente y asesinar a una mujer de 46 años en Cabanas el 1 de septiembre de 2013. El tribunal determinó que el acusado abordó a la víctima mientras paseaba, la golpeó y la arrastró a un área apartada donde la apuñaló tres veces, causando su muerte. Además, deberá indemnizar a los hijos de la víctima con un total de 260,000 euros. La sentencia destaca la alevosía del crimen y no es firme, ya que se puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El número de denuncias por violencia de género en España durante el primer trimestre de 2025 ha aumentado un 4,28% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 47.865 denuncias. A pesar de este incremento, el número de mujeres que se identificaron como víctimas se mantuvo casi estable, con un ligero aumento del 0,04%. El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género también revela una disminución del 5,94% en las órdenes de protección acordadas. La mayoría de las denuncias provienen de mujeres españolas (61,91%), y el porcentaje de condenas en sentencias dictadas es del 81,42%. Estos datos subrayan la necesidad de atención y apoyo a las víctimas en un contexto donde muchas renuncian a declarar contra sus agresores.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluido un exfuncionario público de Croacia, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. Se les acusa de inflar el tamaño de sus granjas familiares para obtener indebidamente aproximadamente 77,000 euros del Fondo Agrícola Europeo. Durante la investigación, se reveló que el exfuncionario utilizó las credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos en el sistema. Hasta ahora, los acusados han devuelto parte del dinero defraudado. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales croatas.
El Gobierno de España reafirma su compromiso con la protección de menores víctimas de violencia sexual mediante la creación de una justicia especializada y coordinada. A través de iniciativas legislativas y el modelo Barnahus, que integra a diversos profesionales en un entorno seguro, se busca evitar la revictimización y garantizar una respuesta rápida centrada en el interés del menor. Recientemente, se llevó a cabo la tercera reunión interautonómica del proyecto en colaboración con instituciones europeas, donde se compartieron buenas prácticas y se revisaron avances en la implementación del modelo. Además, se han creado nuevas Secciones especializadas en Violencia contra la Infancia en varios tribunales para mejorar la atención judicial a estas víctimas.
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la pandemia eran discriminatorios y excluyeron a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién podía recibir atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en la muerte de casi ocho de cada diez residentes sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus compañeros de gobierno sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. La declaración de Reyero ha resonado entre familiares de víctimas, quienes continúan exigiendo justicia por las muertes ocurridas en residencias durante la crisis sanitaria.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
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En Portugal, 30 personas, incluidas 17 individuos y 13 empresas, han sido acusadas de operar una red criminal responsable de un fraude fiscal de 35 millones de euros relacionado con productos alimentarios esenciales. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que la organización utilizaba documentos falsificados para crear un circuito ficticio de transacciones internacionales y evadir el pago del IVA. Se estima que el esquema generó beneficios indebidos que distorsionaron la competencia en el mercado mayorista en Portugal. Los principales acusados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión si son declarados culpables.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre presunto fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en una municipalidad de la región de Štajerska, donde se investiga un proyecto para renovar una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que la municipalidad declaró falsamente costos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos europeos y nacionales.
La exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE ha sido condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias, según un fallo del Tribunal del Condado de Zagreb. La sentencia se deriva de una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que investigó un caso en el que la exministra favoreció a un empresario en un procedimiento de contratación pública, inflando el costo estimado y eludiendo la licitación pública. Se estima que esta acción causó daños al presupuesto de la UE por más de un millón de euros y casi 300,000 euros al presupuesto estatal croata. La exministra aceptó un acuerdo de culpabilidad y pagó 200,000 euros como compensación parcial, aunque las acciones legales contra otros implicados continúan.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" por denunciar los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Ayuso cuestionó también a las familias de las víctimas, acusándolas de inventar la cifra de 7.291 muertes. En medio de investigaciones que involucran a tres ex altos cargos de su gobierno, Ayuso defendió su gestión y afirmó que otros lugares también enfrentaron problemas similares. La presidenta se mostró desafiante ante las críticas y sugirió que existe una campaña política en su contra.
La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de les Illes Balears, será juzgado por un delito de odio. El tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por Le Senne contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que había acordado su procesamiento. La resolución señala que existen indicios suficientes para considerar los hechos investigados como potencialmente constitutivos de delito. La querella se origina a partir de la actuación de Le Senne durante una sesión parlamentaria en junio de 2024, donde expulsó a diputadas que se negaron a retirar fotografías relacionadas con víctimas del franquismo. La audiencia subraya que la inviolabilidad parlamentaria no protege actos que excedan las funciones públicas del presidente.
Una exreclusa que convivió con Ana Julia Quezada en la cárcel ha denunciado que la asesina de Gabriel Cruz amenazó de muerte a la madre del niño, Patricia Ramírez. Durante su declaración como testigo, confirmó que estas amenazas se realizaron en varias ocasiones y delante de otras personas. La testigo advirtió a Patricia sobre el peligro tras salir de prisión, señalando que las amenazas se intensificaron tras la cancelación de un documental en el que Quezada participaba. Además, reveló que Quezada disfrutaba de privilegios en prisión, incluyendo acceso a teléfonos móviles. Este testimonio ha reabierto el caso en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería.
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