Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica contra la inadmisión de las querellas y denuncias dirigidas al presidente de la Generalitat por su gestión durante la DANA. En su resolución, el TSJCV reafirma que los indicios presentados son insuficientes para justificar una investigación, a pesar de no descartar completamente el carácter delictivo de los hechos mencionados. La decisión se basa en la falta de pruebas suficientes para atribuir responsabilidades al aforado y en la complejidad del caso, que involucra múltiples instituciones y decisiones administrativas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha ejecutado un nuevo embargo de €950,000 contra una empresa en Italia involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir derechos de aduana. Esta acción se suma a un embargo previo de aproximadamente €2.4 millones, totalizando más de €3.3 millones en activos congelados. Dos empresas están bajo investigación por hacer declaraciones falsas sobre el origen de sus productos, beneficiándose así de exenciones fiscales indebidas. La EPPO continúa investigando delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Audiencia de Cádiz ha condenado a ocho años de prisión a un ciudadano estadounidense por el homicidio de su esposa rusa en diciembre de 2021 en La Línea de la Concepción. El acusado, que admitió los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, estranguló a su pareja tras una serie de agresiones. Además, se le impuso una medida de libertad vigilada durante diez años después de cumplir la pena. La sentencia es firme y no será apelada.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha declarado culpable a A.K. por el asesinato de su mujer embarazada y su hijo de siete años en Sa Pobla, Mallorca, en 2021. El jurado ha probado los asesinatos con alevosía y ensañamiento, así como maltratos previos. Aunque no se pudo comprobar que matara a su esposa frente al niño, se determinó que estranguló a ambos. La Fiscalía solicita 25 años de prisión y prisión permanente revisable, mientras que las acusaciones particulares piden la pena máxima y una indemnización para los familiares. La sentencia se dictará en los próximos días.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.

Andalucía ha lanzado "la patrulla canina de Justicia", un innovador proyecto que busca acompañar a víctimas vulnerables en los juzgados para reducir su ansiedad durante declaraciones y juicios. Presentado por el consejero José Antonio Nieto en Huelva, este programa forma parte del Plan de Humanización de la Justicia y cuenta con cuatro perros adiestrados que brindarán apoyo emocional a menores y otros grupos vulnerables. La iniciativa se basa en experiencias exitosas en otros países y tiene como objetivo crear entornos judiciales más amigables, mejorando así el bienestar emocional de las víctimas y la claridad de sus testimonios. Se espera que este proyecto piloto en Huelva sirva como modelo para su posible extensión a otras provincias andaluzas.

La Audiencia Nacional ha condenado a un guía turístico de Sevilla a nueve años de prisión por agredir sexualmente a tres estudiantes americanas durante viajes a Marruecos y Portugal entre 2013 y 2017. La sentencia detalla cómo el acusado, Manuel, aprovechó su papel como responsable de una agencia de viajes para ganarse la confianza de las víctimas antes de cometer los delitos. La primera agresión ocurrió en un hotel en Marruecos en 2013, mientras que las otras dos se registraron en Portugal en 2017. La Audiencia destaca la credibilidad del testimonio de las víctimas y condena al agresor a indemnizar a las afectadas.

Un juzgado de A Coruña ha condenado a dos ganaderos de Melide a 17 meses de prisión por maltratar y dejar morir de inanición a 30 caballos. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 establece que los acusados mantuvieron a los animales en condiciones deplorables, sin alimentación ni agua, lo que resultó en la muerte de varios ejemplares. Las inspecciones del Seprona revelaron un estado de abandono extremo, con cadáveres visibles y falta de cuidados básicos. Además de la pena privativa de libertad, los ganaderos han sido inhabilitados para el cuidado de animales durante cuatro años. La Xunta se encargará de los caballos incautados.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus, en el marco de un intercambio de datos relacionado con la infección de dispositivos móviles de altos funcionarios españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez. Además, ha reiterado su petición a Israel para obtener detalles de NSO Group y la declaración de su CEO. La investigación busca identificar a los responsables del uso indebido del software espía. Calama considera esencial esta información para avanzar en el caso, que ha revelado dificultades técnicas para atribuir los ataques.

Un tribunal de Mallorca ha condenado a A.K. a prisión permanente revisable por el asesinato de su mujer embarazada y su hijo de siete años. La magistrada impuso 25 años de prisión por el homicidio de su esposa y seis meses por maltrato habitual. El acusado, que estranguló a su hijo, deberá indemnizar a los familiares de las víctimas con casi 800.000 euros. Esta sentencia marca un precedente en Balears al ser la primera con esta pena máxima. La resolución no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero en Alemania. La investigación, liderada desde Frankfurt, se centra en una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, que supuestamente declaró erróneamente el origen de productos de acero como británicos en más de 100 despachos aduaneros. Esto habría permitido evitar un aumento del 25% en los aranceles, generando pérdidas significativas para las finanzas públicas. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en diciembre de 2024, incautando datos electrónicos que están siendo analizados. Se estima que la empresa adquirió productos de acero por más de 2.9 millones de euros durante un año, comenzando en marzo de 2021.

El Gobierno de España ha aprobado una reforma histórica que amplía y fortalece las Carreras Judicial y Fiscal mediante un Anteproyecto de Ley Orgánica. Esta iniciativa busca modernizar la Administración de Justicia, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a estas profesiones y mejorando la carrera profesional de los jueces y fiscales. Entre las medidas destacadas se encuentran la consolidación de becas para opositores, el establecimiento de un sistema de selección más justo y la mejora en la dotación de recursos humanos. Además, se fomenta la pluralidad y transparencia en el Poder Judicial, con cambios en la composición del Consejo General del Poder Judicial. Esta reforma representa un paso significativo hacia una justicia más eficiente y accesible.

Un hombre encarcelado por presuntamente asesinar al novio de su expareja en Viana de Cega será juzgado también por maltrato, acoso y coacciones hacia ella. El caso ha sido trasladado al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Valladolid, donde se han iniciado diligencias urgentes. Tras las declaraciones del acusado y la víctima, se ha decidido abrir un juicio rápido. Aunque el investigado ha optado por no declarar, se le ha impuesto una orden de alejamiento y comunicación respecto a su expareja y sus hijas. Este individuo enfrenta cargos graves, incluyendo asesinato y violencia de género.