Un tribunal de Mallorca ha condenado a A.K. a prisión permanente revisable por el asesinato de su mujer embarazada y su hijo de siete años. La magistrada impuso 25 años de prisión por el homicidio de su esposa y seis meses por maltrato habitual. El acusado, que estranguló a su hijo, deberá indemnizar a los familiares de las víctimas con casi 800.000 euros. Esta sentencia marca un precedente en Balears al ser la primera con esta pena máxima. La resolución no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero en Alemania. La investigación, liderada desde Frankfurt, se centra en una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, que supuestamente declaró erróneamente el origen de productos de acero como británicos en más de 100 despachos aduaneros. Esto habría permitido evitar un aumento del 25% en los aranceles, generando pérdidas significativas para las finanzas públicas. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en diciembre de 2024, incautando datos electrónicos que están siendo analizados. Se estima que la empresa adquirió productos de acero por más de 2.9 millones de euros durante un año, comenzando en marzo de 2021.
El Gobierno de España ha aprobado una reforma histórica que amplía y fortalece las Carreras Judicial y Fiscal mediante un Anteproyecto de Ley Orgánica. Esta iniciativa busca modernizar la Administración de Justicia, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a estas profesiones y mejorando la carrera profesional de los jueces y fiscales. Entre las medidas destacadas se encuentran la consolidación de becas para opositores, el establecimiento de un sistema de selección más justo y la mejora en la dotación de recursos humanos. Además, se fomenta la pluralidad y transparencia en el Poder Judicial, con cambios en la composición del Consejo General del Poder Judicial. Esta reforma representa un paso significativo hacia una justicia más eficiente y accesible.
Un hombre encarcelado por presuntamente asesinar al novio de su expareja en Viana de Cega será juzgado también por maltrato, acoso y coacciones hacia ella. El caso ha sido trasladado al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Valladolid, donde se han iniciado diligencias urgentes. Tras las declaraciones del acusado y la víctima, se ha decidido abrir un juicio rápido. Aunque el investigado ha optado por no declarar, se le ha impuesto una orden de alejamiento y comunicación respecto a su expareja y sus hijas. Este individuo enfrenta cargos graves, incluyendo asesinato y violencia de género.
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de otorgar trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como vehículos de lujo y dinero en efectivo. Además, se mantiene la pena de tres meses de cárcel para otro empresario implicado. La Sala rechazó las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y destacó que el delito de cohecho se consuma con la aceptación de las dádivas, independientemente de si se materializó un trato privilegiado. La decisión resalta la responsabilidad del comisario en su cargo público y las implicaciones éticas de su conducta.
La Presidencia Polaca del Consejo de la Unión Europea se centrará en combatir redes criminales transfronterizas, amenazas híbridas y el terrorismo. Las prioridades incluyen la lucha contra el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de migrantes, así como la protección de menores frente a la explotación. Además, se buscará asegurar la rendición de cuentas por crímenes internacionales en Ucrania. La nueva Red Judicial Europea contra el Crimen Organizado (EJOCN) fortalecerá estos esfuerzos. La presidencia también abordará el cibercrimen y su impacto en la protección infantil.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha decidido llevar a cabo nuevas diligencias antes de determinar si se abrirá juicio contra el sospechoso de la muerte de una joven en Traspinedo. Este individuo enfrenta cargos por asesinato, homicidio doloso y otros delitos graves. La jueza ha exigido una fianza de 205.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas en caso de condena. Las investigaciones han revelado que el sospechoso estuvo presente durante el incidente y no prestó ayuda a la víctima tras causarle lesiones. Las diligencias adicionales incluirán testimonios de agentes de la Guardia Civil y la revisión de grabaciones de drones utilizadas en la búsqueda. La decisión aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid.
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El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha declarado culpable a A.K. por el asesinato de su mujer embarazada y su hijo de siete años en Sa Pobla, Mallorca, en 2021. El jurado ha probado los asesinatos con alevosía y ensañamiento, así como maltratos previos. Aunque no se pudo comprobar que matara a su esposa frente al niño, se determinó que estranguló a ambos. La Fiscalía solicita 25 años de prisión y prisión permanente revisable, mientras que las acusaciones particulares piden la pena máxima y una indemnización para los familiares. La sentencia se dictará en los próximos días.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.
Andalucía ha lanzado "la patrulla canina de Justicia", un innovador proyecto que busca acompañar a víctimas vulnerables en los juzgados para reducir su ansiedad durante declaraciones y juicios. Presentado por el consejero José Antonio Nieto en Huelva, este programa forma parte del Plan de Humanización de la Justicia y cuenta con cuatro perros adiestrados que brindarán apoyo emocional a menores y otros grupos vulnerables. La iniciativa se basa en experiencias exitosas en otros países y tiene como objetivo crear entornos judiciales más amigables, mejorando así el bienestar emocional de las víctimas y la claridad de sus testimonios. Se espera que este proyecto piloto en Huelva sirva como modelo para su posible extensión a otras provincias andaluzas.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a prisión a dos hombres por robar colchones de un almacén y venderlos a bajo precio en Internet. El principal acusado recibió una pena de dos años y tres meses por robo con fuerza, mientras que el cómplice fue sentenciado a un año y ocho meses por receptación. Los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2022, cuando el ladrón sustrajo hasta ocho colchones, algunos de los cuales estaban destinados al reciclaje. La sentencia también establece que los condenados deberán indemnizar a la empresa propietaria con 1.785 euros.
Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión por agredir sexualmente a su hijo menor en un apartamento de Valencia durante sus vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, además de imponerle una indemnización de 5,000 euros al menor por daños morales. El tribunal consideró probados los hechos basándose en el testimonio del niño y corroboraciones de otros testigos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La sentencia, emitida por la Audiencia de Navarra, detalla un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar a su esposa con 6.315 euros, a su hija con 18.000 euros y a su hijo con 6.000 euros. Los hechos incluyen una agresión grave en presencia de los niños, lo que llevó a la intervención familiar para solicitar ayuda. La resolución judicial considera múltiples delitos relacionados con el maltrato habitual y las amenazas, así como circunstancias atenuantes y agravantes en la conducta del condenado.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de 22 años y 11 meses de prisión para una mujer acusada de asesinar a su tía, de 84 años, tras provocar un incendio en su vivienda en San Fernando. La sentencia incluye penas por asesinato, apropiación indebida, hurto y lesiones, además de una indemnización de más de 68.000 euros. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando la acusada prendió fuego intencionadamente mientras su tía dormía, lo que resultó en su muerte al día siguiente por inhalación de humo. La defensa argumentó falta de pruebas directas, pero el tribunal sostuvo que los indicios eran suficientes para confirmar la culpabilidad.
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