La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.
La Guardia Civil ha esclarecido una estafa mediante "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje que alertaba sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron técnicas de ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de SMS sospechosos y activar medidas de seguridad en las cuentas bancarias para prevenir fraudes.
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. En la operación "Lutasanol", se detuvo al principal captador y se investigó a otros tres implicados, incluyendo administradores de una empresa utilizada para estas actividades fraudulentas. La organización, que operaba en varias provincias, había tramitado más de un centenar de expedientes falsos, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas. La investigación continúa bajo la dirección del Tribunal de Instancia de El Ejido.
En Carabanchel, una persona ha sido detenida y otras 14 están siendo investigadas por empadronamientos fraudulentos. Los implicados confeccionaban contratos de arrendamiento ficticios y presentaban documentos padronales falsificados con datos y firmas no verídicas. Esta operación es parte de las intervenciones realizadas por la Policía Municipal de Madrid para combatir el fraude en los registros de empadronamiento.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado acciones urgentes de recopilación de pruebas en Croacia, en una investigación sobre corrupción y fraude con fondos agrícolas de la UE. Las medidas se llevan a cabo en varias condados y están dirigidas a ciudadanos croatas sospechosos de delitos como abuso de poder, soborno y falsificación de documentos, todos en perjuicio de los intereses financieros de la UE. La operación cuenta con el apoyo de diversas unidades policiales locales. Se han reservado más detalles para no comprometer el proceso en curso.
Se han detectado mensajes fraudulentos que suplantan a miembros del personal de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estos engaños utilizan el logo y los datos de contacto de la EPPO y otras organizaciones de la UE. Se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos ante cualquier mensaje no solicitado, verificar siempre la información y no compartir datos personales ni realizar pagos. La EPPO se comunica principalmente a través de canales oficiales y no contacta a los ciudadanos sin una solicitud previa. Si se reciben mensajes sospechosos, es crucial eliminarlos y reportar cualquier actividad dudosa a las autoridades correspondientes.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.
La Guardia Civil ha desarticulado una estafa que utilizaba la técnica de "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje alertando sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de mensajes sospechosos y activar autenticación reforzada en pagos para prevenir fraudes.
Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La trama utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, dinero en efectivo y se bloquearon numerosas cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un elaborado sistema de facturación entre las empresas del grupo para aparentar una actividad económica inexistente.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía sobre presunta corrupción y fraude en la adquisición de equipos médicos, con operaciones realizadas en Bucarest, Brașov y Mureș. La indagación se centra en un procedimiento de contratación pública valorado en aproximadamente 1.5 millones de euros, relacionado con la pandemia de Covid-19 en 2021. Se sospecha que se favoreció a una empresa específica mediante especificaciones del concurso y que representantes de esta ofrecieron sobornos a funcionarios públicos para manipular el proceso de adquisición. Durante las búsquedas, se recolectaron documentos y dispositivos electrónicos como evidencia. La EPPO, responsable de proteger los intereses financieros de la UE, cuenta con el apoyo de diversas autoridades rumanas en esta operación.
Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia, con el fin de obtener fraudulentamente 69,751.40 euros. La sentencia fue emitida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid. El individuo utilizó información obtenida de un tercero para solicitar que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria que controlaba. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y reembolsar el monto obtenido ilegalmente. Esta es la primera condena en este tipo de casos investigados por la EPPO en España y está sujeta a apelación.
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