La Policía Nacional ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social en Cádiz, deteniendo a 16 personas e investigando a otras cuatro por delitos de falsedad documental y contra los derechos laborales. Se descubrió un entramado de empresas ficticias que daban de alta a trabajadores sin actividad real, permitiendo el acceso indebido a prestaciones y subsidios. La operación ha causado un perjuicio económico cercano a 500.000 euros, con 25 trabajadores ficticios que recibieron más de 140.000 euros en beneficios del SEPE y otros pagos del INSS.
La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Sevilla una red de fraude a la Seguridad Social que supera los 6.000.000 de euros. En la operación, se han detenido a 22 personas y se han investigado a otras 16 por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. La investigación, iniciada en junio, reveló un entramado empresarial con más de 60 sociedades involucradas en prácticas fraudulentas como el impago sistemático de cuotas y la creación de empresas "pantallas". La red operaba principalmente en los sectores de hostelería y construcción.
Tres individuos y tres empresas han sido condenados en Chequia por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con fondos de investigación sobre nanobots. La sentencia fue emitida por el Tribunal Regional de Praga tras una investigación del Fiscal Público Europeo. Los acusados presentaron solicitudes de financiación sin intención de llevar a cabo los proyectos, utilizando documentación falsa para justificar las subvenciones. El principal condenado recibió ocho años de prisión y se le prohibió gestionar empresas durante siete años. Además, se ordenó la confiscación de activos, incluyendo una colección de trenes en miniatura valorada en 600,000 euros.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Lituania por fraude de subsidios relacionados con un proyecto financiado por la UE para ofrecer servicios móviles de reparación de automóviles en áreas rurales. Se sospecha que un ciudadano lituano y una ONG desviaron más de 150,000 euros destinados a este fin, utilizando el equipo para participar en eventos de motor, como el Rally Dakar. Los acusados enfrentan penas de hasta cuatro años de prisión si son hallados culpables.
Seis personas han sido arrestadas en Polonia tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) sobre un grupo religioso sospechoso de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas en situación de pobreza. Los detenidos, acusados de formar parte de una organización criminal y fraude, fueron colocados en prisión preventiva. La investigación reveló que el grupo había recibido 2,500 toneladas de alimentos financiados por la UE, pero en lugar de distribuirlos gratuitamente, los vendieron a comercios. Las autoridades han congelado bienes valorados en aproximadamente 350,000 euros para compensar las pérdidas al presupuesto europeo.
La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su modus operandi consistía en establecer una empresa logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico de 1,2 millones de euros. Tras tres meses de investigación y vigilancia, fue localizado y arrestado.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre presunto fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en una municipalidad de la región de Štajerska, donde se investiga un proyecto para renovar una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que la municipalidad declaró falsamente costos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos europeos y nacionales.
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El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a diez personas por blanqueo de capitales relacionados con la plataforma de criptomonedas Arbistar. En un auto, se ha dictado el pase a procedimiento abreviado en una pieza separada del caso principal, donde ya se condenó a los fundadores por estafar 200 millones de euros a 32.000 inversores. La investigación revela que Santiago F.J. organizó un complejo entramado financiero para ocultar el origen ilícito del dinero, utilizando sociedades ficticias y realizando transferencias para difuminar las huellas del fraude. Se espera que el Ministerio Fiscal y las acusaciones soliciten la apertura del juicio oral en los próximos días.
Dos sospechosos fueron arrestados en Italia y se congelaron fondos por un total de 5 millones de euros en una investigación sobre el uso fraudulento de fondos destinados a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó estas acciones, que se llevaron a cabo por la Guardia di Finanza en varias ciudades italianas. Las empresas implicadas habrían recibido fraudulentamente estos fondos entre junio de 2021 y octubre de 2024, utilizando documentación falsa. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en varios Estados miembros de la UE para su blanqueo. Algunos sospechosos ya estaban relacionados con otros casos de fraude investigados por la EPPO.
MUNDO INSÓLITO: En una operación liderada por la Fiscalía Europea en Lituania, se realizaron diez registros y se detuvieron a cuatro personas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 136,000 euros relacionado con fondos de desarrollo rural de la UE. La investigación apunta a la obtención engañosa de subsidios y posibles delitos de falsificación y soborno, implicando a un grupo organizado. Los registros se llevaron a cabo en varias localidades, incluyendo Vilnius y Klaipeda, donde se incautaron documentos y otros elementos relevantes para el caso. Las autoridades consideran medidas cautelares para los detenidos.
El Fiscal Europeo ha presentado cargos contra el alcalde de Šiauliai, Lituania, y dos cómplices por intento de fraude relacionado con un proyecto de modernización del alumbrado público financiado por la UE, valorado en más de 1.7 millones de euros. Se les acusa de abuso de poder y manipulación del procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa específica. Además, el alcalde está acusado de influir ilegalmente en un testigo durante la investigación. Si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Málaga que facilitaba la obtención de la nacionalidad española mediante certificados sefardíes falsos. Se han detenido a seis personas y se han realizado cuatro registros, donde se encontraron 1.237 certificados fraudulentos y se bloquearon activos por más de 3 millones de euros. La banda cobraba entre 6.000 y 8.000 euros por cada solicitud de nacionalidad, aprovechando la Ley 12/2015 que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes.
En Basauri, la Ertzaintza ha detenido a una pareja de 29 años por el cobro fraudulento de más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer presentó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas. Tras una investigación iniciada por un informe de Lanbide, se descubrió que había proporcionado direcciones incorrectas y documentación falsa. Además, otras tres personas están siendo investigadas por su posible colaboración en este fraude.
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