Tres individuos y tres empresas han sido condenados en Chequia por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con fondos de investigación sobre nanobots. La sentencia fue emitida por el Tribunal Regional de Praga tras una investigación del Fiscal Público Europeo. Los acusados presentaron solicitudes de financiación sin intención de llevar a cabo los proyectos, utilizando documentación falsa para justificar las subvenciones. El principal condenado recibió ocho años de prisión y se le prohibió gestionar empresas durante siete años. Además, se ordenó la confiscación de activos, incluyendo una colección de trenes en miniatura valorada en 600,000 euros.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Lituania por fraude de subsidios relacionados con un proyecto financiado por la UE para ofrecer servicios móviles de reparación de automóviles en áreas rurales. Se sospecha que un ciudadano lituano y una ONG desviaron más de 150,000 euros destinados a este fin, utilizando el equipo para participar en eventos de motor, como el Rally Dakar. Los acusados enfrentan penas de hasta cuatro años de prisión si son hallados culpables.
Seis personas han sido arrestadas en Polonia tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) sobre un grupo religioso sospechoso de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas en situación de pobreza. Los detenidos, acusados de formar parte de una organización criminal y fraude, fueron colocados en prisión preventiva. La investigación reveló que el grupo había recibido 2,500 toneladas de alimentos financiados por la UE, pero en lugar de distribuirlos gratuitamente, los vendieron a comercios. Las autoridades han congelado bienes valorados en aproximadamente 350,000 euros para compensar las pérdidas al presupuesto europeo.
La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su modus operandi consistía en establecer una empresa logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico de 1,2 millones de euros. Tras tres meses de investigación y vigilancia, fue localizado y arrestado.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre presunto fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en una municipalidad de la región de Štajerska, donde se investiga un proyecto para renovar una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que la municipalidad declaró falsamente costos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos europeos y nacionales.
Desarticulada una organización criminal en España que defraudó más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles. La operación "Backmobile", llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de 15 personas y la intervención de 9.000 dispositivos electrónicos, 200.000 euros en efectivo, criptodivisas y vehículos. La investigación reveló un entramado empresarial diseñado para evadir impuestos mediante reventas fraudulentas y simulaciones de envíos. Se han bloqueado además 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias relacionadas con las ganancias ilícitas.
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal en Palencia que facilitaba altas fraudulentas en la Seguridad Social a migrantes, principalmente de origen latinoamericano. La organización gestionó más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), logrando al menos 371 altas ilegales en la Seguridad Social. A través de canales cerrados, ofrecían citas a cambio de entre 300 y 500 euros, generando ingresos anuales superiores a 300.000 euros. Nueve personas han sido detenidas y se han incautado bienes valorados en efectivo y material informático relacionado con la actividad ilícita. Los implicados podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.
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MUNDO INSÓLITO: En una operación liderada por la Fiscalía Europea en Lituania, se realizaron diez registros y se detuvieron a cuatro personas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 136,000 euros relacionado con fondos de desarrollo rural de la UE. La investigación apunta a la obtención engañosa de subsidios y posibles delitos de falsificación y soborno, implicando a un grupo organizado. Los registros se llevaron a cabo en varias localidades, incluyendo Vilnius y Klaipeda, donde se incautaron documentos y otros elementos relevantes para el caso. Las autoridades consideran medidas cautelares para los detenidos.
El Fiscal Europeo ha presentado cargos contra el alcalde de Šiauliai, Lituania, y dos cómplices por intento de fraude relacionado con un proyecto de modernización del alumbrado público financiado por la UE, valorado en más de 1.7 millones de euros. Se les acusa de abuso de poder y manipulación del procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa específica. Además, el alcalde está acusado de influir ilegalmente en un testigo durante la investigación. Si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Málaga que facilitaba la obtención de la nacionalidad española mediante certificados sefardíes falsos. Se han detenido a seis personas y se han realizado cuatro registros, donde se encontraron 1.237 certificados fraudulentos y se bloquearon activos por más de 3 millones de euros. La banda cobraba entre 6.000 y 8.000 euros por cada solicitud de nacionalidad, aprovechando la Ley 12/2015 que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes.
En Basauri, la Ertzaintza ha detenido a una pareja de 29 años por el cobro fraudulento de más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer presentó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas. Tras una investigación iniciada por un informe de Lanbide, se descubrió que había proporcionado direcciones incorrectas y documentación falsa. Además, otras tres personas están siendo investigadas por su posible colaboración en este fraude.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluido un exfuncionario público de Croacia, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. Se les acusa de inflar el tamaño de sus granjas familiares para obtener indebidamente aproximadamente 77,000 euros del Fondo Agrícola Europeo. Durante la investigación, se reveló que el exfuncionario utilizó las credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos en el sistema. Hasta ahora, los acusados han devuelto parte del dinero defraudado. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales croatas.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de prisión al exalcalde de Peguerinos, Luis A.E.H., por fraude, malversación, falsedad y prevaricación relacionados con la contratación de obras en una urbanización entre 2007 y 2008. Junto a otros acusados, se apoderó de 650.000 euros. También se ha impuesto una pena de cuatro años a su hermana, administradora de una empresa subcontratada. Un tercer acusado vio reducida su condena a 2 años y 10 meses. Los condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Peguerinos con más de 652.000 euros por los daños ocasionados.
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