Fraude

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra dos individuos en París por un presunto fraude de 240,000 euros en fondos ERASMUS+. Los acusados, residentes en Alemania y Suiza, están vinculados a un proyecto educativo sobre la alfabetización infantil que recibió financiación entre 2016 y 2019. Se sospecha que utilizaron una organización sin fines de lucro para obtener fondos europeos sin cumplir con las condiciones del acuerdo de subvención, incluyendo la presentación de documentos falsificados. Si son condenados, podrían enfrentar hasta siete años de prisión y multas de hasta 750,000 euros.

La Guardia Civil y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han unido esfuerzos para combatir el fraude en la venta de entradas falsas para los partidos de la Selección española. Ambas instituciones están trabajando conjuntamente para identificar y denunciar portales fraudulentos que suplantan la identidad de la RFEF, ofreciendo entradas no válidas. A partir de septiembre, las entradas para los próximos encuentros se venderán exclusivamente a través del portal oficial de la RFEF, tickets.rfef.es. Se insta a los aficionados a verificar siempre que utilizan canales oficiales y a reportar cualquier sospecha de fraude.

Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.

La Guardia Civil ha desarticulado una estafa que utilizaba la técnica de "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje alertando sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de mensajes sospechosos y activar autenticación reforzada en pagos para prevenir fraudes.

Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

Seis personas han sido detenidas en Polonia en una investigación por fraude relacionado con compensaciones de €900,000 a empresas afectadas por inundaciones. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) inició la indagación tras recibir un informe del Buró Central Anticorrupción. Las sospechas apuntan a que las reclamaciones presentadas por tres empresas eran fraudulentas, ya que las inundaciones no alcanzaron sus instalaciones. Los detenidos incluyen representantes de las empresas y un exfuncionario de la agencia regional KARR, que gestionó los fondos. Se realizaron registros en sus residencias y se incautaron documentos y dispositivos electrónicos.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria, provenientes de diversas estafas en España y otros países. En la operación se detuvo a 20 personas y se investigó a otras 11 por delitos como estafa y falsificación documental. Se intervinieron documentos falsificados, dinero en efectivo y más de 400 documentos relacionados con envíos de dinero ilícitos. La investigación comenzó tras detectar envíos sospechosos desde Miranda de Ebro, revelando una red bien estructurada que utilizaba técnicas como el "pitufeo" para evadir controles. La Guardia Civil aconseja desconfiar de ofertas demasiado buenas y denunciar cualquier sospecha de estafa.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa mediante "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje que alertaba sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron técnicas de ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de SMS sospechosos y activar medidas de seguridad en las cuentas bancarias para prevenir fraudes.

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. En la operación "Lutasanol", se detuvo al principal captador y se investigó a otros tres implicados, incluyendo administradores de una empresa utilizada para estas actividades fraudulentas. La organización, que operaba en varias provincias, había tramitado más de un centenar de expedientes falsos, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas. La investigación continúa bajo la dirección del Tribunal de Instancia de El Ejido.

En Carabanchel, una persona ha sido detenida y otras 14 están siendo investigadas por empadronamientos fraudulentos. Los implicados confeccionaban contratos de arrendamiento ficticios y presentaban documentos padronales falsificados con datos y firmas no verídicas. Esta operación es parte de las intervenciones realizadas por la Policía Municipal de Madrid para combatir el fraude en los registros de empadronamiento.