Tres individuos y tres empresas han sido condenados en Chequia por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con fondos de investigación sobre nanobots. La sentencia fue emitida por el Tribunal Regional de Praga tras una investigación del Fiscal Público Europeo. Los acusados presentaron solicitudes de financiación sin intención de llevar a cabo los proyectos, utilizando documentación falsa para justificar las subvenciones. El principal condenado recibió ocho años de prisión y se le prohibió gestionar empresas durante siete años. Además, se ordenó la confiscación de activos, incluyendo una colección de trenes en miniatura valorada en 600,000 euros.
La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una operación que resultó en el embargo de cuentas bancarias en la República Dominicana y Perú, en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA de 25 millones de euros relacionado con el comercio de equipos informáticos. Esta acción se enmarca dentro de una red criminal que tiene conexiones con América Latina. La investigación, que también ha implicado la obtención de información de Uruguay, ha llevado a la detención de 24 personas en España y se centra en el uso indebido de normativas fiscales europeas para obtener devoluciones fraudulentas del IVA. La cooperación internacional ha sido clave para el éxito de estas medidas.
Dos personas fueron arrestadas en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO), reveló un esquema de carrousel de IVA donde las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir impuestos. Las autoridades congelaron activos por el monto mencionado y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. Este caso destaca la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
En una investigación del Fiscal Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres personas han sido condenadas por su participación en una organización criminal que vendía cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Esta operación, conocida como 'Cheap Ink', ha revelado un fraude masivo con ganancias estimadas en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión a los condenados. La investigación ha involucrado a más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. El EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE, ha logrado desmantelar esta red criminal mediante un modelo operativo eficiente y coordinado.
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La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Lituania por fraude de subsidios relacionados con un proyecto financiado por la UE para ofrecer servicios móviles de reparación de automóviles en áreas rurales. Se sospecha que un ciudadano lituano y una ONG desviaron más de 150,000 euros destinados a este fin, utilizando el equipo para participar en eventos de motor, como el Rally Dakar. Los acusados enfrentan penas de hasta cuatro años de prisión si son hallados culpables.
El 5 de mayo de 2025, los fiscales europeos de Polonia y Suecia prestaron juramento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Estos fiscales, Grażyna Stronikowska y Martin Bresman, fueron nombrados recientemente para la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) por el Consejo de la UE, tras la decisión de ambos países de unirse a esta institución. Su mandato es no renovable y tiene una duración de seis años. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kӧvesi, destacó la importancia de esta expansión del EPPO, resaltando que representa un avance en la lucha contra el crimen financiero en Europa. La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal y blanqueo de capitales, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA a través del comercio de bienes electrónicos, se desarrolla rápidamente, con la acusación presentada solo dos meses después de la detención del acusado. La investigación ha implicado operaciones en 16 países y se sospecha que más de 400 empresas están vinculadas a este complejo esquema fraudulento. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por blanqueo de capitales.
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