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Empresas

03/09/2025@17:59:55

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de más de 28 millones de euros en activos en Italia, como parte de una investigación sobre un fraude fiscal en forma de "carrusel" de IVA que se estima ha causado una pérdida de 40 millones de euros. La Guardia di Finanza de Ravenna descubrió que dos empresas estaban involucradas en transacciones ficticias y facturas falsas, afectando a más de 70 compañías en varios países europeos. La investigación sigue en curso para identificar a más sospechosos y esclarecer el alcance total del fraude.

Dos sospechosos fueron arrestados en Italia y se congelaron fondos por un total de 5 millones de euros en una investigación sobre el uso fraudulento de fondos destinados a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó estas acciones, que se llevaron a cabo por la Guardia di Finanza en varias ciudades italianas. Las empresas implicadas habrían recibido fraudulentamente estos fondos entre junio de 2021 y octubre de 2024, utilizando documentación falsa. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en varios Estados miembros de la UE para su blanqueo. Algunos sospechosos ya estaban relacionados con otros casos de fraude investigados por la EPPO.

Dos personas fueron arrestadas en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO), reveló un esquema de carrousel de IVA donde las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir impuestos. Las autoridades congelaron activos por el monto mencionado y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. Este caso destaca la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

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En Portugal, 30 personas, incluidas 17 individuos y 13 empresas, han sido acusadas de operar una red criminal responsable de un fraude fiscal de 35 millones de euros relacionado con productos alimentarios esenciales. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que la organización utilizaba documentos falsificados para crear un circuito ficticio de transacciones internacionales y evadir el pago del IVA. Se estima que el esquema generó beneficios indebidos que distorsionaron la competencia en el mercado mayorista en Portugal. Los principales acusados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión si son declarados culpables.