fondos europeos

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre presunto fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en una municipalidad de la región de Štajerska, donde se investiga un proyecto para renovar una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que la municipalidad declaró falsamente costos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos europeos y nacionales.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. El director supuestamente exigió €10,225 de un contratista involucrado en un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director solicitó que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera directamente. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba el primer pago del soborno. Se han presentado cargos y se solicitará su detención preventiva. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la UE.

Bulgaria ha llevado a cabo varias búsquedas en el marco de una investigación sobre corrupción pasiva y abuso de poder relacionados con fondos europeos para la pesca. La acción, realizada por la Policía Nacional búlgara bajo la dirección de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), se centró en residencias y oficinas en Sofía y Oryahovo. Se sospecha que funcionarios del Ministerio de Agricultura y Alimentación, responsables de gestionar estos fondos, solicitaron sobornos a cambio de la aprobación de pagos para proyectos pesqueros. La investigación incluye casos de sobreprecio en contratos y manipulación de evaluaciones de proyectos.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.