La Guardia Civil ha desarticulado una estafa que utilizaba la técnica de "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje alertando sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de mensajes sospechosos y activar autenticación reforzada en pagos para prevenir fraudes.
Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La trama utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, dinero en efectivo y se bloquearon numerosas cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un elaborado sistema de facturación entre las empresas del grupo para aparentar una actividad económica inexistente.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía sobre presunta corrupción y fraude en la adquisición de equipos médicos, con operaciones realizadas en Bucarest, Brașov y Mureș. La indagación se centra en un procedimiento de contratación pública valorado en aproximadamente 1.5 millones de euros, relacionado con la pandemia de Covid-19 en 2021. Se sospecha que se favoreció a una empresa específica mediante especificaciones del concurso y que representantes de esta ofrecieron sobornos a funcionarios públicos para manipular el proceso de adquisición. Durante las búsquedas, se recolectaron documentos y dispositivos electrónicos como evidencia. La EPPO, responsable de proteger los intereses financieros de la UE, cuenta con el apoyo de diversas autoridades rumanas en esta operación.
Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia, con el fin de obtener fraudulentamente 69,751.40 euros. La sentencia fue emitida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid. El individuo utilizó información obtenida de un tercero para solicitar que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria que controlaba. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y reembolsar el monto obtenido ilegalmente. Esta es la primera condena en este tipo de casos investigados por la EPPO en España y está sujeta a apelación.
La Policía Nacional ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social en Cádiz, deteniendo a 16 personas e investigando a otras cuatro por delitos de falsedad documental y contra los derechos laborales. Se descubrió un entramado de empresas ficticias que daban de alta a trabajadores sin actividad real, permitiendo el acceso indebido a prestaciones y subsidios. La operación ha causado un perjuicio económico cercano a 500.000 euros, con 25 trabajadores ficticios que recibieron más de 140.000 euros en beneficios del SEPE y otros pagos del INSS.
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La Guardia Civil ha esclarecido una estafa mediante "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje que alertaba sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron técnicas de ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de SMS sospechosos y activar medidas de seguridad en las cuentas bancarias para prevenir fraudes.
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. En la operación "Lutasanol", se detuvo al principal captador y se investigó a otros tres implicados, incluyendo administradores de una empresa utilizada para estas actividades fraudulentas. La organización, que operaba en varias provincias, había tramitado más de un centenar de expedientes falsos, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas. La investigación continúa bajo la dirección del Tribunal de Instancia de El Ejido.
En Carabanchel, una persona ha sido detenida y otras 14 están siendo investigadas por empadronamientos fraudulentos. Los implicados confeccionaban contratos de arrendamiento ficticios y presentaban documentos padronales falsificados con datos y firmas no verídicas. Esta operación es parte de las intervenciones realizadas por la Policía Municipal de Madrid para combatir el fraude en los registros de empadronamiento.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado acciones urgentes de recopilación de pruebas en Croacia, en una investigación sobre corrupción y fraude con fondos agrícolas de la UE. Las medidas se llevan a cabo en varias condados y están dirigidas a ciudadanos croatas sospechosos de delitos como abuso de poder, soborno y falsificación de documentos, todos en perjuicio de los intereses financieros de la UE. La operación cuenta con el apoyo de diversas unidades policiales locales. Se han reservado más detalles para no comprometer el proceso en curso.
Se han detectado mensajes fraudulentos que suplantan a miembros del personal de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estos engaños utilizan el logo y los datos de contacto de la EPPO y otras organizaciones de la UE. Se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos ante cualquier mensaje no solicitado, verificar siempre la información y no compartir datos personales ni realizar pagos. La EPPO se comunica principalmente a través de canales oficiales y no contacta a los ciudadanos sin una solicitud previa. Si se reciben mensajes sospechosos, es crucial eliminarlos y reportar cualquier actividad dudosa a las autoridades correspondientes.
El 21 de enero de 2026, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb, Croacia, junto con el Departamento de Policía de Dubrovačko-Neretvanska, llevó a cabo acciones urgentes relacionadas con cinco individuos y tres entidades legales sospechosas de fraude en subsidios y falsificación de documentos. Estas acciones están vinculadas a proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Tras interrogar a los sospechosos, la EPPO determinará los pasos a seguir y comunicará más detalles al público en el futuro. Se recuerda que todos los involucrados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales croatas.
El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a diez personas por blanqueo de capitales relacionados con la plataforma de criptomonedas Arbistar. En un auto, se ha dictado el pase a procedimiento abreviado en una pieza separada del caso principal, donde ya se condenó a los fundadores por estafar 200 millones de euros a 32.000 inversores. La investigación revela que Santiago F.J. organizó un complejo entramado financiero para ocultar el origen ilícito del dinero, utilizando sociedades ficticias y realizando transferencias para difuminar las huellas del fraude. Se espera que el Ministerio Fiscal y las acusaciones soliciten la apertura del juicio oral en los próximos días.
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