Sergio D.E. ha sido condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el Tribunal del Jurado en relación al asesinato de Fernando S.C. en un bar de Boltaña, Huesca. Además de la pena privativa de libertad, se le prohíbe residir o acudir a Boltaña durante 10 años y se le impone una medida de libertad vigilada posterior. La sentencia también establece indemnizaciones significativas para los familiares del fallecido, totalizando más de 250.000 euros. El tribunal destacó la alevosía del ataque, ya que el acusado asestó una puñalada sorpresiva mientras la víctima estaba bajo los efectos del alcohol. Se permite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un plazo de diez días.
Un hombre ha sido condenado a un año y siete meses de prisión por humillar y discriminar a dos integrantes del colectivo LGTBI. El acusado, quien reconoció los hechos, deberá pagar una multa de 1.890 euros y una indemnización de 1.000 euros a cada víctima. Además, se le impone una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con ellas durante tres años. La sentencia incluye inhabilitación para ejercer en el ámbito educativo y deportivo por más de cuatro años. Los mensajes discriminatorios fueron enviados a través de redes sociales en 2024, lo que llevó a las víctimas a presentar la denuncia.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 6 años y 6 meses de prisión para un hombre que violó y retuvo a una amiga en Vitoria. La víctima, con un grado de discapacidad del 53%, fue agredida tras haber mantenido relaciones sexuales consentidas previamente. El acusado, que también tiene un grado de discapacidad reconocido, cerró la vivienda con llave mientras la mujer estaba dormida, impidiendo su salida durante aproximadamente doce horas. Además de la pena privativa de libertad, el condenado no podrá acercarse a la víctima durante 14 años y deberá indemnizarla con 40.000 euros por daño moral. La sentencia destaca la credibilidad del testimonio de la denunciante y las evidencias médicas que corroboran la agresión.
José Ángel Antelo, ex líder de Vox en Murcia, ha anunciado su intención de llevar al partido ante la Justicia por falsedad documental y suplantación de identidad. Antelo denuncia que su firma fue utilizada sin su consentimiento para intentar expulsarlo del grupo en la Asamblea murciana. Asegura que esta acción es un delito grave y critica la gestión de la dirección nacional de Vox. Mientras tanto, Santiago Abascal, presidente del partido, se refirió a la crisis interna sugiriendo que aquellos que no se sientan cómodos en Vox deberían considerar su salida. La situación sigue siendo tensa mientras Antelo permanece como portavoz hasta que se resuelva su posible expulsión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha desmantelado una organización criminal en Sicilia implicada en un fraude de fondos agrícolas que causó daños estimados en más de 1.4 millones de euros. En la operación, un sospechoso fue arrestado y otros cinco enfrentan medidas coercitivas. La investigación reveló que entre 2018 y 2022, el grupo creó empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC). Se han congelado activos por valor de 60,000 euros y se investiga a 23 personas adicionales por fraude y blanqueo de capitales.
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un joven a cuatro años de prisión por el homicidio imprudente de otro hombre tras propinarle un puñetazo, lo que provocó que la víctima se golpeara la cabeza contra el suelo. El jurado determinó que no hubo intención de matar y que el alcohol influyó en el desenlace fatal. Además, se impuso una indemnización de 250.000 euros a los familiares del fallecido. La sentencia, que puede ser recurrida, destaca que no se probó relación entre la agresión y la procedencia de la víctima ni se consideraron agravantes como alevosía o abuso de superioridad.
Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia, con el fin de obtener fraudulentamente 69,751.40 euros. La sentencia fue emitida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid. El individuo utilizó información obtenida de un tercero para solicitar que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria que controlaba. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y reembolsar el monto obtenido ilegalmente. Esta es la primera condena en este tipo de casos investigados por la EPPO en España y está sujeta a apelación.
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En 2025, los órganos judiciales de España registraron un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 11,7 % en comparación con 2024. Este descenso se debe principalmente a la reducción en las demandas de divorcio no consensuadas, que cayeron un 24,7 %, mientras que las consensuadas disminuyeron un 3 %. Las separaciones matrimoniales también mostraron una tendencia a la baja, con una caída del 22,1 % en las no consensuadas y del 8 % en las consensuadas. A pesar de esta disminución general, las nulidades matrimoniales aumentaron un 14,3 %. En términos de población, se registraron 171,9 demandas por cada 100.000 habitantes en España. Las comunidades con tasas más altas incluyen Baleares y Canarias. Además, se observaron cambios en las demandas de modificación de medidas relacionadas con separaciones y custodia de hijos no matrimoniales.
Un hombre ha sido condenado a 6 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a la sobrina de 12 años de su expareja en la comarca de Pamplona. La sentencia, dictada por la Audiencia de Navarra, incluye una prohibición de acercarse a la víctima durante 16 años y una indemnización de 21.000 euros por daños morales. Los hechos ocurrieron cuando el acusado, que mantenía una relación con la tía de la menor, comenzó a contactar con ella a través de WhatsApp y a llevarla a lugares apartados para mantener relaciones sexuales. La madre de la niña descubrió lo que sucedía tras buscarla cuando no regresó a casa. La víctima está recibiendo apoyo psicológico tras estos eventos.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat, y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido. A pesar de que el juez instructor no encontró indicios de delito y la Fiscalía no presentó acusación, las acusaciones particulares y populares lograron que se reabriera el caso. Oltra y sus colaboradores enfrentan cargos por prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. El tribunal ha fijado una fianza conjunta de 120.000 euros y declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a dos jóvenes a 5 años de prisión por intentar matar a un menor en Donostia-San Sebastián el 13 de marzo de 2025, en un incidente relacionado con celos. Ambos acusados reconocieron los hechos y aceptaron un acuerdo de conformidad. La condena incluye la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante 6 años. La sentencia es firme y se ha dictado en el acto.
El Tribunal de Instancia de A Coruña ha condenado a un hombre a dos años de cárcel por agredir racista y físicamente a otra persona en una discoteca de Betanzos. El acusado, junto con dos cómplices no identificados, atacó a la víctima tras proferir insultos relacionados con su color de piel. La sentencia incluye una indemnización de 3.000 euros para la víctima y 513 euros al servicio de salud, debido a las lesiones sufridas, que incluían la rotura de tres dientes. El juez destacó la agravante del delito por motivos racistas y el abuso de superioridad numérica durante la agresión. La sentencia no es firme y se puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a J.M.E.R. a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija desde los cuatro hasta los trece años. La sentencia incluye la prohibición de acercarse a la víctima durante 50 años y la privación de la patria potestad, además de una indemnización de 15.000 euros a la menor. Los magistrados han considerado que la declaración de la víctima es verosímil y creíble, desvirtuando la versión del acusado. Los abusos se intensificaron con el tiempo, incluyendo actos graves como tocamientos y penetración. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de les Illes Balears.
El Tribunal Supremo ha establecido que la pena de privación del derecho a conducir, impuesta tras una condena por delitos de seguridad vial, debe cumplirse de manera ininterrumpida. La sentencia aclara que esta inhabilitación temporal no admite un cumplimiento fraccionado, ya que el Código Penal no prevé tal modalidad. El tribunal argumenta que permitir intervalos de conducción alteraría la naturaleza de la pena y comprometería la igualdad en su ejecución. La decisión se basa en la necesidad de prevenir comportamientos de riesgo y mantener la integridad del sistema legal.
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