La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha admitido la personación de la Asociación de Damnificados Horta Sud como acusación particular en la investigación sobre la gestión de la Dana, que indaga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Esta decisión se produce tras la solicitud de la asociación, que representa a familiares de cinco víctimas mortales y un lesionado. El juzgado ha aceptado la querella únicamente en relación con los posibles homicidios y lesiones imprudentes, excluyendo daños materiales. Además, se ha inadmitido una querella contra el presidente de la Generalitat por su condición de aforado y se ha permitido al PSOE personarse como acusación popular.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre a 15 años de prisión por agredir sexualmente a dos niñas menores de cuatro años, a las que cuidó en verano de 2023. El acusado fue contratado por la madre de las niñas a través del sitio web 'Topnanny'. La sentencia se basa en el testimonio creíble de la hermana mayor, quien relató los abusos. Aunque el tribunal no probó que los hechos ocurrieran en todas las ocasiones que el hombre cuidó a las menores, sí lo condena por dos delitos de agresión sexual. La sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Las Fiscalías de España y Bulgaria han firmado un Memorando de Entendimiento para colaborar en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. Este acuerdo, firmado por el Fiscal General del Estado español, Álvaro García Ortiz, y su homólogo búlgaro, Borislav Sarafov, busca mejorar el intercambio de información y las solicitudes de cooperación jurídica en materia penal. Ambas instituciones centrarán sus esfuerzos en combatir redes criminales relacionadas con el terrorismo, corrupción, tráfico ilegal de armas y drogas, así como delitos económicos y ciberdelincuencia. El convenio incluye la creación de grupos de trabajo conjuntos y visitas de expertos para compartir experiencias y diseñar estrategias comunes.
Un Juzgado de A Coruña ha condenado a 18 meses de cárcel al dueño de una perra bóxer por abandonarla y dejarla morir de inanición. El magistrado consideró que el acusado cometió un delito de maltrato animal con resultado de muerte, tras comprobar que la perra fue dejada sin comida ni agua en una vivienda deshabitada. La sentencia destaca la crueldad del acto y la negligencia del propietario, quien no se presentó al juicio. Además, se le inhabilita durante cuatro años para ejercer cualquier actividad relacionada con animales. La sentencia aún puede ser apelada ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a 20 años y nueve meses de prisión por amenazar a tres menores para que le enviaran fotos de contenido sexual. Los hechos ocurrieron en julio de 2021, cuando las víctimas, de 12 años, contactaron con el acusado a través de una aplicación de contactos anónimos. El tribunal lo declaró culpable de exhibicionismo y corrupción de menores, destacando que el procesado utilizó tácticas intimidatorias para obtener material sexual. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el TSXG.
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La resolución exige al acusado una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas durante el proceso. Se espera que un juzgado de lo Penal se encargue del caso. La Audiencia Provincial aún no ha decidido sobre el recurso relacionado con las diligencias previas, aunque hay indicios suficientes para considerar que los hechos podrían constituir un delito de odio.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha absuelto a un hombre condenado a 4 años y 6 meses de prisión por dar un botellazo en la cara a otra persona en agosto de 2022. La sentencia revoca una decisión anterior de la Audiencia Provincial, argumentando que no hay pruebas directas que vinculen al acusado con el delito. A pesar de las conjeturas presentadas, el tribunal destacó la falta de evidencia concluyente y lamentó no contar con un mejor acervo probatorio. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
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La Audiencia de Navarra ha reducido la pena de prisión de 15 a 14 años para dos de los condenados por la violación grupal ocurrida durante los Sanfermines de 2016. Esta decisión se basa en la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, que modifica las penas mínimas y máximas para delitos sexuales. La medida sigue la doctrina del Tribunal Supremo, que había confirmado previamente una rebaja similar para otro condenado. A pesar de la oposición de la víctima y el Gobierno de Navarra, el tribunal considera necesario ajustar las penas conforme a los nuevos criterios legales.
Eurojust ha apoyado un equipo de investigación conjunto (JIT) que investiga crímenes internacionales en Ucrania desde la invasión a gran escala hace tres años. Hasta ahora, se han entrevistado a 4,000 testigos y más de 40,000 por parte de las autoridades ucranianas. La cooperación ha permitido emitir notificaciones de sospecha contra varios individuos por crímenes de guerra. Eurojust ha financiado estas actividades con aproximadamente medio millón de euros y ha facilitado la creación de bases de datos para almacenar evidencia. La agencia continúa trabajando para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto. P
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha destapado un caso de corrupción grave en el sector sanitario de Chequia, con un fraude en subvenciones de la UE que asciende a 160 millones de euros. En una operación en České Budějovice, se realizaron 46 registros y se arrestaron a 22 personas, entre ellas 16 sospechosos acusados de explotar procesos de contratación pública para obtener beneficios ilícitos relacionados con el Hospital Universitario Motol en Praga. Las investigaciones revelan que estos actos han dañado los intereses financieros de la UE, afectando proyectos financiados por el Plan Nacional de Recuperación Checo y el Fondo Europeo de Cohesión. La EPPO continúa trabajando para llevar ante la justicia a los implicados.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener en libertad provisional al guía turístico de Sevilla, condenado a 9 años de prisión por agresiones sexuales a tres turistas americanas. Las medidas incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado. El tribunal considera que no hay riesgo de fuga, ya que el condenado ha cumplido con todas las obligaciones impuestas durante la instrucción del caso.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a penas de entre un año y medio y cuatro años de prisión a tres acusados por atracar un estanco. Los dos principales implicados, Juan María y Pedro Francisco, fueron condenados a cuatro y tres años de cárcel respectivamente, por robo con fuerza y agravantes como reincidencia y disfraz. Una tercera acusada, Natividad, fue considerada cómplice y sentenciada a un año y seis meses. Además, deberán indemnizar a la aseguradora con más de 6.000 euros. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la justicia italiana en un caso de malos tratos a un menor, tras una denuncia presentada por la madre y el hermano del niño contra su padre. La Corte de Cagliari, Italia, es ahora la encargada de investigar los hechos, que presuntamente ocurrieron en ese país. A pesar de esta decisión, el juzgado granadino mantiene la suspensión provisional del regreso del menor a Italia. La medida se basa en regulaciones europeas que permiten tomar acciones para proteger a menores en riesgo. El proceso judicial continúa con recursos presentados por la parte demandante.
Tres presuntos patrones de patera han sido encarcelados en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por su implicación en ocho asesinatos y otros delitos graves. La decisión judicial se tomó el 13 de febrero de 2025, tras investigar un incidente ocurrido el 28 de diciembre de 2024 en una embarcación que llegó a El Hierro. Se sospecha que las víctimas fueron elegidas por su nacionalidad. El caso será transferido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde de El Hierro para continuar con las diligencias.
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