La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" por denunciar los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Ayuso cuestionó también a las familias de las víctimas, acusándolas de inventar la cifra de 7.291 muertes. En medio de investigaciones que involucran a tres ex altos cargos de su gobierno, Ayuso defendió su gestión y afirmó que otros lugares también enfrentaron problemas similares. La presidenta se mostró desafiante ante las críticas y sugirió que existe una campaña política en su contra.
La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de les Illes Balears, será juzgado por un delito de odio. El tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por Le Senne contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que había acordado su procesamiento. La resolución señala que existen indicios suficientes para considerar los hechos investigados como potencialmente constitutivos de delito. La querella se origina a partir de la actuación de Le Senne durante una sesión parlamentaria en junio de 2024, donde expulsó a diputadas que se negaron a retirar fotografías relacionadas con víctimas del franquismo. La audiencia subraya que la inviolabilidad parlamentaria no protege actos que excedan las funciones públicas del presidente.
Una exreclusa que convivió con Ana Julia Quezada en la cárcel ha denunciado que la asesina de Gabriel Cruz amenazó de muerte a la madre del niño, Patricia Ramírez. Durante su declaración como testigo, confirmó que estas amenazas se realizaron en varias ocasiones y delante de otras personas. La testigo advirtió a Patricia sobre el peligro tras salir de prisión, señalando que las amenazas se intensificaron tras la cancelación de un documental en el que Quezada participaba. Además, reveló que Quezada disfrutaba de privilegios en prisión, incluyendo acceso a teléfonos móviles. Este testimonio ha reabierto el caso en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cambiado su postura respecto a la justicia tras recibir un varapalo judicial que afecta a su entorno. A pesar de haber defendido públicamente el respeto hacia los jueces, ahora critica sus decisiones cuando estas no le favorecen. La situación se agrava con la propuesta de juzgar a su pareja y la imputación de ex altos cargos por los 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia. Este giro en su discurso ha generado controversia y cuestionamientos sobre su compromiso con el Estado de Derecho.
Un hombre de 21 años ha sido condenado a 4 años de prisión por agredir sexualmente a su prima de 9 años en la comarca de La Barranca, Navarra. La sentencia fue dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Navarra tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Los hechos, que constituyen un delito de agresión sexual a menor de 16 años, se produjeron mientras convivían en la misma localidad. Inicialmente, el fiscal solicitó una pena de 5 años, pero tras el acuerdo, el condenado cumplirá efectivamente 2 años y 3 meses en prisión, siendo el resto de la pena sustituido por su expulsión del país.
Un hombre ha sido condenado a once años y medio de prisión por violar, agredir y amenazar a su pareja sentimental en Almassora, Castellón. La Audiencia Provincial de Castellón lo declaró culpable de agresión sexual con agravantes de género y parentesco, así como de dos delitos de lesiones por violencia de género y un delito leve de amenazas, todos con agravante de reincidencia. El tribunal le absolvió de otros cargos relacionados con malos tratos. Además, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por daños morales.
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El Gobierno de España reafirma su compromiso con la protección de menores víctimas de violencia sexual mediante la creación de una justicia especializada y coordinada. A través de iniciativas legislativas y el modelo Barnahus, que integra a diversos profesionales en un entorno seguro, se busca evitar la revictimización y garantizar una respuesta rápida centrada en el interés del menor. Recientemente, se llevó a cabo la tercera reunión interautonómica del proyecto en colaboración con instituciones europeas, donde se compartieron buenas prácticas y se revisaron avances en la implementación del modelo. Además, se han creado nuevas Secciones especializadas en Violencia contra la Infancia en varios tribunales para mejorar la atención judicial a estas víctimas.
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la pandemia eran discriminatorios y excluyeron a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién podía recibir atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en la muerte de casi ocho de cada diez residentes sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus compañeros de gobierno sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. La declaración de Reyero ha resonado entre familiares de víctimas, quienes continúan exigiendo justicia por las muertes ocurridas en residencias durante la crisis sanitaria.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
El Gobierno de España ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores, fortaleciendo la recuperación de activos del crimen organizado. Este acuerdo permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder a información registral esencial para combatir la criminalidad y el blanqueo de capitales. Desde su firma en 2021, ha mejorado la identificación de bienes ilícitos y agilizado procedimientos judiciales. La medida refuerza el compromiso del Gobierno con una justicia eficaz y transparente, garantizando que los activos obtenidos ilegalmente no queden impunes.
La justicia española reabre el caso de las muertes en residencias durante la primera ola del COVID-19, enfocándose en los políticos responsables de los protocolos que impidieron el traslado de miles de mayores a hospitales. Dos altos cargos del Gobierno de Madrid están siendo investigados por su papel en estas decisiones, que resultaron en la muerte de 7.291 personas sin atención médica adecuada. Los familiares de las víctimas exigen responsabilidades y justicia, mientras se investiga un delito de denegación discriminatoria de atención sanitaria pública. La nueva etapa judicial busca esclarecer quién dio las órdenes y por qué se excluyó a ciertos grupos del sistema sanitario.
La Policía Nacional ha detenido a un miembro de la banda Trinitarios, buscado por la justicia británica tras cometer un homicidio. Este individuo tenía una Orden Internacional de Detención emitida por el Reino Unido, donde podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua. La detención se realizó en relación con hechos ocurridos el 14 de octubre. Para más detalles, visita el enlace.
Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en las muertes en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las 7.291 víctimas esperaban este momento para obtener respuestas sobre los polémicos 'protocolos de la vergüenza'. La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados estaban debidamente notificados, lo que ha sido denunciado como una maniobra dilatoria por los abogados de las víctimas. Los ex altos cargos, que enfrentan acusaciones de un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario, deberán esperar para declarar y enfrentar el clamor de justicia de los familiares afectados.
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