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Justicia

26/05/2025@18:20:39

Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en las muertes en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las 7.291 víctimas esperaban este momento para obtener respuestas sobre los polémicos 'protocolos de la vergüenza'. La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados estaban debidamente notificados, lo que ha sido denunciado como una maniobra dilatoria por los abogados de las víctimas. Los ex altos cargos, que enfrentan acusaciones de un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario, deberán esperar para declarar y enfrentar el clamor de justicia de los familiares afectados.

Dos fugitivos, padre e hijo, han sido detenidos en Málaga tras ser reclamados por las autoridades italianas por tráfico de drogas. Ambos contaban con órdenes europeas de detención y entrega, enfrentando penas de hasta 20 y 30 años de prisión. Esta operación resalta la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

Un hombre de 20 años, originario de la República Dominicana, ha sido condenado a un año de prisión por extorsionar a un vecino de Pamplona tras acceder a una página web de contactos. El acusado envió mensajes amenazantes a la víctima, exigiendo pagos que ascendieron a 760 euros en total. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona incluye además una prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado durante dos años. La pena se suspende bajo condiciones, incluyendo el pago de la indemnización pendiente y no delinquir en ese periodo. Para más detalles, visita el enlace.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de cuatro años de prisión al director de una vivienda comunitaria para la tercera edad por abuso sexual a una usuaria en junio de 2021. La decisión se produce tras desestimar el recurso de apelación presentado por el acusado, quien alegó errores en la valoración de pruebas y falta de credibilidad en el testimonio de la víctima. El TSJPV destacó que el testimonio cumplía con los criterios de confiabilidad establecidos por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la sentencia que condenaba a un exsacerdote de Gijón a diez años de prisión por corrupción de menores. La decisión se tomó tras estimar el recurso presentado por la defensa, argumentando que no se resolvió adecuadamente el anonimato de los testigos antes del juicio. Esta resolución pone en duda el proceso judicial anterior, donde el acusado fue hallado culpable por ofrecer drogas a menores a cambio de favores sexuales.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas investigativas urgentes en relación con un posible uso ilegal de fondos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Esta acción se produce tras una investigación criminal sobre el abuso de posición y autoridad, que involucra recursos del Fondo de Seguridad Interna y el presupuesto estatal croata. La EPPO informará al público sobre los avances en la investigación, mientras que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La nueva ley en España establece la obligación de intentar un acuerdo extrajudicial antes de iniciar cualquier proceso judicial civil o mercantil, con excepciones para casos como violencia de género o tutela de derechos fundamentales. Esta medida busca fomentar una cultura del diálogo y reducir la carga en los tribunales, permitiendo a los ciudadanos resolver conflictos de manera más rápida y eficiente. Además, se implementará una reforma profunda del sistema judicial que transformará los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, mejorando la organización y capacidad de respuesta del servicio público de justicia. Para más detalles, visita el enlace.

La Audiencia de Murcia ha condenado a un hombre a 12 años y 6 meses de prisión por ofrecer dinero a tres niñas, de 12 a 14 años, para mantener relaciones sexuales. El acusado fue hallado culpable de tres delitos de corrupción de menores y un delito de abuso sexual, además de recibir una multa de 900 euros por amenazas leves. La sentencia detalla cómo el hombre ganó la confianza de las menores mediante regalos y dinero, llegando a proponerles actos sexuales a pesar de sus negativas.

Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por su responsabilidad en los protocolos que llevaron a más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos, lo que ha generado una nueva investigación tras una denuncia colectiva de familiares de víctimas. La citación se produce después de que el caso, archivado hace tres años, fuera reabierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia. Las organizaciones que apoyan a los denunciantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en las decisiones tomadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 14 años de prisión para un hombre que violó de forma habitual a su hijastra desde los 10 hasta los 19 años. La sentencia ratifica la pena por un delito continuado de agresión sexual con penetración y establece una indemnización de 60.000 euros para la víctima. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El 5 de mayo de 2025, los fiscales europeos de Polonia y Suecia prestaron juramento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Estos fiscales, Grażyna Stronikowska y Martin Bresman, fueron nombrados recientemente para la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) por el Consejo de la UE, tras la decisión de ambos países de unirse a esta institución. Su mandato es no renovable y tiene una duración de seis años. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kӧvesi, destacó la importancia de esta expansión del EPPO, resaltando que representa un avance en la lucha contra el crimen financiero en Europa. La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja, argumentando que la versión de la mujer presenta "profundas contradicciones" y carece de consistencia. La denuncia se originó tras un incidente ocurrido el 9 de septiembre de 2020, aunque el acusado afirmó que las relaciones fueron consensuadas. Este fallo subraya la importancia de la evidencia corroborante en casos de agresión sexual, destacando que la declaración de la víctima debe ser evaluada con rigor para no comprometer la presunción de inocencia.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enfatizado la importancia de la delicadeza y la empatía al interrogar a víctimas de delitos sexuales. Durante la inauguración del curso 'Interrogatorio de víctimas en los delitos contra la libertad sexual', destacó que estos interrogatorios son cruciales en momentos difíciles para las víctimas. La formación, dirigida por expertos, busca mejorar las habilidades de los fiscales al tratar con víctimas vulnerables, abordando temas como la psicología del testimonio y las consecuencias de la violencia sexual. Además, se proyectará la película "Soy Nevenka", que visibiliza la lucha contra la violencia sexual. Para más detalles, visita el enlace.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a un hombre a 12 años de prisión por apuñalar hasta 35 veces a su pareja en Don Benito. La sentencia incluye agravantes de género y parentesco, así como la prohibición de acercarse a la víctima durante 10 años tras cumplir la condena. Además, se le retira la patria potestad de su hija y se le impone una medida de libertad vigilada de 5 años al salir de prisión. La decisión subraya el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.

Una investigación sobre un fraude de subsidios en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al congelamiento de activos por valor de aproximadamente 2,6 millones de euros. La trama, que involucra un esquema fraudulento para obtener 4,4 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, consistió en manipular procedimientos de contratación pública y aumentar artificialmente los precios de maquinaria industrial a través de una cadena de empresas. Las autoridades realizaron nueve registros y se beneficiaron de la cooperación internacional con oficinas del EPPO en Bélgica, Chipre y Eslovaquia. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son condenados.