La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena a Mercadona para que pague una indemnización de 12.674,24 euros a un cliente que se cayó tras resbalar en agua acumulada en la entrada del establecimiento durante un día lluvioso. A pesar de que la cadena argumentó haber tomado medidas para mantener el área seca, los magistrados determinaron que no se actuó con la diligencia necesaria, lo que llevó a la caída. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la condena de ocho meses de prisión a un hombre por coaccionar y amedrentar a su expareja y a una amiga de ella mediante mensajes. Además, se le ha impuesto la prohibición de tenencia y uso de armas, así como una medida de alejamiento durante tres años. Desde la ruptura con su pareja, el acusado envió numerosos mensajes amenazantes, lo que fue considerado como violencia intimidatoria. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la prisión provisional sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasistente Koldo García, desestimando sus recursos de apelación. La decisión se basa en el alto riesgo de fuga y la gravedad de las penas que enfrentan en el 'caso mascarillas'. La sala concluyó que la prisión es necesaria para garantizar que los acusados no evadan la justicia, dado el sólido fundamento de las acusaciones y la inminencia del juicio oral.
El Tribunal Supremo ha anunciado la composición de la Sala que juzgará al exministro José Luis Ábalos, su exasistente Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama por la contratación irregular de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La Sala Segunda estará formada por siete magistrados, incluyendo al presidente Andrés Martínez Arrieta y otros destacados miembros como Manuel Marchena y Ana Ferrer. Esta decisión se enmarca dentro de las normas del Tribunal Supremo para causas especiales contra aforados.
Entre abril y septiembre de 2025, los juzgados y tribunales españoles procesaron a 47 personas físicas por delitos de corrupción, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Durante este periodo, se concluyeron 10 procedimientos judiciales que resultaron en la apertura de juicio oral para un total de 54 acusados, incluyendo 7 entidades jurídicas. En el segundo trimestre se dictaron 19 sentencias, mientras que en el tercero se emitieron 15, con un porcentaje de condenas del 79,4%. La información refleja la lucha contra la corrupción pública, abarcando delitos como prevaricación y malversación.
El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha confirmado la expulsión de un ciudadano senegalés por su reiterado comportamiento delictivo, considerándolo una amenaza grave para el orden público. La decisión se basa en dos condenas por robo con violencia y antecedentes penales, así como la falta de arraigo laboral, familiar y social. Aunque el individuo había tenido un pasado laboral, dejó de cotizar en 2008 y no presenta circunstancias que justifiquen su permanencia en el país. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a un año y once meses de prisión por estafa agravada a un hombre que se quedó con 6.000 euros que su amiga le prestó para invertir en un negocio de compraventa de bicicletas. La sentencia ratifica también una indemnización de 3.950 euros y una multa de 1.440 euros. El acusado, quien ya tenía antecedentes por estafas similares, había prometido beneficios rápidos pero no realizó ninguna inversión real. Aunque ha devuelto parte del dinero, la sala considera que actuó con dolo al crear una falsa ilusión de negocio. La decisión aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.
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Un juzgado de Cáceres ha ordenado la prisión provisional sin fianza para una mujer acusada del presunto homicidio de su hijo de 29 años. La decisión se tomó tras la declaración de la investigada, que tuvo lugar en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. Las diligencias están abiertas por un delito de homicidio y el caso no es secreto.
El 21 de enero de 2026, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb, Croacia, junto con el Departamento de Policía de Dubrovačko-Neretvanska, llevó a cabo acciones urgentes relacionadas con cinco individuos y tres entidades legales sospechosas de fraude en subsidios y falsificación de documentos. Estas acciones están vinculadas a proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Tras interrogar a los sospechosos, la EPPO determinará los pasos a seguir y comunicará más detalles al público en el futuro. Se recuerda que todos los involucrados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales croatas.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a cuatro años de prisión por intentar asesinar a otro con una catana. El tribunal aplicó la eximente de alteración psíquica y le prohibió acercarse a la víctima durante diez años, además de imponerle una indemnización de 34.644 euros por las lesiones causadas. Los hechos ocurrieron cuando el acusado, afectado por trastornos mentales y consumo de drogas, atacó a Leopoldo tras una disputa relacionada con una moto. La sentencia es firme y se basa en pruebas documentales y testimoniales que corroboran los hechos.
El Juzgado de Guardia en San Bartolomé de Tirajana ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza de una mujer acusada del presunto asesinato de su bebé, ocurrido el 3 de enero. La mujer, que dio a luz en un baño del hospital donde visitaba a su pareja, es investigada por un posible delito de asesinato con alevosía o de asesinato de una víctima especialmente vulnerable. El magistrado considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que podría enfrentar, que van desde 25 años hasta prisión permanente revisable. Testigos confirmaron que la mujer estaba embarazada antes del incidente.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar a un abogado por una posible falta a la buena fe procesal, tras presentar un recurso de apelación que incluía citas de jurisprudencia y documentos supuestamente generados por inteligencia artificial. En el contexto de un caso de agresión sexual en Tenerife, la Sala de lo Penal detectó referencias a sentencias inexistentes y un informe del Consejo General del Poder Judicial que tampoco se ha podido verificar. La conducta del letrado sugiere negligencia al no comprobar la veracidad de las citas, lo que podría resultar en sanciones tanto legales como disciplinarias. El TSJC ha ordenado la formación de una pieza separada para depurar responsabilidades.
La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer a tres años y un día de prisión por abusar sexualmente de un menor de doce años en su vivienda. La sentencia incluye una indemnización de 9.000 euros para la víctima por daños morales. Los abusos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2020, aprovechando la ausencia nocturna de la madre del menor. La acusada fue hallada culpable de un delito continuado de abuso sexual con penetración, y se le impone además la prohibición de acercarse al menor durante cuatro años, libertad vigilada y una inhabilitación especial para trabajar con menores. La declaración del joven fue clave para la condena, corroborada por informes psicológicos que confirmaron su veracidad y vulnerabilidad.
Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirector sociosanitario de la Comunidad de Madrid, ha declarado en los juzgados que los 'protocolos de la vergüenza' eran discriminatorios y que advirtió al exdirector Carlos Mur sobre esta situación. En su testimonio, Peromingo mencionó que recibió una respuesta de Mur indicando que los protocolos estaban en proceso de modelado, lo que llevó a múltiples modificaciones. La ausencia de Mur y Pablo Busca, otros exaltos cargos implicados, ha generado críticas por parte de las familias afectadas, quienes exigen justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la pandemia. Las acusaciones han anunciado su intención de solicitar órdenes de búsqueda contra ambos.
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