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Edición 14    11 de mayo de 2021

NACIONAL

Se ha arrestado a nueve integrantes de una red dedicada a la trata de seres humanos que operaba en España, Rumanía y Reino Unido, y que tenían controlado el negocio de la prostitución en la zona sur de Tenerife. Los detenidos forzaban a sus víctimas al consumo de estupefacientes y a ejercer la prostitución.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida ha condenado a doce años de prisión al autor confeso de matar de un navajazo a un guardia civil que se encontraba fuera de servicio en Don Benito (Badajoz).

El arrestado, un hombre de 30 años y nacionalidad alemana, ha sido detenido en la capital malagueña como autor material de los disparos y, además, se le imputan los delitos de tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro. Una segunda persona ha resultado arrestada como presunto autor de un delito de encubrimiento, un hombre de 28 años y nacionalidad alemana.

Tres de los arrestados fueron localizados en el sevillano barrio de El Vacie, donde se estableció un amplio dispositivo policial en torno a los domicilios donde permanecían escondidos. De forma simultánea, la policía portuguesa detenía a los otros dos investigados en una operación desarrollada en el norte del país luso.

El fallecido es un hombre de 40 años, precisamente el DJ que pinchaba en la fiesta cuando, al parecer, una bala atravesó la pared e impactó en su cuello.
En una sentencia hecha pública los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón han ratificado la sentencia dictada por la Audiencia de Zaragoza para el autor de un delito de asesinato en el denominado “crimen de los tirantes” rechazando todos los motivos de recurso alegados por su defensa.
La Audiencia Nacional ha condenado al miembro del comando ‘Ezuste’ de ETA I.G. a 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Ignacio Uría, el 3 de diciembre de 2008, mientras que ha absuelto por falta de pruebas al colaborador de este grupo U.E., quien también estaba acusado de participar en los hechos.

El supuesto responsable de la casa de citas reabría la conversación con los usuarios unos días más tarde del primer contacto, para recriminarles que no hubieran acudido a la cita con las chicas y exigirle el dinero por el tiempo perdido. Solicitaban a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los 100 y los 80.000 euros, llegando a obtener unos beneficios cercanos a los 650.000 euros.

Los abusos comenzaron en agosto de 2002 cuando la víctima, que por aquel entonces tenía seis años de edad, fue entregada al arrestado y a su mujer en régimen de acogimiento. Los hechos, cometidos en Florida, tuvieron tanta repercusión que era uno de los casos prioritarios del Servicio Diplomático de Seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Madrid.
Tal y como confirman fuentes de la investigación, la mujer prendió pequeñas hogueras por diferentes partes de la vivienda, donde se encontraba durmiendo su hija, aunque las autoridades consiguieron sacar a la menor del interior ilesa.
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