NACIONAL

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad archivar cuatro diligencias informativas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Las quejas, que incluían preocupaciones sobre su actuación en un caso relacionado con la esposa del presidente del Gobierno y supuestas irregularidades personales, fueron desestimadas al considerar que no afectaban su función jurisdiccional. Además, se devolvieron otras diligencias para completar la investigación sobre quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños. La Comisión también retiró del orden del día una denuncia relacionada con la prórroga de una instrucción por parte de Peinado.

Un hombre ha fallecido tras volcar un tractor en Montefrío, Granada, en una zona de difícil acceso en la Sierra de Parapanda. El accidente ocurrió mientras el varón realizaba labores agrícolas y fue reportado al 1-1-2 a las 16:30 horas por el centro de salud local. Los servicios de emergencia, incluidos Bomberos y Guardia Civil, confirmaron su muerte al llegar al lugar.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Almería tras un intento de homicidio relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas en Pechina. En septiembre de 2024, la víctima sufrió graves heridas y quedó tetrapléjica tras recibir disparos desde una motocicleta. La operación, denominada "Echemo", culminó con la identificación y captura de los autores materiales del ataque y un cómplice que facilitó la moto utilizada. Dos detenidos han sido enviados a prisión preventiva y se ha recuperado el arma empleada en el crimen.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un ciudadano ucraniano acusado de espionaje por las autoridades alemanas, quien tenía una Orden Europea de Detención y Entrega. El arrestado es sospechoso de realizar labores de vigilancia sobre un ciudadano alemán que suministra drones a Ucrania. La investigación, coordinada por la Fiscalía General de Alemania, revela que el detenido recopiló información sensible tanto en línea como físicamente. Paralelamente, una segunda implicada fue arrestada en Alemania. Ambos casos están relacionados con actividades de espionaje en el contexto del conflicto bélico en Ucrania. El detenido en España ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

La jueza de la DANA ha citado a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La decisión se basa en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que excluye su responsabilidad en relación con la gestión del desastre. La declaración se llevará a cabo una vez que el auto adquiera firmeza y se le solicitarán los mensajes y llamadas del 29 de octubre de 2024. Además, se han acordado declaraciones de otros funcionarios y se requiere a una asociación que deposite una fianza para ejercer la acusación popular.

Sergio D.E. ha sido condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el Tribunal del Jurado en relación al asesinato de Fernando S.C. en un bar de Boltaña, Huesca. Además de la pena privativa de libertad, se le prohíbe residir o acudir a Boltaña durante 10 años y se le impone una medida de libertad vigilada posterior. La sentencia también establece indemnizaciones significativas para los familiares del fallecido, totalizando más de 250.000 euros. El tribunal destacó la alevosía del ataque, ya que el acusado asestó una puñalada sorpresiva mientras la víctima estaba bajo los efectos del alcohol. Se permite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un plazo de diez días.

Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha sido imputado por prevaricación en relación a los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Un juez de Getafe ha ampliado la investigación también a su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo. La denuncia, presentada por el PSOE, se centra en órdenes específicas sobre hospitalización de personas vulnerables y la falta de atención médica en residencias. Óscar López, secretario general del PSOE madrileño, ha afirmado que continuarán investigando las decisiones que llevaron a situaciones injustas para los pacientes sin seguro privado.

La jueza del Tribunal de Instancia de Santander ha imputado a dos funcionarios de la Demarcación de Costas por el derrumbe de la pasarela en la playa de El Bocal, que resultó en la muerte de seis personas. Se considera que esta administración es responsable del mantenimiento de la estructura, ya que las obras no estaban finalizadas y había indicios de negligencia en su conservación. La magistrada ha solicitado un informe pericial sobre el estado de la pasarela antes del accidente y ha indicado que el Ayuntamiento también tiene deberes en materia de seguridad pública. La investigación se centra en determinar si hubo fallos en el mantenimiento y si el deterioro era visible antes del colapso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la solicitud del padre de Noelia, una joven de 25 años con paraplejia, para paralizar su eutanasia. A pesar de que el padre, representado por Abogados Cristianos, agotó todas las vías legales en España, incluyendo un recurso ante el Tribunal Constitucional, la Corte de Estrasburgo desestimó su petición. La decisión se basa en que Noelia tiene capacidad plena para solicitar la eutanasia y cumple con los requisitos legales establecidos. Este caso ha generado un intenso debate sobre el derecho a una muerte digna y la autonomía de los pacientes.

En 2025, los órganos judiciales de España registraron un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 11,7 % en comparación con 2024. Este descenso se debe principalmente a la reducción en las demandas de divorcio no consensuadas, que cayeron un 24,7 %, mientras que las consensuadas disminuyeron un 3 %. Las separaciones matrimoniales también mostraron una tendencia a la baja, con una caída del 22,1 % en las no consensuadas y del 8 % en las consensuadas. A pesar de esta disminución general, las nulidades matrimoniales aumentaron un 14,3 %. En términos de población, se registraron 171,9 demandas por cada 100.000 habitantes en España. Las comunidades con tasas más altas incluyen Baleares y Canarias. Además, se observaron cambios en las demandas de modificación de medidas relacionadas con separaciones y custodia de hijos no matrimoniales.