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Edición 14 23 de abril de 2026
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena de 33 años de prisión a Erick Jordy M. B., miembro de la banda Trinitarios, por intentar asesinar a machetazos a tres integrantes de la banda Dominican Don’t Play en un ataque premeditado frente a la discoteca Fénix. El agresor, junto a otros cómplices, atacó a las víctimas con machetes, dejando a uno de ellos gravemente herido. La sentencia también incluye indemnizaciones para los afectados y medidas de prohibición de acercamiento. La defensa del condenado no logró desvirtuar las pruebas que lo incriminan. Esta resolución permite recurso ante el Tribunal Supremo.
El cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido en Arenas de Cabrales ha sido localizado por la Guardia Civil. La comunicación fue realizada al jefe del PMA a las 14:29 horas. Este trágico suceso se enmarca dentro de un operativo de búsqueda llevado a cabo por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
Ana María Aranda Jaraices, secretaria personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, declaró ante el Tribunal Supremo que Jésica viajó con el ministro en 13 ocasiones, pero aseguró que "jamás" se pagaron esos viajes con dinero público. Según Aranda, los gastos fueron cubiertos por Koldo García, quien utilizó una tarjeta de El Corte Inglés. La declaración se produjo en el contexto del juicio por el 'caso mascarillas', donde también se abordaron las interacciones de Koldo García con otros empresarios y su rol dentro del ministerio.
La Audiencia de Madrid ha ratificado que calificar a los Testigos de Jehová como "secta destructiva" no constituye un delito, amparándose en la libertad de expresión. La sentencia responde a un recurso presentado por la congregación religiosa contra una resolución anterior que favoreció a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Los magistrados argumentaron que, aunque las afirmaciones puedan ser consideradas hirientes, prevalece el derecho a expresar críticas sobre la organización y su control sobre los fieles. Esta decisión refuerza la importancia de la libertad de expresión en sociedades democráticas y establece criterios claros entre el derecho al honor y la crítica pública. Además, se continúan llevando a cabo otros procesos legales relacionados con este conflicto.
Cuatro mujeres víctimas de explotación sexual han sido liberadas en Francia gracias a la colaboración entre las autoridades de España, Colombia y Francia. La operación se llevó a cabo tras una denuncia inicial en Colombia, donde la madre de una de las víctimas alertó sobre su situación. Las mujeres habían sido engañadas con promesas de empleo bien remunerado en Francia, pero al llegar fueron forzadas a ejercer la prostitución bajo condiciones coercitivas. Durante la intervención, se detuvo a una mujer que actuaba como captadora y controladora de las víctimas. Esta acción forma parte de la campaña #NoNacíParaEsto, que busca visibilizar y prevenir la trata de personas, especialmente mujeres colombianas en España.
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de grooming por engañar a menores de edad y obtener imágenes de contenido sexual. La investigación comenzó tras la denuncia de un padre sobre su hija de ocho años, quien fue contactada a través de una aplicación de mensajería. Durante las pesquisas, se realizaron registros en Ourense y Tarragona, donde se encontraron numerosos archivos ilegales en dispositivos electrónicos. Los detenidos habrían ganado la confianza de las víctimas mediante videollamadas, solicitando imágenes en tiempo real. La Policía enfatiza la importancia de supervisar el uso de dispositivos por parte de los menores y ofrece canales para denunciar estos delitos.
La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades brasileñas, ha desarticulado una organización criminal transnacional dedicada al envío de cocaína entre Brasil y España. La operación resultó en la detención de cinco personas, incluyendo cuatro en España y uno en Brasil, acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó tras la detención de tres empleados del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, quienes intentaban extraer 162 kilogramos de cocaína ocultos en maletas. Mediante un sofisticado modus operandi, la organización utilizaba a trabajadores aeroportuarios para eludir los controles y facilitar el tráfico de estupefacientes. La operación culminó con la identificación del líder de la célula criminal y la incautación de armas, dinero en efectivo y drogas adicionales.
La percepción del odio hacia la población LGTBI+ ha aumentado significativamente, según el informe "Estado del Odio 2026". Este estudio revela que desde 2024, la percepción de acoso público y discursos de odio ha crecido hasta 13 puntos porcentuales. El informe, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI+) y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC), muestra que el 54% de las personas LGTBI+ han sufrido actos de odio en el último año. Además, se destaca que muchas víctimas experimentan múltiples episodios de odio, lo que sugiere un patrón preocupante. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, enfatiza la necesidad urgente de un Pacto de Estado para combatir estos discursos de odio y garantizar una protección efectiva para los grupos vulnerables.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha desarticulado una organización criminal en Sevilla dedicada al narcotráfico. Se han incautado más de 3.500 kg de droga, incluyendo 3.370 kg de hachís y 288 kg de cocaína, así como seis armas de guerra. La red operaba con "guarderías" y "buzones" para almacenar y distribuir las sustancias en varias provincias andaluzas. Se detuvieron a 17 personas, de las cuales doce han sido ingresadas en prisión provisional. La investigación destaca por su coordinación efectiva y el uso de vehículos para evitar la detección policial.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena a 11 años de prisión para dos vecinos de Tenerife por intento de asesinato tras una violenta agresión a un desokupador en Arona. La sentencia ratifica además la inhabilitación absoluta y la prohibición de acercarse a la víctima, así como una indemnización total que asciende a 251.000 euros. Los acusados atacaron sorpresivamente a la víctima, causando lesiones graves y poniendo en riesgo su vida. El tribunal desestimó los recursos de apelación, considerando suficiente la prueba presentada y reafirmando el ánimo homicida y la alevosía del ataque.
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