NACIONAL

Sergio D.E. ha sido condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el Tribunal del Jurado en relación al asesinato de Fernando S.C. en un bar de Boltaña, Huesca. Además de la pena privativa de libertad, se le prohíbe residir o acudir a Boltaña durante 10 años y se le impone una medida de libertad vigilada posterior. La sentencia también establece indemnizaciones significativas para los familiares del fallecido, totalizando más de 250.000 euros. El tribunal destacó la alevosía del ataque, ya que el acusado asestó una puñalada sorpresiva mientras la víctima estaba bajo los efectos del alcohol. Se permite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un plazo de diez días.

Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha sido imputado por prevaricación en relación a los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Un juez de Getafe ha ampliado la investigación también a su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo. La denuncia, presentada por el PSOE, se centra en órdenes específicas sobre hospitalización de personas vulnerables y la falta de atención médica en residencias. Óscar López, secretario general del PSOE madrileño, ha afirmado que continuarán investigando las decisiones que llevaron a situaciones injustas para los pacientes sin seguro privado.

La jueza del Tribunal de Instancia de Santander ha imputado a dos funcionarios de la Demarcación de Costas por el derrumbe de la pasarela en la playa de El Bocal, que resultó en la muerte de seis personas. Se considera que esta administración es responsable del mantenimiento de la estructura, ya que las obras no estaban finalizadas y había indicios de negligencia en su conservación. La magistrada ha solicitado un informe pericial sobre el estado de la pasarela antes del accidente y ha indicado que el Ayuntamiento también tiene deberes en materia de seguridad pública. La investigación se centra en determinar si hubo fallos en el mantenimiento y si el deterioro era visible antes del colapso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la solicitud del padre de Noelia, una joven de 25 años con paraplejia, para paralizar su eutanasia. A pesar de que el padre, representado por Abogados Cristianos, agotó todas las vías legales en España, incluyendo un recurso ante el Tribunal Constitucional, la Corte de Estrasburgo desestimó su petición. La decisión se basa en que Noelia tiene capacidad plena para solicitar la eutanasia y cumple con los requisitos legales establecidos. Este caso ha generado un intenso debate sobre el derecho a una muerte digna y la autonomía de los pacientes.

En 2025, los órganos judiciales de España registraron un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 11,7 % en comparación con 2024. Este descenso se debe principalmente a la reducción en las demandas de divorcio no consensuadas, que cayeron un 24,7 %, mientras que las consensuadas disminuyeron un 3 %. Las separaciones matrimoniales también mostraron una tendencia a la baja, con una caída del 22,1 % en las no consensuadas y del 8 % en las consensuadas. A pesar de esta disminución general, las nulidades matrimoniales aumentaron un 14,3 %. En términos de población, se registraron 171,9 demandas por cada 100.000 habitantes en España. Las comunidades con tasas más altas incluyen Baleares y Canarias. Además, se observaron cambios en las demandas de modificación de medidas relacionadas con separaciones y custodia de hijos no matrimoniales.

Un hombre de 44 años ha fallecido en Cartaya tras caer de un pino mientras realizaba labores de poda. El accidente ocurrió en una vivienda particular en la Avenida de Cristóbal Colón. A las 17:00 horas, se recibió una llamada al 1-1-2 solicitando asistencia urgente, pero los servicios sanitarios no pudieron salvar su vida y confirmaron el fallecimiento en el lugar. La Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales han sido informados sobre el suceso.

Una alerta de suicidio de una menor en redes sociales llevó a la Policía Nacional a identificar y detener en menos de 24 horas a un groomer en Madrid. Este individuo, que se hacía pasar por un menor, captaba a niñas para obtener imágenes íntimas a cambio de dinero y amenazaba con difundir el contenido si no cumplían sus demandas. La investigación comenzó tras la publicación de la menor con intenciones suicidas, lo que llevó a los agentes a ofrecerle asistencia y localizar al acosador, quien había estado escondido en condiciones insalubres y tenía varias órdenes de búsqueda. Hasta ahora se han identificado cinco víctimas, y la investigación continúa abierta para encontrar más afectados.

La Guardia Civil ha detenido a un menor e investigado a un adulto tras un ataque contra agentes durante una concentración ilegal de motos en Jerez de la Frontera, Cádiz. En octubre, los participantes realizaron maniobras temerarias y agredieron a los guardias con piedras mientras amenazaban e insultaban. La intervención se produjo tras recibir avisos sobre carreras ilegales que ponían en riesgo la seguridad de más de 150 espectadores. Los detenidos enfrentan cargos por atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Este tipo de eventos se organizan a través de redes sociales, atrayendo a jóvenes para realizar acrobacias peligrosas.

El Partido Popular ha criticado duramente al presidente Pedro Sánchez tras la difusión de un vídeo iraní que muestra su imagen en misiles, calificando el hecho de "mayor deshonor". La oposición y el gobierno israelí han expresado su indignación, mientras que el Gobierno español ha calificado el vídeo de "poco afortunado" y defiende su posición sobre la guerra. Este episodio ha tensado las relaciones entre España e Israel, con acusaciones mutuas sobre la amenaza del régimen iraní.

En una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se han incautado 625 kilos de metanfetamina en Madrid, camuflados en un envío de aceite de coco procedente de México. La investigación comenzó el 19 de febrero tras identificar un envío sospechoso en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras confirmarse la presencia de sustancias estupefacientes, se establecieron vigilancias que llevaron a la detención de cinco individuos relacionados con la importación y custodia de la droga. Entre ellos se encontraba 'el notario', encargado de supervisar el transporte. Esta aprehensión representa un golpe significativo a las rutas de distribución de metanfetamina en España.