MUNDO INSÓLITO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. El director supuestamente exigió €10,225 de un contratista involucrado en un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director solicitó que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera directamente. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba el primer pago del soborno. Se han presentado cargos y se solicitará su detención preventiva. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la UE.

Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la justicia italiana en un caso de malos tratos a un menor, tras una denuncia presentada por la madre y el hermano del niño contra su padre. La Corte de Cagliari, Italia, es ahora la encargada de investigar los hechos, que presuntamente ocurrieron en ese país. A pesar de esta decisión, el juzgado granadino mantiene la suspensión provisional del regreso del menor a Italia. La medida se basa en regulaciones europeas que permiten tomar acciones para proteger a menores en riesgo. El proceso judicial continúa con recursos presentados por la parte demandante.

Tres presuntos patrones de patera han sido encarcelados en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por su implicación en ocho asesinatos y otros delitos graves. La decisión judicial se tomó el 13 de febrero de 2025, tras investigar un incidente ocurrido el 28 de diciembre de 2024 en una embarcación que llegó a El Hierro. Se sospecha que las víctimas fueron elegidas por su nacionalidad. El caso será transferido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde de El Hierro para continuar con las diligencias.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, habrían creado ocho empresas para obtener fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Aunque compraron 38 equipos de construcción, estos nunca se utilizaron según lo acordado y fueron vendidos en su lugar. La investigación, iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también incluye un caso de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.

La cooperación exitosa entre las autoridades de Noruega y Dinamarca a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de penas de prisión impuestas a 152 traficantes de drogas. Entre 2019 y 2024, Eurojust apoyó un equipo de investigación conjunta que desmanteló una red criminal responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas desde Marruecos a estos países. Se impusieron sentencias acumuladas de 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca, además de la incautación de más de 9,600 kilos de cannabis, 675 kilos de cocaína y otros estupefacientes. La operación, valorada en 15.6 millones de euros, destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para combatir el crimen organizado.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.

Eurojust ha lanzado un nuevo proyecto para combatir la impunidad por crímenes de guerra y genocidio más allá de la Unión Europea. Este esfuerzo busca reducir los 'refugios seguros' para los perpetradores de crímenes internacionales, fortaleciendo la cooperación con organizaciones de la sociedad civil y autoridades judiciales en países no pertenecientes a la UE. Con el aumento de conflictos armados y violaciones de derechos humanos, el proyecto Nacional Authorities against Impunity (IMPNA) se implementará durante cuatro años, desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2028, con el apoyo de la Comisión Europea. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la coordinación entre actores internacionales y locales para garantizar justicia para las víctimas.

Los Mossos d'Esquadra han detectado 159 casos de posible radicalización violenta en 2024, gracias a los protocolos de prevención de extremismos violentos #PREV. Estas detecciones se realizaron en etapas tempranas, evitando que se convirtieran en amenazas para la sociedad. A lo largo del año, se llevaron a cabo 200 jornadas formativas dirigidas a más de 5,000 profesionales de diversos sectores, con el objetivo de mejorar la identificación y prevención de estos procesos. Desde 2015, los Mossos han colaborado con otros departamentos del gobierno catalán para establecer una red de trabajo que promueva la cohesión social y la convivencia pacífica. La mayoría de los casos identificados están relacionados con el yihadismo y la ultraderecha. La lucha contra la radicalización violenta sigue siendo una prioridad para garantizar la seguridad en Cataluña.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.