Liberadas 45 personas que eran explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas en España. La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon una red de trata de seres humanos que operaba en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Las víctimas, principalmente migrantes de Nepal, Pakistán e India, vivían en condiciones infrahumanas y eran engañadas con falsas promesas de trabajo digno. Nueve personas han sido detenidas por delitos relacionados con la explotación laboral y la trata de seres humanos. La investigación comenzó tras detectar a temporeros en condiciones precarias en Ávila y ha revelado una organización criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los migrantes.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un patrón de patera a cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El acusado, de nacionalidad argelina, transportó a 13 personas desde Argelia a España en una embarcación insegura y sin titulación adecuada. Los migrantes pagaron entre 1.800 y 2.500 euros por el viaje clandestino, que se prolongó durante cuatro días debido a una avería. La sentencia es firme y no admite recurso.
El Gobierno establecerá un proceso extraordinario de regularización que podrá beneficiar a unas 100.000 personas. Según las agencias, Ecuador acoge a la quinta población refugiados y migrantes de Venezuela más grande en el continente americano.
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una de las mayores redes criminales asentadas en España especializadas en el tráfico ilícito de migrantes sirios y argelinos.
La Guardia Civil calcula que los detenidos habrían ganado hasta un millón de euros con las más de 100 víctimas que hasta el momento se han logrado identificar. Residentes en la provincia de Toledo, gestionaban mano de obra a nivel nacional y ofrecían sus servicios de intermediación principalmente a empresas agrícolas.
La organización criminal les entregaba un manual donde se explicaban los pasos a seguir desde que embarcaban hasta su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se hacían pasar por menores de edad y, tras romper el pasaporte en el interior del avión para solicitar asilo, ya no eran retenidas en el aeropuerto sino que las trasladaban a centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid a efectos de protección.
La Organización de la ONU para las Migraciones reporta 441 muertes de migrantes en el Mediterráneo central en el primer trimestre de 2023, lo que lo convierte en el período más mortífero desde 2017. La falta de una respuesta efectiva por parte de los Estados y los obstáculos a las ONG y a las embarcaciones privadas agravan la situación.
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Al menos siete mujeres, incluidas tres menores, han muerto tras el vuelco de un cayuco en La Restinga, El Hierro. Entre los rescatados, un niño y una niña están graves. Más de cien personas estaban a bordo. Las autoridades destacan la tensión y desesperación que provocan estos trágicos incidentes migratorios.
Han sido detenidas 34 personas en Madrid, incluidos los dos máximos responsables de la organización -que han ingresado en prisión provisional-, y dos miembros más han sido arrestados en Brasil y Republica Dominicana. Los migrantes superaban los controles fronterizos haciendo uso fraudulento de pasaportes españoles de terceras personas con las que guardaban parecido físico.
Arcópoli, la asociación que defiende los derechos del colectivo LGTBI+, ha vuelto a denunciar la alarmante situación que enfrentan las personas LGTBI+ migrantes y con necesidad de solicitar protección internacional al intentar acceder al sistema de asilo en España.
La Trata es una grave violación de los Derechos Humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de la persona y que afecta especialmente a mujeres, niños y niñas.
Los arrestados obligaron a los migrantes a saltar de una embarcación de alta velocidad amenazándolos con un arma blanca, a sabiendas de que la zona tenía fuertes corrientes y que muchos de ellos no sabían nadar. En un primer momento se recuperaron cuatro cuerpos sin vida, recuperando el quinto cuerpo días más tarde, debiendo ser identificado por ADN obtenido de sus familiares en Marruecos.
Dirigida desde Libia y España, contaba con células en Sudán, Liberia y Argelia, dedicándose también al tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales. La operación policial ha concluido con 15 detenidos, 14 en la provincia de Almería y uno en Málaga, decretándose el ingreso en prisión provisional para 13 de ellos.
Los líderes de las organizaciones son los presuntos responsables de la llegada a las costas de Lanzarote y Fuerteventura de seis pateras con 204 migrantes marroquíes. La red criminal cobraba a cada uno una media de 3.000 euros por lo que se estima un beneficio para la organización de más de 600.000 euros.
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