Una investigación revela la alarmante situación de los migrantes en Estados Unidos, donde agentes migratorios bajo la administración de Donald Trump detienen a personas en plena calle con violencia y sin identificarse. Estas acciones buscan cumplir una cuota diaria de 3.000 arrestos, afectando especialmente a trabajadores en lugares como parkings de comercios. Los abusos son comunes, incluyendo redadas en hogares y lugares de trabajo, con un enfoque en individuos vulnerables. La denuncia pone de manifiesto la falta de justificación y el aumento de la agresividad en estas operaciones.
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal en Palencia que facilitaba altas fraudulentas en la Seguridad Social a migrantes, principalmente de origen latinoamericano. La organización gestionó más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), logrando al menos 371 altas ilegales en la Seguridad Social. A través de canales cerrados, ofrecían citas a cambio de entre 300 y 500 euros, generando ingresos anuales superiores a 300.000 euros. Nueve personas han sido detenidas y se han incautado bienes valorados en efectivo y material informático relacionado con la actividad ilícita. Los implicados podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.
Al menos siete mujeres, incluidas tres menores, han muerto tras el vuelco de un cayuco en La Restinga, El Hierro. Entre los rescatados, un niño y una niña están graves. Más de cien personas estaban a bordo. Las autoridades destacan la tensión y desesperación que provocan estos trágicos incidentes migratorios.
Han sido detenidas 34 personas en Madrid, incluidos los dos máximos responsables de la organización -que han ingresado en prisión provisional-, y dos miembros más han sido arrestados en Brasil y Republica Dominicana. Los migrantes superaban los controles fronterizos haciendo uso fraudulento de pasaportes españoles de terceras personas con las que guardaban parecido físico.
Arcópoli, la asociación que defiende los derechos del colectivo LGTBI+, ha vuelto a denunciar la alarmante situación que enfrentan las personas LGTBI+ migrantes y con necesidad de solicitar protección internacional al intentar acceder al sistema de asilo en España.
La Trata es una grave violación de los Derechos Humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de la persona y que afecta especialmente a mujeres, niños y niñas.
Los arrestados obligaron a los migrantes a saltar de una embarcación de alta velocidad amenazándolos con un arma blanca, a sabiendas de que la zona tenía fuertes corrientes y que muchos de ellos no sabían nadar. En un primer momento se recuperaron cuatro cuerpos sin vida, recuperando el quinto cuerpo días más tarde, debiendo ser identificado por ADN obtenido de sus familiares en Marruecos.
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La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal en España que estafaba a migrantes en situación irregular, ofreciendo trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros. La organización manipulaba documentos para simular arraigos sociales, laborales y familiares, además de emitir resguardos falsos de protección internacional. La operación resultó en 12 detenidos y seis registros en varias provincias, tras una investigación que reveló la implicación de un funcionario municipal que facilitaba el acceso a procedimientos administrativos irregulares. Los estafadores aprovechaban la vulnerabilidad de sus víctimas, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros por los trámites fraudulentos.
Liberadas 45 personas que eran explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas en España. La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon una red de trata de seres humanos que operaba en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Las víctimas, principalmente migrantes de Nepal, Pakistán e India, vivían en condiciones infrahumanas y eran engañadas con falsas promesas de trabajo digno. Nueve personas han sido detenidas por delitos relacionados con la explotación laboral y la trata de seres humanos. La investigación comenzó tras detectar a temporeros en condiciones precarias en Ávila y ha revelado una organización criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los migrantes.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un patrón de patera a cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El acusado, de nacionalidad argelina, transportó a 13 personas desde Argelia a España en una embarcación insegura y sin titulación adecuada. Los migrantes pagaron entre 1.800 y 2.500 euros por el viaje clandestino, que se prolongó durante cuatro días debido a una avería. La sentencia es firme y no admite recurso.
El Gobierno establecerá un proceso extraordinario de regularización que podrá beneficiar a unas 100.000 personas. Según las agencias, Ecuador acoge a la quinta población refugiados y migrantes de Venezuela más grande en el continente americano.
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una de las mayores redes criminales asentadas en España especializadas en el tráfico ilícito de migrantes sirios y argelinos.
La Guardia Civil calcula que los detenidos habrían ganado hasta un millón de euros con las más de 100 víctimas que hasta el momento se han logrado identificar. Residentes en la provincia de Toledo, gestionaban mano de obra a nivel nacional y ofrecían sus servicios de intermediación principalmente a empresas agrícolas.
La organización criminal les entregaba un manual donde se explicaban los pasos a seguir desde que embarcaban hasta su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se hacían pasar por menores de edad y, tras romper el pasaporte en el interior del avión para solicitar asilo, ya no eran retenidas en el aeropuerto sino que las trasladaban a centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid a efectos de protección.
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