Subvenciones

Un individuo ha sido condenado en España por malversar fondos de la Unión Europea destinados a una cooperativa para desempleados. La sentencia, emitida el 28 de septiembre de 2026 por la Audiencia Nacional, impone al acusado seis meses de prisión y una prohibición de dos años para recibir subvenciones, además de obligarlo a pagar 95,000 euros en compensación a la Región de Murcia. El acusado, responsable de establecer la cooperativa, nunca fue miembro y defraudó a los integrantes al apropiarse de las ayudas económicas. Esta condena sigue una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO), que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Cuatro personas han sido arrestadas en Croacia bajo sospecha de fraude relacionado con subsidios destinados a la reparación de daños por un terremoto. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación tras descubrir que los acusados intentaron obtener ilegalmente aproximadamente 685,000 euros en ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD). Los sospechosos presentaron reclamaciones falsificadas sobre daños a sus invernaderos entre febrero y diciembre de 2021. Las solicitudes de apoyo no fueron pagadas después de que se verificara que los daños declarados no coincidían con la realidad. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluido un exfuncionario público de Croacia, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. Se les acusa de inflar el tamaño de sus granjas familiares para obtener indebidamente aproximadamente 77,000 euros del Fondo Agrícola Europeo. Durante la investigación, se reveló que el exfuncionario utilizó las credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos en el sistema. Hasta ahora, los acusados han devuelto parte del dinero defraudado. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales croatas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude en subsidios y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infancia que recibió más de 255,000 euros en fondos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, destinados a mejorar sus servicios. Se sospecha que los arrestados presentaron informes falsos para justificar pagos y que la dueña del jardín exigió a su personal devolver parte de sus salarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.