Agricultura

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluido un exfuncionario público de Croacia, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. Se les acusa de inflar el tamaño de sus granjas familiares para obtener indebidamente aproximadamente 77,000 euros del Fondo Agrícola Europeo. Durante la investigación, se reveló que el exfuncionario utilizó las credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos en el sistema. Hasta ahora, los acusados han devuelto parte del dinero defraudado. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales croatas.

El sufrimiento de los gazatíes se intensifica debido a los crecientes ataques israelíes, mientras los equipos humanitarios advierten sobre la insuficiencia de la ayuda recibida. La agencia de agricultura y alimentación informa que menos del 5% de las tierras de cultivo en Gaza están disponibles, lo que agrava la crisis humanitaria.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.