La Fiscalía Europea investiga en Siracusa, Italia, una presunta trama de corrupción y direccionamiento de contratos públicos, incluido un proyecto financiado por la UE para ampliar el alojamiento de trabajadores agrícolas temporeros en Cassibile. Un juez ordenó medidas cautelares contra siete personas: prisión preventiva para un agente de los Carabinieri, arresto domiciliario para un político local y un empresario, y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con solicitudes de financiación pública durante 12 meses para otras cuatro. La investigación señala presuntos pagos y contratos dirigidos a empresas favorecidas desde 2023. El municipio recibió aproximadamente 1,67 millones de euros para el proyecto. Las personas investigadas se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
El presidente de una asociación de apicultores de Canarias fue condenado por fraude en la obtención de subvenciones. La Audiencia Nacional le impuso seis meses de prisión con suspensión de la pena y nueve meses de prohibición de recibir subvenciones. La causa incluyó solicitudes de pago por 34.441 euros justificadas con facturas falsas y facturas de empresas no autorizadas para suministrar medicamentos veterinarios; antes del juicio, el acusado reconoció los hechos y devolvió el importe íntegro. La sentencia es firme.
Un individuo ha sido condenado en España por malversar fondos de la Unión Europea destinados a una cooperativa para desempleados. La sentencia, emitida el 28 de septiembre de 2026 por la Audiencia Nacional, impone al acusado seis meses de prisión y una prohibición de dos años para recibir subvenciones, además de obligarlo a pagar 95,000 euros en compensación a la Región de Murcia. El acusado, responsable de establecer la cooperativa, nunca fue miembro y defraudó a los integrantes al apropiarse de las ayudas económicas. Esta condena sigue una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO), que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.
El 21 de enero de 2026, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb, Croacia, junto con el Departamento de Policía de Dubrovačko-Neretvanska, llevó a cabo acciones urgentes relacionadas con cinco individuos y tres entidades legales sospechosas de fraude en subsidios y falsificación de documentos. Estas acciones están vinculadas a proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Tras interrogar a los sospechosos, la EPPO determinará los pasos a seguir y comunicará más detalles al público en el futuro. Se recuerda que todos los involucrados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales croatas.
Tres individuos y tres empresas han sido condenados en Chequia por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con fondos de investigación sobre nanobots. La sentencia fue emitida por el Tribunal Regional de Praga tras una investigación del Fiscal Público Europeo. Los acusados presentaron solicitudes de financiación sin intención de llevar a cabo los proyectos, utilizando documentación falsa para justificar las subvenciones. El principal condenado recibió ocho años de prisión y se le prohibió gestionar empresas durante siete años. Además, se ordenó la confiscación de activos, incluyendo una colección de trenes en miniatura valorada en 600,000 euros.
La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una operación que resultó en el embargo de cuentas bancarias en la República Dominicana y Perú, en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA de 25 millones de euros relacionado con el comercio de equipos informáticos. Esta acción se enmarca dentro de una red criminal que tiene conexiones con América Latina. La investigación, que también ha implicado la obtención de información de Uruguay, ha llevado a la detención de 24 personas en España y se centra en el uso indebido de normativas fiscales europeas para obtener devoluciones fraudulentas del IVA. La cooperación internacional ha sido clave para el éxito de estas medidas.
Dos personas fueron arrestadas en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO), reveló un esquema de carrousel de IVA donde las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir impuestos. Las autoridades congelaron activos por el monto mencionado y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. Este caso destaca la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
|
El Tribunal Supremo de Lituania confirmó las condenas de dos exagentes de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por contrabando de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia. También mantuvo la condena de los agentes por abuso de autoridad y la obligación de pagar más de 9,7 millones de euros en daños a las autoridades aduaneras. La sentencia es firme y no admite recurso.
Una empresa y su director han sido condenados en España por declarar costos salariales ya cubiertos por subvenciones nacionales como gastos de un proyecto financiado por la UE. La Fiscalía Europea (EPPO) acusó a los implicados de obtener un beneficio económico indebido al imputar salarios de empleados, que recibían ayudas del Gobierno de Navarra, al proyecto del programa Horizonte 2020. La sentencia del 5 de octubre de 2026 impuso al director una multa y a la empresa una sanción económica, además de prohibirle recibir subvenciones durante nueve meses. El daño total causado se estima en 26,000 euros.
Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia, con el fin de obtener fraudulentamente 69,751.40 euros. La sentencia fue emitida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid. El individuo utilizó información obtenida de un tercero para solicitar que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria que controlaba. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y reembolsar el monto obtenido ilegalmente. Esta es la primera condena en este tipo de casos investigados por la EPPO en España y está sujeta a apelación.
Dos sospechosos fueron arrestados en Italia y se congelaron fondos por un total de 5 millones de euros en una investigación sobre el uso fraudulento de fondos destinados a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó estas acciones, que se llevaron a cabo por la Guardia di Finanza en varias ciudades italianas. Las empresas implicadas habrían recibido fraudulentamente estos fondos entre junio de 2021 y octubre de 2024, utilizando documentación falsa. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en varios Estados miembros de la UE para su blanqueo. Algunos sospechosos ya estaban relacionados con otros casos de fraude investigados por la EPPO.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Lituania por fraude de subsidios relacionados con un proyecto financiado por la UE para ofrecer servicios móviles de reparación de automóviles en áreas rurales. Se sospecha que un ciudadano lituano y una ONG desviaron más de 150,000 euros destinados a este fin, utilizando el equipo para participar en eventos de motor, como el Rally Dakar. Los acusados enfrentan penas de hasta cuatro años de prisión si son hallados culpables.
El 5 de mayo de 2025, los fiscales europeos de Polonia y Suecia prestaron juramento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Estos fiscales, Grażyna Stronikowska y Martin Bresman, fueron nombrados recientemente para la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) por el Consejo de la UE, tras la decisión de ambos países de unirse a esta institución. Su mandato es no renovable y tiene una duración de seis años. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kӧvesi, destacó la importancia de esta expansión del EPPO, resaltando que representa un avance en la lucha contra el crimen financiero en Europa. La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal y blanqueo de capitales, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA a través del comercio de bienes electrónicos, se desarrolla rápidamente, con la acusación presentada solo dos meses después de la detención del acusado. La investigación ha implicado operaciones en 16 países y se sospecha que más de 400 empresas están vinculadas a este complejo esquema fraudulento. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por blanqueo de capitales.
|
