A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Palermo, un juez ordenó medidas cautelares contra siete personas sospechosas de participar en una asociación criminal relacionada con presuntos casos de corrupción y manipulación de contratos públicos en Siracusa. Entre los contratos investigados figura un proyecto financiado por la UE para ampliar el alojamiento de trabajadores agrícolas temporeros en Cassibile, Sicilia.
Las medidas fueron dictadas el 12 de octubre por el juez de instrucción del Tribunal de Siracusa. Incluyen prisión preventiva para un agente de los Carabinieri, arresto domiciliario para un político local y un empresario de la construcción, y la prohibición durante 12 meses de realizar actividades empresariales relacionadas con solicitudes de financiación europea o nacional para otras cuatro personas.
Además, el juez citó a declarar a otro sospechoso, un funcionario municipal, antes de decidir sobre la medida cautelar solicitada. La investigación está dirigida por la EPPO y la lleva a cabo la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales de la Policía Estatal italiana (D.I.G.O.S.) en Siracusa.
Contratos bajo investigación
La pesquisa se centra en una presunta asociación en la que participarían funcionarios públicos, un agente de los Carabinieri y empresarios de la construcción. Según la investigación, desde 2023 el grupo habría orientado contratos públicos hacia empresas favorecidas a cambio de sobornos y apoyo político.
El proyecto europeo investigado prevé ampliar un albergue para trabajadores agrícolas temporeros, con el objetivo de atender sus necesidades de alojamiento y combatir la explotación laboral. El Ayuntamiento de Siracusa recibió aproximadamente 1,67 millones de euros para esta iniciativa, en el marco del Programa Operativo Nacional italiano «Legalidad» 2014-2020, respaldado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).
De acuerdo con la investigación, los contratos públicos se habrían dividido artificialmente, faltarían garantías y documentación exigidas, y se habrían efectuado pagos pese a que había vencido el certificado de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.
Pagos presuntos y apoyo electoral
Las pruebas apuntarían a pagos en efectivo a funcionarios públicos y otras personas. Entre ellos, se investiga un pago de 10.000 euros al político local y pagos regulares al agente de los Carabinieri vinculados a contratos de obras públicas.
En otro presunto acuerdo de tráfico de influencias, se habría prometido a intermediarios el 7 % del valor de los contratos obtenidos, además de 5.000 euros. La investigación también examina supuestos pagos para conseguir apoyo electoral, incluidas promesas de empleo en una empresa municipal de servicios de residuos a cambio de votos.
Todas las personas afectadas se presumen inocentes hasta que los tribunales italianos competentes demuestren su culpabilidad.
La EPPO es la fiscalía independiente de la Unión Europea, responsable de investigar, perseguir y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la UE.
La noticia en cifras
| Cifra |
Hecho descrito |
| 7 personas |
Personas sospechosas contra las que se ordenaron medidas cautelares. |
| 12 de octubre |
Fecha en que se dictaron las medidas cautelares. |
| 12 meses |
Duración de la prohibición de realizar actividades empresariales relacionadas con solicitudes de financiación de la UE o nacional, impuesta a cuatro personas. |
| Desde 2023 |
Periodo en que, según la investigación, el grupo habría dirigido contratos públicos a empresas favorecidas a cambio de sobornos y apoyo político. |
| Aproximadamente 1,67 millones de euros |
Importe recibido por el municipio de Siracusa para el proyecto investigado de ampliación de un albergue para trabajadores agrícolas temporeros. |
| 2014–2020 |
Periodo del Programa Operativo Nacional «Legalidad» al que se asignó la financiación del proyecto. |
| 10 000 euros |
Pago que, según las pruebas citadas por la investigación, se habría realizado a la figura política local. |
| 7 % más 5 000 euros |
Remuneración que, según la investigación, se habría prometido a intermediarios en un presunto acuerdo de tráfico de influencias. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué investiga la Fiscalía Europea en Siracusa?
Una presunta asociación criminal que, desde 2023, habría dirigido contratos públicos a empresas favorecidas a cambio de sobornos y apoyo político. La investigación incluye un proyecto financiado por la UE para ampliar el alojamiento de trabajadores agrícolas temporeros en Cassibile.
¿Qué medidas cautelares se han ordenado?
Un juez ordenó prisión preventiva para un agente de los Carabinieri, arresto domiciliario para una figura política local y un empresario de la construcción, y una prohibición de 12 meses para realizar actividades empresariales relacionadas con solicitudes de financiación de la UE o nacional para otras cuatro personas. Además, citó a otro sospechoso, un funcionario municipal, para interrogarlo antes de decidir sobre la medida solicitada.
¿Cuánto recibió el municipio para el proyecto investigado?
El Ayuntamiento de Siracusa recibió aproximadamente 1,67 millones de euros del Programa Operativo Nacional italiano «Legalidad» 2014-2020, con apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo. El proyecto prevé ampliar un albergue para trabajadores agrícolas temporeros.
¿Qué irregularidades se alegan?
La investigación señala presuntos fraccionamientos artificiales de contratos, falta de garantías y documentación requeridas, y pagos realizados pese a que había expirado un certificado de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. También se investigan presuntos pagos a funcionarios y otras personas.
¿Se ha probado la culpabilidad de las personas investigadas?
No. Todas las personas concernidas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales italianos competentes.
Si (
No(
