EPPO

La investigación Calypso, liderada por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), ha llevado a cabo una subasta pública en Francia donde se han vendido más de 10,000 bicicletas eléctricas y scooters confiscados, generando ingresos de 1,853,800 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes criminales que evaden impuestos y cometen fraude a gran escala en la importación de bienes desde China a la UE. Se estima que estas actividades ilegales han causado pérdidas de al menos 350 millones de euros en derechos de aduana y 450 millones en IVA durante los últimos ocho años. La subasta fue organizada por la Agencia Francesa para la Recuperación y Gestión de Bienes Sancionados (AGRASC) y se espera que los fondos sean redistribuidos tras un juicio final.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo 19 registros en Rumanía en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionado con proyectos de TI financiados por la UE, valorados en 7 millones de euros. La investigación abarca 29 proyectos bajo el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, que incluyen servicios de consultoría y soluciones de infraestructura en la nube para autoridades locales. Se sospecha que una red criminal manipuló los procedimientos de contratación para favorecer a proveedores seleccionados, utilizando documentación similar entre diferentes empresas y presentando documentos falsos o incompletos durante las licitaciones. La EPPO realiza esta acción con el apoyo de diversas fuerzas policiales rumanas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales rumanos.

La investigación 'Gummy Bear', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), ha llevado a cabo búsquedas coordinadas en Brasil, Bélgica y Alemania en relación con un presunto esquema de evasión aduanera vinculado a las importaciones de gelatina. Se sospecha que una empresa alemana, que importa colágeno desde Brasil, subestimó el valor de los materiales para reducir sus obligaciones fiscales, lo que podría haber generado pérdidas en derechos de aduana por aproximadamente 285,000 euros entre 2021 y 2023. Las autoridades brasileñas y alemanas colaboraron en la operación, que incluyó la incautación de documentos y evidencia electrónica. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha acusado a seis individuos en Italia por fraude relacionado con un proyecto de movilidad sostenible financiado por la UE. El caso involucra fondos del programa LIFE, destinados a promover el uso de vehículos eléctricos en municipios toscanos como Isola del Giglio y Monte Argentario. La investigación revela que los acusados desviaron una parte significativa de los fondos, con un 70% del presupuesto destinado a costos de personal no relacionados con el proyecto. Se previno el pago de una última cuota de 852,549 euros gracias a estas indagaciones, que incluyeron múltiples registros y análisis de documentación. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a cinco sospechosos en Chequia, presuntos líderes de una red criminal dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de auriculares inalámbricos. Esta operación, denominada 'Echo', ha permitido también la incautación de activos en Chequia, Alemania y Lituania. Los detenidos son acusados de haber causado un perjuicio estimado de 20 millones de euros entre 2019 y 2023 mediante un esquema que aprovechaba las normativas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. La investigación cuenta con el apoyo de diversas autoridades nacionales y sigue en curso para identificar a otros implicados.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una investigación sobre un fraude fiscal de IVA de €33 millones relacionado con la importación de ropa desde China a la UE. En Milán, se han ordenado arrestos domiciliarios para dos sospechosos, un matrimonio chino que controlaba varias empresas implicadas en un esquema de fraude conocido como "carousel". Desde 2019, estas empresas evadieron impuestos al introducir ilegalmente mercancías en Italia y revenderlas sin pagar el IVA correspondiente. La operación ha resultado en la incautación de activos, aunque su ejecución ha sido limitada debido a la falta de fondos atribuibles a los sospechosos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos en Praga contra seis personas, incluyendo una empresa, por un fraude fiscal de más de 17.4 millones de euros en relación con la importación de bienes desde China. Los acusados están implicados en un esquema que involucraba la declaración falsa de suministros a empresas ficticias en otros Estados miembros de la UE, mientras que los productos eran realmente distribuidos a centros logísticos para su venta en el mercado europeo. Cuatro de los acusados enfrentan penas de prisión de hasta 13 años y cuatro meses, mientras que el quinto podría recibir entre dos y ocho años. La investigación fue llevada a cabo junto con la Policía Checa contra el crimen organizado. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra 22 personas, incluidos cuatro miembros actuales del Parlamento Helénico, en una investigación sobre un supuesto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Las acusaciones incluyen abuso de confianza y gestión ilegal de fondos de la UE. Se han desestimado las alegaciones contra otros siete miembros del Parlamento por falta de pruebas suficientes. Las investigaciones revelan patrones de corrupción en la administración de los fondos agrícolas de la UE, con posibles penas de hasta cinco años de prisión para los implicados. La EPPO continúa investigando otros casos relacionados.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.