La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra 22 personas, incluidos cuatro miembros actuales del Parlamento Helénico, en una investigación sobre un supuesto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Las acusaciones incluyen abuso de confianza y gestión ilegal de fondos de la UE. Se han desestimado las alegaciones contra otros siete miembros del Parlamento por falta de pruebas suficientes. Las investigaciones revelan patrones de corrupción en la administración de los fondos agrícolas de la UE, con posibles penas de hasta cinco años de prisión para los implicados. La EPPO continúa investigando otros casos relacionados.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Italia que resultó en la incautación de activos por más de 23.5 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios italianos ejecutaron órdenes judiciales que permitieron asegurar hasta 60 millones de euros en activos, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. El esquema fraudulento involucraba la venta de más de 188 millones de litros de diesel y gasolina sin pagar los impuestos correspondientes, lo que distorsionó significativamente la competencia en el mercado. Se estima que las devoluciones fraudulentas de IVA entre 2023 y 2025 causaron daños por un total aproximado de 60 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.
El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de activos adicionales por valor de más de 6 millones de euros en una investigación sobre un fraude fiscal de IVA que asciende a 42,8 millones. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo 16 registros y arrestó a dos sospechosos en varias provincias italianas. Se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con seis empresas involucradas. Este caso implica un esquema criminal que aprovechaba las reglas de exención del IVA en transacciones intracomunitarias, permitiendo la importación fraudulenta de más de 1,700 vehículos desde Alemania.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha acusado a seis individuos en Italia por fraude relacionado con un proyecto de movilidad sostenible financiado por la UE. El caso involucra fondos del programa LIFE, destinados a promover el uso de vehículos eléctricos en municipios toscanos como Isola del Giglio y Monte Argentario. La investigación revela que los acusados desviaron una parte significativa de los fondos, con un 70% del presupuesto destinado a costos de personal no relacionados con el proyecto. Se previno el pago de una última cuota de 852,549 euros gracias a estas indagaciones, que incluyeron múltiples registros y análisis de documentación. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales italianos.
El 7 de julio de 2026, el Tribunal del Condado de Zagreb emitió la primera sentencia en un caso de corrupción y mal uso de fondos de la UE que involucra al Ministerio de Cultura y la Facultad de Geodesia en Croacia. Diez individuos fueron condenados tras una acusación del Fiscal Público Europeo (EPPO) por manipular procedimientos de contratación pública relacionados con proyectos financiados por la UE, causando un daño estimado de 2.8 millones de euros. Los acusados, que incluyen a un exviceministro y un exdecanato, admitieron su culpabilidad en varios delitos, resultando en penas que van desde trabajos comunitarios hasta sentencias suspendidas. Las investigaciones continúan para otros 19 implicados en el esquema fraudulento.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Chequia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con subsidios para la formación laboral, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación. Las autoridades realizaron 32 búsquedas entre el 10 y el 11 de junio de 2026, iniciando procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas por fraude de subsidios. Se sospecha que los acusados presentaron información falsa sobre actividades de capacitación en tecnología de la información, causando un daño estimado al presupuesto de la UE de aproximadamente 268,000 euros. Además, se intentó obtener beneficios indebidos por cerca de 161,000 euros. Durante las búsquedas, se incautaron activos valorados en alrededor de 800,000 euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales checos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la operación "Nebula", resultando en la detención de siete sospechosos vinculados a un grupo criminal organizado que perpetró un fraude fiscal de más de 78 millones de euros en el IVA. La investigación, que abarca Italia y Croacia, revela una red que adquiría productos de higiene y electrónicos exentos de IVA para revenderlos a empresas fantasma, evadiendo así impuestos. Dos de los líderes del esquema han sido encarcelados, mientras que otros cuatro están bajo arresto domiciliario. Esta acción sigue a una gran operación realizada en noviembre de 2025 que desmanteló parte de esta red delictiva.
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