La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado la condena de cuatro individuos por un caso de intento de fraude de subsidios, evitando la entrega ilegal de casi 2.6 millones de euros en fondos de la UE. El tribunal regional de Vilnius impuso una multa total de 103,200 euros a los acusados, quienes se declararon culpables de fraude y falsificación documental. El caso involucraba a una empresa que recibió fondos para desarrollar tecnologías para producir film biodegradable, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en la UE. La investigación reveló que los acusados presentaron documentos falsificados y datos engañosos sobre costos y proveedores. Las autoridades han detenido a sospechosos y continúan investigando a otros posibles implicados en el esquema fraudulento.
Se han detectado mensajes fraudulentos que suplantan a miembros del personal de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estos engaños utilizan el logo y los datos de contacto de la EPPO y otras organizaciones de la UE. Se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos ante cualquier mensaje no solicitado, verificar siempre la información y no compartir datos personales ni realizar pagos. La EPPO se comunica principalmente a través de canales oficiales y no contacta a los ciudadanos sin una solicitud previa. Si se reciben mensajes sospechosos, es crucial eliminarlos y reportar cualquier actividad dudosa a las autoridades correspondientes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de contrabando de tabaco que operaba en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido. La operación, denominada 'Borotalco', resultó en múltiples arrestos y la incautación de más de 40 toneladas de productos de tabaco ilícitos. La investigación se inició tras detectar movimientos sospechosos en el puerto de Génova, revelando una organización criminal transnacional con conexiones en Europa, África y Asia. Se utilizaban rutas marítimas para evadir inspecciones aduaneras, declarando los productos como materiales de construcción. Se han ordenado medidas de detención preventiva para cinco sospechosos y se han confiscado activos valorados en aproximadamente 2.5 millones de euros. Esta acción destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una importante operación en Italia, donde se confiscó una fábrica clandestina de cigarrillos y 21.5 toneladas de tabaco y cigarrillos en la provincia de Padova. La Guardia di Finanza encontró un sitio industrial con capacidad para producir hasta 2 millones de cigarrillos diarios, valorado en más de 1 millón de euros. Durante la intervención, tres ciudadanos moldavos fueron detenidos por posesión de tabaco procesado de contrabando y falsificación de marcas. La operación, resultado de meses de investigación, evitó pérdidas fiscales estimadas en más de 1.3 millones de euros al presupuesto nacional y europeo. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal en Croacia e Italia, vinculada a un grupo criminal organizado que operaba en el comercio de productos electrónicos y de higiene. La operación resultó en la detención de seis sospechosos en Croacia y varios arrestos en Italia, con un daño estimado de más de 78 millones de euros en IVA no pagado. Se han congelado propiedades y vehículos por un valor total de 650,000 euros en Croacia, mientras que en Italia se han bloqueado activos por 33 millones de euros. Esta investigación marca un hito al ser el primer caso multimillonario de fraude fiscal descubierto en Croacia por la EPPO.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía sobre presunta corrupción y fraude en la adquisición de equipos médicos, con operaciones realizadas en Bucarest, Brașov y Mureș. La indagación se centra en un procedimiento de contratación pública valorado en aproximadamente 1.5 millones de euros, relacionado con la pandemia de Covid-19 en 2021. Se sospecha que se favoreció a una empresa específica mediante especificaciones del concurso y que representantes de esta ofrecieron sobornos a funcionarios públicos para manipular el proceso de adquisición. Durante las búsquedas, se recolectaron documentos y dispositivos electrónicos como evidencia. La EPPO, responsable de proteger los intereses financieros de la UE, cuenta con el apoyo de diversas autoridades rumanas en esta operación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una nueva investigación en Polonia sobre posibles irregularidades en el programa "Czyste Powietrze" (Clean Air Programme). Esta investigación, que involucra registros en instituciones públicas a nivel nacional y provincial, busca determinar si hubo actividades ilegales que permitieron a contratistas deshonestos obtener fondos fraudulentamente, perjudicando a miles de beneficiarios. El programa, cofinanciado por la Agencia Europea CINEA, tiene como objetivo financiar la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes y mejorar la eficiencia energética en viviendas. La EPPO cuenta con el apoyo de la Central Anticorrupción y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en esta indagación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en varios países de la UE contra una organización criminal sospechosa de orquestar un fraude fiscal por valor de más de 103 millones de euros mediante la venta de coches de lujo. En esta investigación, conocida como "Emily", se detuvieron a nueve sospechosos y se realizaron más de 150 registros en países como Alemania, Chequia y Austria. Los implicados utilizaban cadenas comerciales complejas y empresas ficticias para evadir el IVA, permitiendo que algunos comerciantes reclamaran reembolsos indebidos. La operación destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado en Europa.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha desmantelado una organización criminal en Sicilia implicada en un fraude de fondos agrícolas que causó daños estimados en más de 1.4 millones de euros. En la operación, un sospechoso fue arrestado y otros cinco enfrentan medidas coercitivas. La investigación reveló que entre 2018 y 2022, el grupo creó empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC). Se han congelado activos por valor de 60,000 euros y se investiga a 23 personas adicionales por fraude y blanqueo de capitales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación en el Puerto de Amberes por sospechas de fraude aduanero, corrupción y falsificación de documentos. En esta operación, que se llevó a cabo el 20 de enero de 2026, se realizaron siete registros, se arrestaron a tres personas y se incautaron varias cuentas bancarias y efectivo. Se estima que la trama de fraude aduanero, en la que están implicados un funcionario de aduanas y dos gerentes de empresas, ha causado pérdidas en derechos de importación superiores a 11.3 millones de euros. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Administración General de Aduanas y Derechos Indirectos de Bélgica.
MUNDO INSÓLITO: La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas y en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, como parte de una investigación sobre presuntos fraudes relacionados con un programa de formación financiado por la UE para diplomáticos junior. Se sospecha que hubo violaciones en el proceso de licitación, incluyendo la posible filtración de información confidencial a uno de los candidatos. Tres personas han sido detenidas y la investigación sigue su curso para determinar si se han cometido delitos como fraude en la contratación y corrupción.
En un operativo coordinado por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) en París, se han confiscado más de 2.4 millones de euros a una empresa francesa dedicada a la importación de zapatos desde China, bajo sospecha de fraude aduanero. La acción judicial incluye la incautación de propiedades y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con los directivos de la compañía. Se investiga a esta y otra empresa por delitos como fraude aduanero y blanqueo de capitales, tras detectar que habían declarado información falsa en más de 440 importaciones desde 2018, lo que les permitió evadir alrededor de 6.5 millones de euros en derechos de aduana y VAT. La investigación fue iniciada por la Dirección Nacional del Rincón e Investigaciones Aduaneras (DNRED) en Francia.
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