EPPO

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha incautado hasta 4 millones de euros en una investigación sobre fraude relacionado con subsidios agrícolas en la isla de Réunion, Francia. A solicitud de la EPPO en París, se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado propiedades vinculadas a representantes de una empresa privada que supuestamente tomaron el control fraudulento de una cooperativa de productores de frutas y verduras para obtener subsidios de la UE. Los fondos, destinados a la agricultura en regiones ultraperiféricas, fueron desviados entre 2019 y 2024. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una organización criminal que supuestamente vendió más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos, causando pérdidas estimadas de 300 millones de euros a consumidores de la UE y una evasión fiscal de más de 30 millones en varios Estados miembros. La operación, denominada 'Troja', incluyó más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, resultando en siete arrestos, incluidos los líderes del grupo. La investigación reveló que la organización ensamblaba teléfonos con componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, para luego venderlos fraudulentamente en Europa.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo registros en Nápoles, Italia, en el marco de una investigación sobre corrupción relacionada con un proyecto de remediación de un vertedero financiado por la UE. Este proyecto, valorado en 3.67 millones de euros y ubicado en Piano Borea, Benevento, ha suscitado sospechas sobre la participación de funcionarios públicos y representantes de empresas en un esquema de corrupción que implicaba beneficios indebidos a cambio de trato favorable en la gestión del contrato. La investigación se originó a partir de información obtenida durante otra indagación criminal y está coordinada con la Fiscalía de Benevento, que también investiga delitos similares vinculados a fondos nacionales y regionales. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude de subsidios relacionados con la construcción de una planta de producción de briquetas. La investigación reveló que los acusados malversaron fondos de la UE destinados a este proyecto, comprando máquinas usadas a precios inflados y solicitando subsidios bajo falsas pretensiones. Se estima que el fraude generó beneficios indebidos por un total de más de 800,000 euros. Los acusados enfrentan penas de prisión de uno a diez años si son declarados culpables.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026 una serie de registros y arrestos en una investigación sobre un supuesto fraude fiscal de IVA que podría superar los 60 millones de euros. Esta operación, denominada "Money Cat", se centra en una organización criminal que operaba en varios Estados miembros de la UE, incluyendo Alemania, Francia y Bélgica. Se realizaron búsquedas en 20 residencias y locales comerciales, resultando en la detención de dos sospechosos y la incautación de bienes valorados en aproximadamente 300,000 euros. La investigación revela el uso de empresas ficticias y redes para evadir el pago del IVA mediante transacciones transfronterizas.

La investigación Calypso, liderada por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), ha llevado a cabo una subasta pública en Francia donde se han vendido más de 10,000 bicicletas eléctricas y scooters confiscados, generando ingresos de 1,853,800 euros. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes criminales que evaden impuestos y cometen fraude a gran escala en la importación de bienes desde China a la UE. Se estima que estas actividades ilegales han causado pérdidas de al menos 350 millones de euros en derechos de aduana y 450 millones en IVA durante los últimos ocho años. La subasta fue organizada por la Agencia Francesa para la Recuperación y Gestión de Bienes Sancionados (AGRASC) y se espera que los fondos sean redistribuidos tras un juicio final.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo 19 registros en Rumanía en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionado con proyectos de TI financiados por la UE, valorados en 7 millones de euros. La investigación abarca 29 proyectos bajo el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, que incluyen servicios de consultoría y soluciones de infraestructura en la nube para autoridades locales. Se sospecha que una red criminal manipuló los procedimientos de contratación para favorecer a proveedores seleccionados, utilizando documentación similar entre diferentes empresas y presentando documentos falsos o incompletos durante las licitaciones. La EPPO realiza esta acción con el apoyo de diversas fuerzas policiales rumanas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales rumanos.

Cuatro personas han sido arrestadas en Croacia bajo sospecha de fraude relacionado con subsidios destinados a la reparación de daños por un terremoto. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación tras descubrir que los acusados intentaron obtener ilegalmente aproximadamente 685,000 euros en ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD). Los sospechosos presentaron reclamaciones falsificadas sobre daños a sus invernaderos entre febrero y diciembre de 2021. Las solicitudes de apoyo no fueron pagadas después de que se verificara que los daños declarados no coincidían con la realidad. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Italia en relación con una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado a cursos de formación laboral ficticios. La Guardia di Finanza, tras una auditoría fiscal en 2025, descubrió que una cooperativa había emitido facturas por formaciones que nunca se realizaron, obteniendo más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevo Skills, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, se reclamaron indebidamente 500,000 euros en créditos fiscales relacionados con la formación de empleados. La investigación también está relacionada con posibles delitos de quiebra y ha resultado en el congelamiento urgente de 6 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un nuevo sospechoso en la investigación 'Escape Room', relacionada con redes criminales que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo vinculados a la venta de dispositivos electrónicos. El arresto, llevado a cabo en Rotterdam, se produjo tras la detención de ocho sospechosos en 2025. Se han confiscado activos valorados en 3.5 millones de euros, incluyendo bienes raíces y cuentas bancarias. El sospechoso es acusado de actuar como intermediario en un esquema fraudulento que causó daños significativos a las administraciones fiscales de los Países Bajos y Bélgica. La investigación abarca varios países europeos y revela el uso de empresas ficticias para evadir impuestos y reclamar reembolsos indebidos de IVA.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra dos individuos en París por un presunto fraude de 240,000 euros en fondos ERASMUS+. Los acusados, residentes en Alemania y Suiza, están vinculados a un proyecto educativo sobre la alfabetización infantil que recibió financiación entre 2016 y 2019. Se sospecha que utilizaron una organización sin fines de lucro para obtener fondos europeos sin cumplir con las condiciones del acuerdo de subvención, incluyendo la presentación de documentos falsificados. Si son condenados, podrían enfrentar hasta siete años de prisión y multas de hasta 750,000 euros.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a cinco sospechosos en Chequia, presuntos líderes de una red criminal dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de auriculares inalámbricos. Esta operación, denominada 'Echo', ha permitido también la incautación de activos en Chequia, Alemania y Lituania. Los detenidos son acusados de haber causado un perjuicio estimado de 20 millones de euros entre 2019 y 2023 mediante un esquema que aprovechaba las normativas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. La investigación cuenta con el apoyo de diversas autoridades nacionales y sigue en curso para identificar a otros implicados.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una investigación sobre un fraude fiscal de IVA de €33 millones relacionado con la importación de ropa desde China a la UE. En Milán, se han ordenado arrestos domiciliarios para dos sospechosos, un matrimonio chino que controlaba varias empresas implicadas en un esquema de fraude conocido como "carousel". Desde 2019, estas empresas evadieron impuestos al introducir ilegalmente mercancías en Italia y revenderlas sin pagar el IVA correspondiente. La operación ha resultado en la incautación de activos, aunque su ejecución ha sido limitada debido a la falta de fondos atribuibles a los sospechosos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.