www.elcaso.net

EPPO

19/06/2025@18:23:53

Bulgaria ha llevado a cabo varias búsquedas en el marco de una investigación sobre corrupción pasiva y abuso de poder relacionados con fondos europeos para la pesca. La acción, realizada por la Policía Nacional búlgara bajo la dirección de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), se centró en residencias y oficinas en Sofía y Oryahovo. Se sospecha que funcionarios del Ministerio de Agricultura y Alimentación, responsables de gestionar estos fondos, solicitaron sobornos a cambio de la aprobación de pagos para proyectos pesqueros. La investigación incluye casos de sobreprecio en contratos y manipulación de evaluaciones de proyectos.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo múltiples registros en Bragança, Portugal, como parte de una investigación sobre sospechas de fraude relacionadas con la construcción de una zona industrial financiada por la UE. Las operaciones incluyeron búsquedas en el ayuntamiento y en varias viviendas y empresas bajo investigación, vinculadas a proyectos que recibieron 3.4 millones de euros en fondos europeos. Se investigan posibles delitos como fraude de subvenciones, corrupción y violaciones de normativas urbanísticas. La investigación sigue su curso para determinar si se han cometido infracciones penales.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Se les imputa haber utilizado documentos falsificados para recibir pagos indebidos y ocultar el rastro del dinero ilegal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas significativas. Esta acción subraya el compromiso de la EPPO en la lucha contra delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

El 5 de mayo de 2025, los fiscales europeos de Polonia y Suecia prestaron juramento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Estos fiscales, Grażyna Stronikowska y Martin Bresman, fueron nombrados recientemente para la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) por el Consejo de la UE, tras la decisión de ambos países de unirse a esta institución. Su mandato es no renovable y tiene una duración de seis años. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kӧvesi, destacó la importancia de esta expansión del EPPO, resaltando que representa un avance en la lucha contra el crimen financiero en Europa. La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado una acusación contra dos individuos y una empresa por fraude de subsidios relacionados con fondos agrícolas de la UE. La investigación se centra en la modernización de almacenes de frutas valorada en más de 500,000 euros, cofinanciada por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD). Entre mayo de 2018 y junio de 2020, los acusados presentaron información falsa en la solicitud de pago, lo que resultó en pagos indebidos de 32,655 euros de fondos europeos y 10,989 euros del presupuesto nacional. Si son condenados, podrían enfrentar penas de prisión de dos a seis años. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE. Para más detalles, visita el enlace.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Los acusados, involucrados en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar productos electrónicos. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el otro fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo escrutinio.

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% en comparación con el año anterior destaca la creciente actividad de la EPPO, especialmente en relación con el fraude del IVA y los fondos de NextGenerationEU. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, lo que refleja una mejora en la cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también logró congelar activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Para más información, visita el enlace al informe completo.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado investigaciones en Grecia sobre un presunto esquema de fraude organizado relacionado con subsidios agrícolas. Desde el 20 de mayo de 2025, se han llevado a cabo registros en Atenas y Creta, involucrando a funcionarios de la Agencia Griega de Pago y Control de Ayudas Comunitarias (OPEKEPE). Entre 2019 y 2022, varios individuos presentaron declaraciones falsas para obtener derechos de pago del Fondo Nacional, alegando ser nuevos agricultores y utilizando tierras públicas como si fueran privadas. La EPPO continúa su labor con el apoyo de la policía griega, mientras que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas investigativas urgentes en relación con un posible uso ilegal de fondos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Esta acción se produce tras una investigación criminal sobre el abuso de posición y autoridad, que involucra recursos del Fondo de Seguridad Interna y el presupuesto estatal croata. La EPPO informará al público sobre los avances en la investigación, mientras que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Una investigación sobre un fraude de subsidios en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al congelamiento de activos por valor de aproximadamente 2,6 millones de euros. La trama, que involucra un esquema fraudulento para obtener 4,4 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, consistió en manipular procedimientos de contratación pública y aumentar artificialmente los precios de maquinaria industrial a través de una cadena de empresas. Las autoridades realizaron nueve registros y se beneficiaron de la cooperación internacional con oficinas del EPPO en Bélgica, Chipre y Eslovaquia. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son condenados.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó apoyo financiero para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un cargo gubernamental relevante. Esto resultó en la obtención ilegal de aproximadamente 365,000 euros del presupuesto de la UE. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rotterdam investiga un caso de fraude aduanero y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China. La investigación, que se lleva a cabo en colaboración con el Servicio Fiscal de Información e Investigación de los Países Bajos (FIOD), ha llevado a registros en propiedades de sospechosos en la provincia de Brabante del Norte. Se estima que al menos 25 contenedores fueron introducidos ilegalmente en la UE, causando una pérdida al presupuesto europeo de al menos 1.8 millones de euros por medidas antidumping y subsidios no pagados. Las e-bikes chinas, que se venden a precios bajos, están sujetas a altos aranceles para proteger a los fabricantes europeos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.