La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha acusado a seis individuos en Italia por fraude relacionado con un proyecto de movilidad sostenible financiado por la UE. El caso involucra fondos del programa LIFE, destinados a promover el uso de vehículos eléctricos en municipios toscanos como Isola del Giglio y Monte Argentario. La investigación revela que los acusados desviaron una parte significativa de los fondos, con un 70% del presupuesto destinado a costos de personal no relacionados con el proyecto. Se previno el pago de una última cuota de 852,549 euros gracias a estas indagaciones, que incluyeron múltiples registros y análisis de documentación. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales italianos.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Chequia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con subsidios para la formación laboral, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación. Las autoridades realizaron 32 búsquedas entre el 10 y el 11 de junio de 2026, iniciando procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas por fraude de subsidios. Se sospecha que los acusados presentaron información falsa sobre actividades de capacitación en tecnología de la información, causando un daño estimado al presupuesto de la UE de aproximadamente 268,000 euros. Además, se intentó obtener beneficios indebidos por cerca de 161,000 euros. Durante las búsquedas, se incautaron activos valorados en alrededor de 800,000 euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales checos.
Las autoridades polacas han arrestado a un sospechoso de fraude en el aeropuerto de Varsovia, en el marco de una investigación sobre el uso indebido de fondos del programa "Czyste Powietrze" (Clean Air Programme). Este individuo, CEO de una empresa en Gdańsk, está acusado de malversar más de 470,000 euros destinados a proyectos de mejora energética y sustitución de sistemas de calefacción contaminantes. La detención se llevó a cabo por la Oficina Central Anticorrupción y se han realizado registros en varias ubicaciones para recabar pruebas. Hasta ahora, se ha identificado a 37 beneficiarios potencialmente afectados por las actividades delictivas relacionadas con este programa cofinanciado por la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cuatro individuos en Bulgaria por fraude relacionado con beneficios de empleo destinados a personas con discapacidades. Las investigaciones revelaron que dos empresas fueron creadas únicamente para participar en un programa de la Unión Europea financiado por el Fondo Social Europeo, sin intención de ofrecer empleos reales. Los acusados falsificaron contrataciones y exigieron a los empleados ficticios que devolvieran parte de sus salarios en efectivo. Se estima que las empresas obtuvieron ilegalmente 42,621 euros. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos a ocho años.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado cargos contra el exalcalde y el exgobernador de Varna, junto a dos funcionarios públicos, por fraude relacionado con la reclamación de fondos para la reconstrucción de un puerto pesquero que nunca existió. Se les acusa de falsificar documentos oficiales para obtener ilegalmente 3.4 millones de euros en fondos europeos y nacionales. La investigación reveló que las parcelas incluidas en la solicitud eran en realidad rocas y arena, y no un puerto funcional. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de hasta ocho años.
|
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado la condena de cuatro individuos por un caso de intento de fraude de subsidios, evitando la entrega ilegal de casi 2.6 millones de euros en fondos de la UE. El tribunal regional de Vilnius impuso una multa total de 103,200 euros a los acusados, quienes se declararon culpables de fraude y falsificación documental. El caso involucraba a una empresa que recibió fondos para desarrollar tecnologías para producir film biodegradable, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en la UE. La investigación reveló que los acusados presentaron documentos falsificados y datos engañosos sobre costos y proveedores. Las autoridades han detenido a sospechosos y continúan investigando a otros posibles implicados en el esquema fraudulento.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en varios países de la UE contra una organización criminal sospechosa de orquestar un fraude fiscal por valor de más de 103 millones de euros mediante la venta de coches de lujo. En esta investigación, conocida como "Emily", se detuvieron a nueve sospechosos y se realizaron más de 150 registros en países como Alemania, Chequia y Austria. Los implicados utilizaban cadenas comerciales complejas y empresas ficticias para evadir el IVA, permitiendo que algunos comerciantes reclamaran reembolsos indebidos. La operación destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado en Europa.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Ptuj, Eslovenia, contra dos individuos por fraude relacionado con fondos de modernización agrícola de la UE. Se les acusa de falsificar documentos públicos para obtener fraudulentamente subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, destinadas a la construcción de un establo y la compra de equipos. La investigación revela que uno de los sospechosos utilizó un permiso de ocupación falso, mientras que el otro proporcionó plantillas para su elaboración, causando un perjuicio aproximado de 95.000 euros a la UE y al Estado esloveno. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de uno a ocho años por fraude en subsidios y hasta tres años por falsificación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado una acusación contra un individuo por fraude en un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. El caso se centra en una licitación pública de la Agencia Nacional de Empleo de Bulgaria para el suministro de mobiliario de oficina, donde se sospecha que el acusado proporcionó información falsa sobre la experiencia previa de su empresa para calificar para el contrato, valorado en aproximadamente 151,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de prisión.
|
