La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cuatro individuos en Bulgaria por fraude relacionado con beneficios de empleo destinados a personas con discapacidades. Las investigaciones revelaron que dos empresas fueron creadas únicamente para participar en un programa de la Unión Europea financiado por el Fondo Social Europeo, sin intención de ofrecer empleos reales. Los acusados falsificaron contrataciones y exigieron a los empleados ficticios que devolvieran parte de sus salarios en efectivo. Se estima que las empresas obtuvieron ilegalmente 42,621 euros. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos a ocho años.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado cargos contra el exalcalde y el exgobernador de Varna, junto a dos funcionarios públicos, por fraude relacionado con la reclamación de fondos para la reconstrucción de un puerto pesquero que nunca existió. Se les acusa de falsificar documentos oficiales para obtener ilegalmente 3.4 millones de euros en fondos europeos y nacionales. La investigación reveló que las parcelas incluidas en la solicitud eran en realidad rocas y arena, y no un puerto funcional. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de hasta ocho años.
En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, la Policía Checa llevó a cabo 17 registros y arrestó a nueve personas en relación con un caso de fraude en la contratación pública y subsidios. La investigación se centra en manipulaciones en licitaciones públicas en la región de Pilsen, donde se sospecha que se defraudaron más de 250,000 euros de fondos de la UE. Las acusaciones incluyen fraude relacionado con la modernización de una cocina escolar y un proyecto de inversión significativo. Se han presentado cargos contra seis individuos y dos entidades legales. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Una operación coordinada de la Fiscalía Europea (EPPO) ha desmantelado redes criminales que inundaban el mercado de la UE con importaciones fraudulentas desde China, causando pérdidas estimadas en 700 millones de euros. La investigación, denominada 'Calypso', abarcó 14 países y resultó en 101 registros y 10 arrestos, incluyendo a funcionarios de aduanas. Se incautaron bienes como e-bikes y e-scooters, así como millones en efectivo y propiedades en España. Las organizaciones criminales utilizaban documentos falsos para evadir impuestos y facilitar la venta de productos en el mercado negro, afectando significativamente las arcas públicas de la UE y los Estados miembros.
La Fiscalía Europea ha incautado 1.1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, que involucra a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos investigados por solicitar fondos del Fondo Agrícola Europeo mediante información falsa. La investigación, que se extendió entre 2022 y 2024, reveló la existencia de una asociación criminal que operaba con la complicidad de funcionarios públicos y contables. Se están llevando a cabo búsquedas para recolectar pruebas, incluyendo dispositivos electrónicos y documentos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal italiano.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los implicados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias, utilizando operaciones comerciales inexistentes. Las acciones se llevaron a cabo en varios países, incluyendo Chipre y Malta, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Los acusados enfrentan penas de prisión y multas significativas si son declarados culpables.
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La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Ptuj, Eslovenia, contra dos individuos por fraude relacionado con fondos de modernización agrícola de la UE. Se les acusa de falsificar documentos públicos para obtener fraudulentamente subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, destinadas a la construcción de un establo y la compra de equipos. La investigación revela que uno de los sospechosos utilizó un permiso de ocupación falso, mientras que el otro proporcionó plantillas para su elaboración, causando un perjuicio aproximado de 95.000 euros a la UE y al Estado esloveno. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de uno a ocho años por fraude en subsidios y hasta tres años por falsificación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado una acusación contra un individuo por fraude en un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. El caso se centra en una licitación pública de la Agencia Nacional de Empleo de Bulgaria para el suministro de mobiliario de oficina, donde se sospecha que el acusado proporcionó información falsa sobre la experiencia previa de su empresa para calificar para el contrato, valorado en aproximadamente 151,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de prisión.
La Fiscalía Europea lleva a cabo registros en Luxemburgo en una investigación por un presunto fraude de 23 millones de euros relacionado con fondos de desarrollo regional para el transporte público. Se sospecha que varias empresas de transporte han facturado servicios como si fueran realizados con autobuses eléctricos, cuando en realidad se utilizaron vehículos diésel o híbridos. Esta práctica habría permitido a los operadores recibir una remuneración más alta destinada a servicios de cero emisiones, resultando en un sobrecobro significativo entre 2022 y 2024. Las autoridades continúan investigando mientras se presume la inocencia de los implicados hasta que se demuestre lo contrario.
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo múltiples registros en Bragança, Portugal, como parte de una investigación sobre sospechas de fraude relacionadas con la construcción de una zona industrial financiada por la UE. Las operaciones incluyeron búsquedas en el ayuntamiento y en varias viviendas y empresas bajo investigación, vinculadas a proyectos que recibieron 3.4 millones de euros en fondos europeos. Se investigan posibles delitos como fraude de subvenciones, corrupción y violaciones de normativas urbanísticas. La investigación sigue su curso para determinar si se han cometido infracciones penales.
Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutaba cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un elaborado esquema de fraude en línea. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó acciones que resultaron en la detención de siete sospechosos en el Reino Unido y medidas preventivas contra 13 en Rumania. La estafa, que involucraba correos electrónicos falsificados, defraudó a al menos 113 víctimas en varios países europeos, generando ganancias estimadas en más de 3 millones de euros. La investigación comenzó en 2020 y continúa activa.
Una investigación de cinco años sobre una organización mafiosa 'Ndrangheta activa en Alemania e Italia ha culminado con la detención de 29 sospechosos en una operación conjunta entre las autoridades italianas y alemanas, respaldada por Eurojust. La organización criminal estaba implicada en delitos como el tráfico de drogas, evasión fiscal y fraude comercial, especialmente en el área de Stuttgart. La operación incluyó alrededor de 40 registros en ambos países y la participación de más de 350 agentes de la ley. Se destaca un fraude elaborado relacionado con productos alimenticios costosos, que eran vendidos ilegalmente a restaurantes. Esta acción representa un esfuerzo significativo para desmantelar redes delictivas transnacionales.
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