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european public prosecutor’s office

24/07/2025@18:41:05

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en la investigación Midas, un caso de fraude fiscal a gran escala que abarca 17 países y causa daños estimados de 195 millones de euros. Esta es la cuarta persona condenada por este esquema, que involucra el uso de empresas ficticias para evadir impuestos mediante la venta de productos electrónicos. Un director de una empresa involucrada fue sentenciado a un año y seis meses de prisión en suspenso por causar una pérdida fiscal cercana al millón de euros.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía relacionada con un proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Sibiu, financiado por la UE con 54 millones de euros. Se están realizando múltiples registros en el aeropuerto y el Consejo del Condado de Sibiu, así como en varias empresas y domicilios de personas implicadas. La investigación se centra en posibles irregularidades en el procedimiento de licitación y conflictos de interés, tras la adjudicación del contrato a un único postor que podría haber presentado información incorrecta sobre su capacidad para cumplir con los requisitos. Las autoridades continúan investigando para determinar si ha habido delitos.

La Central Criminal Court de España ha condenado al administrador de una empresa por fraude al obtener subsidios de la UE destinados a la promoción del vino español en mercados externos. La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), revela que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades no realizadas, lo que resultó en reclamaciones fraudulentas superiores a 55,000 euros. El condenado deberá pagar una multa y ha reembolsado el total obtenido indebidamente. Esta sentencia destaca el compromiso de la EPPO en proteger los intereses financieros de la UE.

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Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El tribunal de Rotterdam impuso una sentencia de 197 días de prisión, con 180 días probacionales y 240 horas de servicio comunitario, debido a su papel crucial en un caso internacional de fraude relacionado con el comercio de electrónica. Este esquema, que involucró a varios países europeos, causó pérdidas estimadas superiores a 40 millones de euros. La empresa dirigida por el condenado dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que permitió a otros actores reclamar reembolsos fraudulentos de IVA. La EPPO se encarga de perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.