La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.
