A instancias de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Roma, la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bolzano) realizó una serie de registros y confiscaciones preventivas en Roma y Brescia. Esta acción forma parte de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal por valor de 17 millones de euros relacionado con productos electrónicos.
Un individuo, considerado el gerente de facto de varias empresas implicadas, ha sido puesto bajo arresto domiciliario en Roma. Además, tres sospechosos que actuaban como testaferros del esquema han sido inhabilitados para ejercer actividades de gestión empresarial.
Detalles de la investigación
Las confiscaciones preventivas ordenadas por el Tribunal de Roma superan los 17.7 millones de euros e incluyen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, efectivo, vehículos, motocicletas, tres relojes Rolex y otros activos. En total se llevaron a cabo siete registros para recoger bienes y evidencias relacionadas con flujos financieros adicionales.
La investigación se centra en un grupo criminal supuestamente responsable desde 2017 de un fraude masivo en el IVA en el comercio mayorista y minorista de productos electrónicos. Este grupo opera mediante empresas radicadas en Italia y otros Estados miembros de la UE. Se sospecha que emitieron y utilizaron sistemáticamente facturas falsas a través de una cadena de comerciantes desaparecidos y empresas pantalla, lo que les permitió vender laptops, smartphones y PCs en el mercado italiano a precios anormalmente bajos.
Impacto del fraude
El fraude, estimado en aproximadamente 17 millones de euros, otorgó a los perpetradores una ventaja competitiva desleal sobre las empresas legítimas y generó sospechas de lavado de dinero.
Las primeras pistas surgieron del monitoreo económico rutinario realizado por la Guardia di Finanza en Bolzano, que identificó negocios ofreciendo productos tecnológicos a precios muy inferiores al valor del mercado. Investigaciones adicionales revelaron la cadena de suministro y el uso de comerciantes desaparecidos, muchos activos solo durante unos meses, creados para ocultar a los verdaderos beneficiarios del fraude.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea. Su responsabilidad incluye investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la UE.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €17 millones |
Monto estimado del fraude |
| €17.7 millones |
Monto total de los activos incautados |
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Número de personas involucradas |
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Número de búsquedas realizadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Italia relacionado con el fraude de IVA?
La Fiscalía Europea (EPPO) solicitó a la Policía Financiera Italiana la realización de registros y confiscaciones preventivas en Roma y Brescia, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude de IVA de 17 millones de euros relacionado con productos electrónicos.
¿Cuántas personas han sido arrestadas o involucradas en esta investigación?
Una persona, considerada el 'de facto' gerente de varias empresas implicadas, fue colocada bajo arresto domiciliario en Roma. Además, tres sospechosos que actuaban como testaferros fueron prohibidos de ejercer actividades de gestión empresarial.
¿Qué tipo de activos fueron confiscados durante la operación?
Las confiscaciones preventivas ordenadas por el Tribunal de Roma superan los 17.7 millones de euros e incluyen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, efectivo, vehículos, motocicletas, tres relojes Rolex y otros activos.
Desde cuándo se lleva a cabo este fraude y qué métodos se utilizaron?
El grupo criminal ha estado operando desde 2017 y se sospecha que emitió y utilizó sistemáticamente facturas falsas a través de una cadena de comerciantes desaparecidos y empresas tapadera para vender productos electrónicos a precios anormalmente bajos.
¿Cuál es la función del EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.
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