Desarticulada una red que estafaba a migrantes en España
La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de un grupo criminal que, presuntamente, se dedicaba a estafar a migrantes en situación irregular en el país. Esta organización ofrecía trámites falsos de residencia a cambio de sumas que alcanzaban hasta los 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares. Además, emitían falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, engañando a las víctimas al hacerles creer que estaban en proceso de regularización legal.
La operación culminó con seis registros domiciliarios y la detención de 12 personas en diversas provincias: Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1). Esta acción se llevó a cabo tras meses de investigación.
Inicio de la investigación
El inicio del operativo se remonta a octubre de 2024, cuando se detectó en Teruel una solicitud irregular de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar, que carecía del certificado correspondiente. Se descubrió que algunos documentos presentados podían haber sido falsificados.
A partir de este hallazgo, se identificaron numerosos trámites administrativos irregulares en diferentes provincias, donde varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, lo que resultó en engaños y estafas posteriores.
Implicaciones dentro de la administración pública
Un aspecto destacado de esta operación es la implicación directa de un funcionario del ayuntamiento en Toledo, quien supuestamente facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos y alteraba datos oficiales. Su colaboración fue clave para el funcionamiento del grupo criminal, ya que proporcionaba una apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
La red utilizaba datos obtenidos de bases registrales accesibles solo para funcionarios para obtener permisos de residencia para extranjeros irregulares, todo ello a cambio de importantes sumas de dinero.
Cobros exorbitantes por servicios fraudulentos
El objetivo principal del grupo era captar migrantes sin permisos, ofreciéndoles vías ficticias para la legalización mediante autorizaciones por circunstancias excepcionales. Para ello, elaboraban expedientes falsos con vínculos laborales o familiares inventados y presentaban documentación fraudulenta ante las autoridades.
A las víctimas, muchas veces vulnerables y con escaso conocimiento del sistema legal español, se les cobraban entre 3.000 y 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite solicitado. La organización operaba en varias provincias con una estructura bien organizada para captar y derivar clientes.
Métodos utilizados por la red criminal
Uno de los métodos más comunes era la venta fraudulenta de resguardos de solicitud de protección internacional por hasta 1.000 euros. Estos documentos eran completamente falsos y carecían de validez legal, pero eran utilizados para tranquilizar a las víctimas, quienes creían estar protegidas contra posibles órdenes de expulsión.
Los investigadores confirmaron que los miembros del grupo aprovechaban sus conocimientos legales para ofrecer asesorías simuladas y dar instrucciones sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados. Proporcionaban guiones detallados sobre qué declarar ante funcionarios policiales o en la Oficina de Extranjería.
Resultados finales de la operación
La operación finalizó con seis registros domiciliarios que llevaron a la desarticulación completa del grupo criminal. Se detuvieron 12 individuos, se incautaron 13.670 euros en efectivo, así como dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
3.000 - 8.000 € |
Cantidad cobrada por trámites falsos de residencia |
1.000 € |
Cantidad cobrada por solicitudes de Protección Internacional |
12 |
Número de detenidos en la operación |
6 |
Número de registros domiciliarios realizados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de estafa estaba llevando a cabo la red desarticulada por la Policía Nacional?
La red ofrecía trámites falsos de residencia a migrantes en situación irregular, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.
¿Cuántas personas fueron detenidas durante la operación?
Se detuvieron a 12 personas en varias provincias de España, incluyendo Guadalajara, Madrid, Toledo y Barcelona.
¿Qué papel jugaba un funcionario del ayuntamiento en esta red criminal?
Un funcionario del ayuntamiento de un municipio de Toledo presuntamente facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos y alteraba datos en registros oficiales para ayudar a la organización criminal.
¿Cómo se aprovechaban los estafadores de las víctimas?
Las víctimas, muchas en situación de vulnerabilidad y con escaso conocimiento del marco jurídico, eran engañadas con promesas de legalización mediante trámites fraudulentos.
¿Qué tipo de documentos falsificaban los estafadores?
La red falsificaba resguardos de solicitud de protección internacional y elaboraba expedientes que simulaban vínculos laborales o familiares inexistentes.
¿Cuál fue el resultado final de la operación policial?
La operación culminó con seis registros domiciliarios, la detención de 12 personas y la incautación de dinero en efectivo, teléfonos móviles y documentación probatoria relacionada con la investigación.