04/06/2025@21:53:51
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de prisión al exalcalde de Peguerinos, Luis A.E.H., por fraude, malversación, falsedad y prevaricación relacionados con la contratación de obras en una urbanización entre 2007 y 2008. Junto a otros acusados, se apoderó de 650.000 euros. También se ha impuesto una pena de cuatro años a su hermana, administradora de una empresa subcontratada. Un tercer acusado vio reducida su condena a 2 años y 10 meses. Los condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Peguerinos con más de 652.000 euros por los daños ocasionados.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cambiado su postura respecto a la justicia tras recibir un varapalo judicial que afecta a su entorno. A pesar de haber defendido públicamente el respeto hacia los jueces, ahora critica sus decisiones cuando estas no le favorecen. La situación se agrava con la propuesta de juzgar a su pareja y la imputación de ex altos cargos por los 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia. Este giro en su discurso ha generado controversia y cuestionamientos sobre su compromiso con el Estado de Derecho.
El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha desmentido las declaraciones de su cliente sobre un correo enviado a la Fiscalía en el que reconocía delitos fiscales. Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, Carlos Neira explicó que actuó con el consentimiento de González Amador y que la confesión se realizó para agilizar el proceso judicial y minimizar el impacto mediático. Neira detalló que ofreció dos opciones a su cliente: pelear por su inocencia o aceptar una pena y reconocer los hechos delictivos. A pesar de esto, González Amador afirmó que no dio su consentimiento para el envío del correo. La situación está en el centro de una investigación sobre la revelación de secretos en el ámbito fiscal.
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), determinando que los arrendatarios de viviendas de protección pública deben asumir los gastos de comunidad. Este fallo se produce tras un litigio en el que la Audiencia Provincial de Madrid había estimado las demandas de varios inquilinos, argumentando que para que estos gastos fueran responsabilidad del arrendatario, debían estar claramente especificados y cuantificados en el contrato. La decisión del Tribunal Supremo reafirma la validez de los contratos de arrendamiento en este contexto.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja, argumentando que la versión de la mujer presenta "profundas contradicciones" y carece de consistencia. La denuncia se originó tras un incidente ocurrido el 9 de septiembre de 2020, aunque el acusado afirmó que las relaciones fueron consensuadas. Este fallo subraya la importancia de la evidencia corroborante en casos de agresión sexual, destacando que la declaración de la víctima debe ser evaluada con rigor para no comprometer la presunción de inocencia.
El Tribunal Supremo ha condenado a un despacho de abogados por vulnerar la intimidad de una empleada tras el acceso accidental de una excompañera a su demanda laboral, que contenía datos personales sensibles. La sentencia destaca que la falta de medidas de seguridad adecuadas permitió que estos datos estuvieran disponibles en una carpeta compartida. Se considera que la intromisión en la intimidad se produce con el simple hecho de que los datos sean expuestos sin justificación, independientemente de la intención de quien accede a ellos. El tribunal ha ordenado al despacho indemnizar a la demandante con 3.000 euros y abstenerse de futuras violaciones de su derecho a la intimidad.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a indemnización por la muerte de un joven en un accidente de tráfico a un hombre que actuó como su padre 'de facto', superando la figura del padre biológico, quien había desatendido sus responsabilidades desde 1998. La Sala de lo Civil determinó que el beneficiario cumplió efectivamente con las funciones paternas. Tras el trágico accidente, tanto el padre biológico como el padre de hecho reclamaron indemnizaciones a la Mutua Madrileña, que consignó judicialmente las cantidades correspondientes.
La Audiencia de Navarra ha reducido la pena de prisión de 15 a 14 años para dos de los condenados por la violación grupal ocurrida durante los Sanfermines de 2016. Esta decisión se basa en la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, que modifica las penas mínimas y máximas para delitos sexuales. La medida sigue la doctrina del Tribunal Supremo, que había confirmado previamente una rebaja similar para otro condenado. A pesar de la oposición de la víctima y el Gobierno de Navarra, el tribunal considera necesario ajustar las penas conforme a los nuevos criterios legales.
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El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se presentó ante el juez como un "ignorante" para desvincularse de una confesión relacionada con delitos fiscales. En su declaración, afirmó que no tenía conocimiento del acuerdo que su abogado había alcanzado con la Fiscalía y que se enteró de la situación a través de los medios de comunicación. González Amador expresó su deseo de proteger a Ayuso y lamentó el daño personal causado por ser etiquetado como "defraudador confeso". La declaración ha revelado tensiones entre él y su abogado sobre la gestión del caso.
Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado ante el Tribunal Supremo en relación a su denuncia por revelación de secretos. En su testimonio, sostiene que la confesión de delitos fiscales realizada por su abogado fue sin su consentimiento y considera un "destrozo" que lo llamen "defraudador confeso". González Amador reafirma que no ha cometido las ilegalidades por las que se le investiga y critica el impacto negativo en su vida personal y profesional. La causa, que investiga la filtración de un correo del abogado donde se reconocían los delitos, avanza hacia su fase final con próximas declaraciones programadas.
El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública para el 29 de mayo, donde se solicitará al Gobierno que explique las medidas adoptadas respecto a mil menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. Esta convocatoria surge tras un auto del 25 de marzo, donde se exigió a la Administración garantizar el acceso y permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. La Sección Quinta del tribunal busca aclarar el cumplimiento de esta medida cautelar.
El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 15 meses de prisión por maltrato animal a un granjero que dejó morir a 170 ocas en su explotación ganadera ecológica en Fuente Obejuna, Córdoba. La sentencia también incluye una inhabilitación de 3 años y 6 meses para ejercer cualquier actividad relacionada con animales. El tribunal desestimó el recurso de casación presentado por el condenado, reafirmando así la gravedad del delito continuado de maltrato. Esta decisión subraya la importancia de la protección animal y las responsabilidades legales de los propietarios de ganado.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a indemnización por la muerte de un joven en un accidente de tráfico a un hombre que actuó como su padre 'de facto'. La Sala de lo Civil determinó que este hombre cumplió con las funciones de progenitor desde 2005, mientras que el padre biológico había desatendido sus obligaciones desde 1998. Este fallo se basa en la reforma de 2015 sobre responsabilidad civil en accidentes, que permite reconocer como perjudicado a quien ejerce funciones parentales en ausencia del progenitor legal. La decisión resalta la importancia del vínculo afectivo y el cumplimiento de responsabilidades parentales. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella presentada por Santiago Abascal y VOX contra el eurodiputado Alvise Pérez, acusándolo de calumnias e injurias. La Sala Penal concluyó que los hechos denunciados no constituyen un delito. La controversia surgió tras un post de Pérez en la red social X, donde cuestionó a Abascal sobre su supuesta implicación en un caso relacionado con una cantidad de dinero recibida. Esta decisión del alto tribunal marca un importante hito en el ámbito judicial y político en España.
El Tribunal Supremo ha condenado a David B.G. a 16 años de prisión por homicidio con agravante de abuso de superioridad y pertenencia a organización criminal, tras la muerte de Isaac L.T. en un túnel del barrio de Pacífico en Madrid el 14 de julio de 2021. La sentencia reduce la pena inicial de 20 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al no considerar que los hechos constituyeran asesinato por falta de alevosía. El tribunal también determinó que la pertenencia del condenado a la banda Dominican Don’t Play no estaba vinculada directamente al homicidio. Además, se confirma la indemnización a la familia del fallecido y se desestima la atenuante de reparación del daño solicitada por el acusado.
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