El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos hombres a 6 meses de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito contra la dignidad de las personas tras insultar a otro hombre en un bar de Madrid, llamándolo repetidamente "maricón". Además, los condenados recibirán 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer profesiones educativas y deberán indemnizar a la víctima con 500 euros. La sentencia resalta que las expresiones utilizadas son ofensivas y constituyen homofobia, rechazando el recurso presentado por los acusados al considerar que sus actos humillan y discriminan a la víctima por su orientación sexual. El tribunal aclara que tales insultos no están protegidos por la libertad de expresión.
El magistrado Ángel Luis Hurtado del Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en un caso abierto en su contra. La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas. Hurtado también desestimó otras diligencias solicitadas por la defensa, como la citación de testigos y la intervención de un alto funcionario de la Comunidad de Madrid. El juez argumentó que las diligencias no eran necesarias y que el testimonio del querellante podría ser perjudicial para el acusado. La decisión mantiene el proceso judicial en marcha sin demoras adicionales.
El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha decidido solicitar al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos en relación con una investigación sobre posibles irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Se han encontrado indicios de su posible implicación en delitos como integración en organización criminal y cohecho. La decisión se basa en declaraciones y documentos que sugieren que Ábalos pudo haber influido en la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos. La resolución será remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para su tramitación ante el Congreso.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus condiciones psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal desestimó esta solicitud, afirmando que la competencia judicial se basa en las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, corresponde a la Audiencia Nacional juzgar el caso. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
La Sección Cuarta rechaza la solicitud de la Fiscalía y considera que no ha lugar a decretar su ingreso en prisión provisional porque entiende que el riesgo de fuga es “inexistente”. El Tribunal, que le condenó el pasado mes de octubre a 10 años y 5 meses de prisión, impone al penado como medidas cautelares la retirada de pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer el primer lunes de cada mes en el juzgado de su domicilio.
La instructora del caso 'Tsunami Democràtic' en el Tribunal Supremo acuerda el archivo de la causa en la que investigaba a Puigdemont y Wagensberg.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia (número 471/2023) resolviendo los recursos de casación interpuestos contra la sentencia número 401/2021 de 19/09/2021 de la Sección Décimo séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el caso conocido como “El Pequeño Nicolás”, y ha resuelto absolver a Francisco Nicolás G.I. de los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo y al agente de policía local Jorge G.H. del delito de cohecho pasivo por el que fueron condenados.
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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros a Laura B., expresidenta del Parlament de Catalunya, por prevaricación y falsedad. La sentencia se debe a la adjudicación irregular de un contrato para desarrollar la web de la Institució de les Lletres Catalanes, valorado en 335.700 euros, a un conocido mediante 18 contratos menores. El tribunal rechazó la aplicación de la ley de Amnistía y desestimó los argumentos sobre la proporcionalidad de la pena, subrayando que su conducta se inscribe en un contexto de corrupción pública. La decisión del Supremo reafirma la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en las contrataciones públicas.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una madre a recibir una prestación familiar para cuidar de su hijo menor con una enfermedad grave que requiere tratamiento médico continuado, aunque no necesite ingreso hospitalario prolongado. La sentencia establece que la atención en centros de día es equiparable a un ingreso hospitalario, permitiendo así que los progenitores puedan recibir apoyo económico mientras cuidan de sus hijos. Este fallo se produce tras la denegación inicial de la prestación por parte de MC Mutual y la posterior estimación del juzgado de lo Social, destacando la importancia del cuidado directo y continuo en el hogar.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.
El Tribunal Supremo ha condenado a cinco acusados en la pieza ACYCO del 'caso ERE' a penas de entre 2 y 4 años de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Las condenas se deben a cuatro disposiciones de fondos que no están protegidas por las sentencias del Tribunal Constitucional. Los condenados deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con un total de 743.158 euros. La sentencia absuelve a dos ex altos cargos por el principio de cosa juzgada. El alto tribunal destaca que algunas ayudas concedidas carecían de cobertura legal y se utilizaron para fines distintos a los previstos, lo que justifica las condenas impuestas.
El TS considera que cabe imponer la pena máxima de prisión a un “asesino en serie” por su tercer crimen si en el mismo juicio ha sido condenado previamente por dos asesinatos. Confirma una pena de 137 años por la muerte de otras dos mujeres y el intento de otras seis en encuentros sexuales con consumo de cocaína.
El tribunal absuelve al joven acusado porque la figura del testigo-coimputado “no se encuentra regulada” legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración. También absuelve a su madre porque “no mintió en cuestiones trascendentales” para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.
La Sala rechaza la argumentación de la empresa, que en su recurso sostenía que la cláusula sobre facturación no imponía al cliente la factura electrónica.
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