Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional procesa a dos miembros del ‘comando Donosti’ de ETA y otros cuatro exdirigentes por el asesinato del empresario Francisco Arratibel. La juez María Tardón explica en su resolución que todos ellos formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA en el periodo de tiempo en el que se decidió, planificó y materializó el asesinato del empresario.

El juez abre juicio oral a tres personas por el robo de la tarjeta del móvil de la asesora de Pablo Iglesias. La tarjeta contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de vídeo y audio, así como otros documentos de carácter íntimo y personal.

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional rechazan el recurso presentado por la defensa del acusado contra el procesamiento acordado por el juez José Luis Calama el pasado mes de junio.

La Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al comisario José Manuel Villarejo por delitos de revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Land, además de por falsedad en documento mercantil, mientras que le ha absuelto de cohecho en ambas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor.

La Audiencia Nacional ha accedido a la solicitud de las autoridades de Estados Unidos para que extradite a un joven británico de 23 años que supuestamente participó en diversos ataques informáticos como el jaqueo, en julio de 2020, de numerosas cuentas de Twitter como las de Joseph Biden, Barack Obama o Bill Gates, la extorsión a otra personalidad a través de sus redes sociales o la comisión de diferentes robos a través de Internet.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado el ingreso en prisión incondicional del ciudadano marroquí detenido por el ataque yihadista cometido el pasado miércoles en Algeciras (Cádiz) en el que asesinó supuestamente a un sacristán e hirió a otras cuatro personas.

La Audiencia Nacional relata a lo largo de la sentencia cómo se produjo el asesinato del concejal, por el que ya han sido condenados otros seis miembros de ETA, y cómo, tras la detención del resto de implicados, el acusado, Asier Ezeiza, huyó a Francia, en donde permaneció hasta producirse su entrega por parte de las autoridades galas en enero de 2020.

La Audiencia Nacional avala el cese cautelar de la recopilación de datos a través del iris de Worldcoin acordado por la Agencia de Protección de datos y considera que atendiendo a la ponderación de los intereses en conflicto y, a la vista de las circunstancia concurrentes, debe prevalecer “la salvaguarda del interés general que consiste en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa recurrente de contenido fundamentalmente económico”.

El juez de la Audiencia Nacional abre diligencias para investigar el atentado contra el político Alejo Vidal-Quadras. El magistrado considera que los hechos podrían ser competencia de este órgano al tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de apelación presentados por los periodistas de la revista Interviú Alberto P. y Luis R. contra la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de proponer juzgarles en relación con la sustracción de la tarjeta del móvil de la exasesora del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Dina Bousselham.

El magistrado señala en el auto que Israel no ha contestado la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional y ha frustrado la continuación de la investigación.

El que fuera jefe de ETA recurrió en apelación la decisión de García Castellón alegando que los hechos que se le atribuyen datan del año 1997 y el procedimiento no se dirige contra él hasta la presentación de la querella en 2022, por lo que habrían transcurrido 24 años, superando el plazo de prescripción de 20 años establecido en el Código Penal.

La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Uruguay a un médico reclamado en aquel país por asesorar a los militares en interrogatorios entre 1972 y 1975, hechos que serían constitutivos de los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación ilícita de libertad catalogados como de lesa humanidad.

De acuerdo con lo relatado, el acusado “fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presiente del Gobierno, para lo cual se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo”.