El juicio por el asesinato del sacristán Diego Valencia Pérez en Algeciras ha comenzado, con Yassine Kanjaa como acusado. La Fiscalía solicita 50 años de prisión y 270.000 euros en indemnizaciones, argumentando que Kanjaa actuó con plena conciencia a pesar de su supuesta esquizofrenia. El caso gira en torno a si su enfermedad mental influyó en el crimen o si hubo motivaciones yihadistas detrás de su acción violenta. Durante la primera sesión, se presentaron testimonios que describieron el horror del ataque ocurrido el 25 de enero de 2023, donde Kanjaa, armado con un machete, asaltó la iglesia y atacó a varias personas. La defensa y la acusación continuarán debatiendo estos puntos clave en las próximas jornadas del juicio.
La Audiencia Nacional ha condenado a dos fundadores de la web 'Arbistar' a 8 y 6 años de prisión por estafar 200 millones de euros a 32.000 inversores en criptomonedas entre 2019 y 2020. Santiago F.J. recibió una pena de 8 años por delitos de estafa y falsedad, mientras que Diego Felipe F.N. fue condenado a 6 años. La sentencia también ordena indemnizar a casi 9.500 perjudicados y clausura permanentemente la página web utilizada para el fraude. Arbistar captó inversores mediante promociones engañosas, ofreciendo un sistema de arbitraje que resultó ser ficticio, causando un grave perjuicio económico a los afectados.
La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes relacionados con la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. Además, se impusieron penas a otros implicados, incluyendo al director de la oficina del Grupo en Jerez, quien recibió una condena de seis años y tres meses. Esta sentencia marca un hito importante en el caso que involucra a la familia Ruiz-Mateos y sus actividades empresariales.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha condenado a un guía turístico de Sevilla a ocho años y medio de prisión por agresiones sexuales a tres estudiantes americanas durante viajes al extranjero. Las agresiones ocurrieron en Marruecos en 2013 y en Portugal en 2017. Aunque la sentencia confirma en gran medida la decisión anterior, se ha reducido la pena en seis meses debido al principio acusatorio. Este caso resalta la importancia de la justicia en delitos sexuales cometidos contra turistas.
La Audiencia Nacional ha condenado a un recluso a seis años de cárcel por realizar pintadas en prisión a favor del Estado Islámico y amenazar a funcionarios penitenciarios. El marroquí Rida B. fue sentenciado por enaltecimiento del terrorismo y amenazas graves, tras demostrar que sus acciones buscaban propagar la ideología radical de DAESH entre otros internos. Las pintadas, realizadas en varias prisiones españolas entre 2022 y 2023, incluían símbolos y lemas del grupo terrorista, creando un riesgo de actos violentos. Además, las amenazas proferidas generaron un estado de temor entre el personal penitenciario. La sentencia destaca la gravedad de los delitos y rechaza la eximente solicitada por la defensa.
La Audiencia Nacional ha condenado a un guía turístico de Sevilla a nueve años de prisión por agredir sexualmente a tres estudiantes americanas durante viajes a Marruecos y Portugal entre 2013 y 2017. La sentencia detalla cómo el acusado, Manuel, aprovechó su papel como responsable de una agencia de viajes para ganarse la confianza de las víctimas antes de cometer los delitos. La primera agresión ocurrió en un hotel en Marruecos en 2013, mientras que las otras dos se registraron en Portugal en 2017. La Audiencia destaca la credibilidad del testimonio de las víctimas y condena al agresor a indemnizar a las afectadas.
La Audiencia Nacional ha condenado a una mujer a dos años y seis meses de prisión por su proceso de radicalización yihadista, durante el cual consumió y difundió material terrorista en redes sociales. La sentencia destaca que la acusada, originaria de un campamento de refugiados en Tinduf y residente en Menorca, fue influenciada por su hermano, combatiente del DAESH. Además de la pena de cárcel, se le impone libertad vigilada por cinco años. El tribunal evidenció su interés por acciones terroristas, incluyendo el uso de explosivos y armas, así como su participación activa en grupos de propaganda yihadista en plataformas como Telegram.
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La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel V. a 13 años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el marco de la macrocausa ‘Tándem’. La sentencia, que reduce la pena original de 19 años, también condena a su socio Rafael R. a 9 años y a otras ocho personas a penas menores. Este caso involucra tres piezas relacionadas con actividades ilícitas en el ámbito empresarial y familiar. La Audiencia Nacional ha rechazado anular nuevamente la sentencia, argumentando que se han valorado adecuadamente las pruebas presentadas.
La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre a dos años y seis meses de prisión por difundir contenido yihadista en redes sociales y por auto adoctrinamiento para participar en acciones terroristas. El acusado, de 35 años, comenzó su radicalización en 2016, consumiendo y compartiendo material relacionado con el terrorismo islámico, especialmente de la organización DAESH. A través de perfiles en Instagram, Facebook y TikTok, llegó a formar parte de al menos 14 grupos de WhatsApp donde se intercambiaba contenido afín al ideario yihadista. Las investigaciones llevaron a un registro en su domicilio en Almería, donde se encontraron materiales relacionados con su formación en la yihad islámica.
La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Sala de lo Penal desestimó su recurso de apelación y destacó el "evidente" riesgo de fuga del acusado. Esta decisión se basa en una anterior resolución del Juzgado Central de Instrucción Uno que ya había ratificado su ingreso en prisión. La situación legal del exfuncionario sigue siendo crítica ante las acusaciones que enfrenta.
La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a Hamza W., un hombre de 28 años originario de Pakistán, por atacar con un hacha un local de comida rápida en Badalona el 27 de marzo del año pasado. El juez Antonio Piña ha determinado que el acusado cometió delitos de daños terroristas y autoadoctrinamiento, motivado por su creciente implicación con la causa palestina y su deseo de realizar la yihad. Este caso pone de relieve las preocupaciones sobre el extremismo y la violencia relacionada con conflictos internacionales.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener en libertad provisional al guía turístico de Sevilla, condenado a 9 años de prisión por agresiones sexuales a tres turistas americanas. Las medidas incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado. El tribunal considera que no hay riesgo de fuga, ya que el condenado ha cumplido con todas las obligaciones impuestas durante la instrucción del caso.
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de otorgar trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como vehículos de lujo y dinero en efectivo. Además, se mantiene la pena de tres meses de cárcel para otro empresario implicado. La Sala rechazó las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y destacó que el delito de cohecho se consuma con la aceptación de las dádivas, independientemente de si se materializó un trato privilegiado. La decisión resalta la responsabilidad del comisario en su cargo público y las implicaciones éticas de su conducta.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus condiciones psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal desestimó esta solicitud, afirmando que la competencia judicial se basa en las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, corresponde a la Audiencia Nacional juzgar el caso. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
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