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Cohecho

19/05/2025@12:45:27

La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Sala de lo Penal desestimó su recurso de apelación y destacó el "evidente" riesgo de fuga del acusado. Esta decisión se basa en una anterior resolución del Juzgado Central de Instrucción Uno que ya había ratificado su ingreso en prisión. La situación legal del exfuncionario sigue siendo crítica ante las acusaciones que enfrenta.

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años y medio de prisión al exalcalde de Santa Pola, Miguel Z.F., y al exconcejal Jorge P.A. por delitos de prevaricación administrativa y cohecho en el caso de la clínica Gran Alacant. La sentencia también incluye penas similares para dos médicos involucrados en la gestión del consultorio privado, así como una condena adicional para una trabajadora del centro. Este fallo resalta la gravedad de la corrupción en la administración pública local. Para más detalles, visita el enlace.

La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de otorgar trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como vehículos de lujo y dinero en efectivo. Además, se mantiene la pena de tres meses de cárcel para otro empresario implicado. La Sala rechazó las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y destacó que el delito de cohecho se consuma con la aceptación de las dádivas, independientemente de si se materializó un trato privilegiado. La decisión resalta la responsabilidad del comisario en su cargo público y las implicaciones éticas de su conducta.

La Audiencia de Sevilla condena a ocho años y diez meses de cárcel al teniente de la Guardia Civil juzgado por cohecho, tráfico de drogas en grado de tentativa y hurto. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, el oficial del Instituto Armado tendrá que pagar además una multa de 1.500.000 euros.
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La Audiencia de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana a tres años y cinco meses de prisión por cobrar a cambio de tramitar tarjetas de transporte falsas. La sentencia incluye cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo público, tras considerar que cometió delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. Se le han aplicado atenuantes como la reparación del daño y la confesión. Además, se suspende la pena privativa de libertad durante tres años bajo condiciones específicas.

Colaboraba en la introducción de droga en el mercado ilícito junto a otras personas que la desembarcaban en las playas de la costa granadina como entregas controladas.