procuraduria europea

El 30 de julio de 2026, la Fiscal Europea solicitó al Parlamento polaco el levantamiento de la inmunidad de un miembro activo del Parlamento en relación con una investigación por corrupción. Esta solicitud es parte de un caso más amplio que involucra la modernización del sistema de tranvías en la región de Silesia, donde surgieron nuevas acusaciones sobre tráfico de influencias y aceptación de beneficios financieros a cambio de decisiones favorables para empresas. Durante las investigaciones recientes, se realizaron arrestos y se llevaron a cabo registros en propiedades privadas. La EPPO continúa su labor para esclarecer los hechos y garantizar que todos los implicados sean considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales polacos.

En Portugal, 30 personas, incluidas 17 individuos y 13 empresas, han sido acusadas de operar una red criminal responsable de un fraude fiscal de 35 millones de euros relacionado con productos alimentarios esenciales. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que la organización utilizaba documentos falsificados para crear un circuito ficticio de transacciones internacionales y evadir el pago del IVA. Se estima que el esquema generó beneficios indebidos que distorsionaron la competencia en el mercado mayorista en Portugal. Los principales acusados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión si son declarados culpables.

Seis personas han sido arrestadas en Polonia tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) sobre un grupo religioso sospechoso de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas en situación de pobreza. Los detenidos, acusados de formar parte de una organización criminal y fraude, fueron colocados en prisión preventiva. La investigación reveló que el grupo había recibido 2,500 toneladas de alimentos financiados por la UE, pero en lugar de distribuirlos gratuitamente, los vendieron a comercios. Las autoridades han congelado bienes valorados en aproximadamente 350,000 euros para compensar las pérdidas al presupuesto europeo.