El juicio del 'caso mascarillas' ha comenzado en el Tribunal Supremo, donde se juzga al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía solicita penas de hasta 24 años de prisión por delitos como cohecho y tráfico de influencias. Se investiga una trama que favoreció a la empresa de Aldama con contratos valorados en 53 millones, mientras que Ábalos habría recibido beneficios personales, incluyendo un chalet en Cádiz. Además, se examinan posibles enchufes laborales relacionados con Ábalos.
El Tribunal Supremo ha anunciado la composición de la Sala que juzgará al exministro José Luis Ábalos, su exasistente Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama por la contratación irregular de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La Sala Segunda estará formada por siete magistrados, incluyendo al presidente Andrés Martínez Arrieta y otros destacados miembros como Manuel Marchena y Ana Ferrer. Esta decisión se enmarca dentro de las normas del Tribunal Supremo para causas especiales contra aforados.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" por denunciar los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Ayuso cuestionó también a las familias de las víctimas, acusándolas de inventar la cifra de 7.291 muertes. En medio de investigaciones que involucran a tres ex altos cargos de su gobierno, Ayuso defendió su gestión y afirmó que otros lugares también enfrentaron problemas similares. La presidenta se mostró desafiante ante las críticas y sugirió que existe una campaña política en su contra.
Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por su responsabilidad en los protocolos que llevaron a más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos, lo que ha generado una nueva investigación tras una denuncia colectiva de familiares de víctimas. La citación se produce después de que el caso, archivado hace tres años, fuera reabierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia. Las organizaciones que apoyan a los denunciantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en las decisiones tomadas.
El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha decidido solicitar al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos en relación con una investigación sobre posibles irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Se han encontrado indicios de su posible implicación en delitos como integración en organización criminal y cohecho. La decisión se basa en declaraciones y documentos que sugieren que Ábalos pudo haber influido en la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos. La resolución será remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para su tramitación ante el Congreso.
La agencia sanitaria mundial alerta del aumento de contagios y estima poco probable que la oleada disminuya en el corto plazo. Asimismo, expresa preocupación por la baja en la cobertura de vacunación, sobre todo ante la posibilidad de que surja una cepa más virulenta que pudiera causar enfermedad grave.
Algunos de los textos que evidencian el abandono de la región a sus mayores durante los primeros meses del virus salen a la luz ahora, después de que hace cosa de una semana se conociera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acudía a los tribunales para evitar, precisamente, que salieran a la luz.
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El juicio por el 'caso mascarillas' ha comenzado en el Tribunal Supremo, donde se encuentran el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En esta sesión, el hermano de Koldo ha declarado que todos los "favores" otorgados a Jésica eran a título "personal". Este caso investiga una presunta trama corrupta relacionada con la compra de material sanitario durante la pandemia.
Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirector sociosanitario de la Comunidad de Madrid, ha declarado en los juzgados que los 'protocolos de la vergüenza' eran discriminatorios y que advirtió al exdirector Carlos Mur sobre esta situación. En su testimonio, Peromingo mencionó que recibió una respuesta de Mur indicando que los protocolos estaban en proceso de modelado, lo que llevó a múltiples modificaciones. La ausencia de Mur y Pablo Busca, otros exaltos cargos implicados, ha generado críticas por parte de las familias afectadas, quienes exigen justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la pandemia. Las acusaciones han anunciado su intención de solicitar órdenes de búsqueda contra ambos.
Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en las muertes en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las 7.291 víctimas esperaban este momento para obtener respuestas sobre los polémicos 'protocolos de la vergüenza'. La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados estaban debidamente notificados, lo que ha sido denunciado como una maniobra dilatoria por los abogados de las víctimas. Los ex altos cargos, que enfrentan acusaciones de un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario, deberán esperar para declarar y enfrentar el clamor de justicia de los familiares afectados.
El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándole a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el contexto de una investigación por supuestas contrataciones irregulares de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad y la ausencia de bienes en el extranjero, el juez consideró que persisten indicios suficientes para investigar posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho. La medida busca garantizar que Ábalos no se sustraiga a la justicia.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.
Las decisiones y opciones políticas tomadas este año por los líderes de todo el mundo decidirán el destino de millones de vidas y si terminará o no la pandemia más letal del mundo, señala un nuevo informe de la agencia de la ONU especializada en el tema.
"Cuando llegue la próxima pandemia, debemos hacer mejor trabajo; sin embargo, todavía no estamos preparados". Debemos prepararnos y tomar medidas basándonos en lo aprendido con el COVID-19, dice António Guterres, y llama a no volver a permitir el acaparamiento de vacunas, pruebas y tratamiento por algunos países.
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