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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una de las mayores fábricas ilegales de producción de cigarrillos en Europa, ubicada en Stornara, Italia. La operación, llevada a cabo por la Guardia di Finanza, reveló un sitio capaz de producir hasta 2 millones de cigarrillos diarios y con un valor estimado de más de 1.3 millones de euros. Durante las búsquedas, se encontraron 45 pallets de cigarrillos y materiales falsificados relacionados con marcas reconocidas. Diez personas de nacionalidad búlgara y ucraniana fueron detenidas por su presunta implicación en la producción ilegal y el contrabando de tabaco. Se estima que la operación habría causado pérdidas fiscales superiores a 80 millones de euros al año.

El 15 de enero de 2025, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo una importante operación en Italia, desmantelando una red internacional de contrabando de cigarrillos. La Guardia di Finanza realizó registros en Palermo, Trapani y Nápoles, resultando en la detención de 14 sospechosos y el arresto domiciliario de otros dos. Se incautaron activos valorados en aproximadamente 1 millón de euros. Los implicados están acusados de participar en el tráfico ilícito de 22 toneladas de cigarrillos entre África del Norte, Europa del Este e Italia, causando un daño financiero a la UE de 850,000 euros por derechos aduaneros no pagados. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.