En 2024, al menos 1,2 millones de personas en todo el mundo se vieron desplazadas debido a la delincuencia organizada, un número que se ha duplicado en comparación con el año anterior. Según un informe de la ONU, esta actividad delictiva no solo obliga a las comunidades a abandonar sus hogares, sino que también expone a los desplazados a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia y explotación sexual. Las regiones más afectadas incluyen Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde la debilidad del Estado y la pobreza facilitan la expansión de economías ilícitas. La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos advierte que las respuestas militarizadas de los gobiernos suelen agravar la situación, afectando más a las víctimas que a los criminales. Se insta a los Estados a abordar las causas profundas del desplazamiento y garantizar la protección de los afectados.
