Con una inexplicable demora judicial y con parte de los cargos en su contra prescriptos, se iniciará el miércoles próximo el juicio oral contra el ex jefe de la policía Bonaerense Alberto Sobrado, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Las audiencias estarán a cargo de los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 Guillermo Labombarda, Patricia De la Serna y Samuel Saraví Paz, que dispusieron el enjuiciamiento por las figuras de enriquecimiento ilícito y falsificación ideológica de instrumento público. En la resolución del tribunal informó que se extinguió la acción penal por el transcurso del tiempo para los delitos de "omisión maliciosa de datos y de presentación de la declaración jurada de bienes", que se le atribuyeran a Sobrado como cometidos durante los años 1999 a 2003, en perjuicio de la administración pública.
Según explicaron voceros judiciales uno de los actos interruptivos de la prescripción es la citación a juicio, que se efectuó el 19 de marzo de 2007; como el juicio nunca se concretó y los delitos prescriben cuando se cumple el tiempo máximo de pena prevista por el Código Penal -que en este caso tienen penas de hasta dos años de prisión-, la acción se extinguió el 19 de marzo de 2009.
Frente a esta situación, la Cámara Penal platense se expidió al respecto, ante uno de los tantos planteos concretados por el defensor del ex comisario, Roberto Citterio, y le ordenó al tribunal que inicie el juicio oral antes de que se produzca la prescripción de toda la causa.
Ante esta resolución de la Cámara, el Tribunal dispuso que el debate oral se inicie el miércoles próximo, a las 9, en la sala de audiencias del fuero penal local. Para los ilícitos que se ventilarán en el juicio, castigados con hasta seis años de prisión, la prescripción operará el 19 de marzo próximo.
La fiscal del juicio, Rosalía Sánchez solicitó ayer a la Procuración General de la Suprema Corte, que a través del titular de la Policía Judicial, Jorge Amorín, se le preste colaboración durante el juicio para la notificación de testigos.
La investigación
El caso comenzó a destrabarse recién en marzo de 2012, cuando, tras una consulta efectuada por La Nación sobre el estado del proceso, el fiscal de Casación, Carlos Altuve, solicitó a la Sala III del Tribunal de Casación Penal que definiera con urgencia una cuestión de competencia, ya que tanto la fiscal Sánchez como la Cámara de Apelacionas habían alertado en varias oportunidades sobre el riesgo de que la causa prescribiera.
El caso estuvo por lo menos cuatro años detenido en Casación en manos de los magistrados Ricardo Borinsky, Daniel Carral y Víctor Violini sin que, según admitió Altuve, haya habido razones para justificarlo.
La investigación se inició en 2003, cuando la revista Veintitrés reveló que Sobrado había hecho una transferencia bancaria no declarada de 333.549,62 dólares hacia un paraíso fiscal en las Bahamas. Entonces, su sueldo era de 4.443,71 pesos.
El primer fiscal del caso, Marcelo Martini, elevó la causa a juicio en diciembre de 2006, con Sobrado acusado de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de presentación de la declaración jurada de bienes, omisión de datos en la declaración jurada y falsificación ideológica de instrumento público. Los peritajes estimaron que el incremento patrimonial no justificado de Sobrado era de entre 532.000 y 970.000 dólares.
En la elevación a juicio, el juez de Garantías de La Plata Néstor de Aspro entendió que con las pruebas reunidas en la causa "se ha podido acreditar" que el ex jefe policial, "luego de ser requerido para explicar el motivo del incremento en su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones, no logró justificar la procedencia del mismo".
Omisiones
También se señaló que el ex jefe de la Policía bonaerense habría omitido efectuar las declaraciones juradas durante 1999, 2001, 2002 y 2003, y que en 2000, en una declaración pasada ante el escribano general de Gobierno, Sobrado habría "omitido maliciosamente consignar las cuentas con depósitos en el exterior del país, por un monto que sería de 532 mil dólares".
El defensor de Sobrado aportó documentos para intentar justificar el patrimonio en función de bienes heredados de sus padres, como la propiedad y venta de tres hoteles en la Capital, un autoservicio, una chatarrería, la explotación de un quiosco de diarios, departamentos, inversiones financieras y donaciones hechas por la madre de Sobrado, Celia Gutiérrez.
Sobrado había llegado a jefe máximo de la policía provincial en junio de 2003, un mes más tarde fue pasado a retiro activo obligatorio, en medio de la difusión pública de sus cuentas en las Bahamas. Según reconoció en esa oportunidad el entonces gobernador de la Provincia Felipe Solá y el ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero, las explicaciones del ex comisario Sobrado acerca del origen de este dinero no fueron satisfactorias, por lo que resolvió separarlo de su cargo y denunciarlo a la Justicia.
Si (
No(
