El juicio de la Trama Eólica ha comenzado, involucrando a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartirse 75 millones de euros en sobornos relacionados con la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Los procesados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía solicita 36 años y medio de prisión para Rafael Delgado, principal acusado, así como multas que superan los 236 millones de euros. Se estima que las mordidas repercutieron en la factura eléctrica, afectando a empresas no alineadas con el sistema corrupto. El juicio se extenderá hasta enero de 2026, con un total de 84 testigos y peritos programados para declarar.
MUNDO INSÓLITO: En una operación liderada por la Fiscalía Europea en Lituania, se realizaron diez registros y se detuvieron a cuatro personas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 136,000 euros relacionado con fondos de desarrollo rural de la UE. La investigación apunta a la obtención engañosa de subsidios y posibles delitos de falsificación y soborno, implicando a un grupo organizado. Los registros se llevaron a cabo en varias localidades, incluyendo Vilnius y Klaipeda, donde se incautaron documentos y otros elementos relevantes para el caso. Las autoridades consideran medidas cautelares para los detenidos.
La policía investiga el paradero de casi 48 millones de euros relacionados con la trama Montoro, que habrían sido ingresados a través del despacho de abogados Equipo Económico. Este dinero, procedente de comisiones por redactar leyes favorables para empresas, podría estar distribuido en siete países europeos: Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia y Dinamarca. Los investigadores enfrentan dificultades para rastrear los fondos debido a la opacidad de las sociedades implicadas. El juez Rubén Rus busca activar comisiones rogatorias para localizar el dinero oculto.
El exministro de Transporte ruso, Román Starovoit, ha sido encontrado muerto de un disparo en su vehículo en las afueras de Moscú, horas después de ser destituido por el presidente Vladímir Putin. Las autoridades rusas han abierto una investigación y manejan la hipótesis del suicidio. Starovoit había ocupado el cargo desde mayo de 2024 y se encontraba bajo sospecha de corrupción. Además, este mismo día también falleció Andrei Korneichuk, un alto funcionario del ministerio, lo que añade más misterio a las recientes muertes en el entorno político ruso. Andrei Nikitin asumirá interinamente la cartera de Transporte.
Bulgaria ha llevado a cabo varias búsquedas en el marco de una investigación sobre corrupción pasiva y abuso de poder relacionados con fondos europeos para la pesca. La acción, realizada por la Policía Nacional búlgara bajo la dirección de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), se centró en residencias y oficinas en Sofía y Oryahovo. Se sospecha que funcionarios del Ministerio de Agricultura y Alimentación, responsables de gestionar estos fondos, solicitaron sobornos a cambio de la aprobación de pagos para proyectos pesqueros. La investigación incluye casos de sobreprecio en contratos y manipulación de evaluaciones de proyectos.
La exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE ha sido condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias, según un fallo del Tribunal del Condado de Zagreb. La sentencia se deriva de una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que investigó un caso en el que la exministra favoreció a un empresario en un procedimiento de contratación pública, inflando el costo estimado y eludiendo la licitación pública. Se estima que esta acción causó daños al presupuesto de la UE por más de un millón de euros y casi 300,000 euros al presupuesto estatal croata. La exministra aceptó un acuerdo de culpabilidad y pagó 200,000 euros como compensación parcial, aunque las acciones legales contra otros implicados continúan.
Nuevos audios revelan que Leire Díez Castro, vinculada al PSOE, ofreció beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn para desacreditar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. En una conversación telemática, se discutieron pactos a cambio de información sobre Balas, mientras Hamlyn exigía garantías y un acuerdo formal. Estos audios, publicados por El Confidencial, apuntan a posibles intentos de manipulación judicial en el contexto de una trama de hidrocarburos en la que Hamlyn está involucrado. La situación ha generado controversia y desmentidos por parte del PSOE, que niega cualquier implicación en estos hechos. Para más detalles, visita el enlace.
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Una exministra croata ha sido condenado a siete meses de prisión por abuso de poder y autoridad. La sentencia fue dictada por el Tribunal del Condado de Zagreb, tras comprobar que entre mayo de 2017 y julio de 2019 utilizó fondos públicos para cubrir gastos personales en restaurantes, lo que le generó un beneficio ilícito de 9.732,35 euros. Esta cantidad afectó los intereses financieros de la Unión Europea y de Croacia. La condena se produjo como resultado de un acuerdo de culpabilidad, en el cual la exministra también reembolsó el monto total durante la investigación.
El Tribunal Supremo ha decidido mantener a Santos Cerdán en prisión, considerando que existen "indicios poderosos" sobre su implicación en la trama Koldo, relacionada con corrupción en contratos de obra pública. La defensa del exdirigente socialista argumentó que no había suficientes pruebas para su encarcelamiento, pero el tribunal destacó el riesgo de destrucción de pruebas y obstrucción a la investigación. Cerdán enfrenta acusaciones de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Los magistrados subrayaron que su papel era directivo dentro de la actividad delictiva y que podría perjudicar las pesquisas si se le concediera la libertad.
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Portugal relacionados con proyectos de adquisición de tecnología para instituciones educativas públicas, financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La investigación, denominada Nexus, busca esclarecer irregularidades en los procedimientos de contratación pública, con cinco detenidos, incluido un funcionario público. Se han ejecutado medidas cautelares por 4.6 millones de euros para resarcir posibles daños al presupuesto de la UE. La EPPO investiga delitos como fraude, corrupción y abuso de poder en este caso que involucra a empresas del sector tecnológico.
El programa El Mundo al Rojo, emitido por Distrito TV y presentado por el periodista Jesús Ángel Rojo, se ha visto envuelto en un escándalo esta semana cuando su conductor denunció en directo un presunto intento de sabotaje por parte de las denominadas "cloacas del Estado".
MUNDO INSÓLITO: La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava investiga la supuesta malversación de 7.4 millones de euros destinados a ayuda militar para Ucrania. Ocho personas han sido detenidas, incluyendo cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa eslovaco. Se sospecha que los altos funcionarios violaron sus obligaciones y manipularon procedimientos de contratación pública, lo que podría haber llevado a sobreprecios en la compra de municiones. La investigación se realiza en colaboración con la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado de Eslovaquia. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
La jueza Inmaculada Iglesias ha imputado a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, en la investigación sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Carrasco deberá declarar el 19 de junio para aclarar un pago de medio millón de euros que González Amador realizó a su empresa, Círculo de Belleza. La Fiscalía sospecha que este pago podría ocultar una comisión encubierta relacionada con la compra de la sociedad, que carecía de actividad y patrimonio. La citación se produce en el contexto de acusaciones sobre corrupción y administración desleal vinculadas a las operaciones comerciales durante la pandemia.
Un narcotraficante arrepentido ha revelado detalles impactantes sobre un narcotúnel en Ceuta, utilizado para introducir hachís desde Marruecos. Durante su declaración judicial, el testigo explicó que la Guardia Civil cobraba entre 70.000 y 100.000 euros por camión para permitir el paso de droga. La galería subterránea, de aproximadamente 50 metros de longitud y 12 metros de profundidad, fue descubierta gracias a su colaboración. Hasta ahora, la investigación ha llevado a la detención de 15 personas, incluidos agentes fronterizos, y se sospecha que existen más túneles en la región.
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