MUNDO INSÓLITO: La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava investiga la supuesta malversación de 7.4 millones de euros destinados a ayuda militar para Ucrania. Ocho personas han sido detenidas, incluyendo cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa eslovaco. Se sospecha que los altos funcionarios violaron sus obligaciones y manipularon procedimientos de contratación pública, lo que podría haber llevado a sobreprecios en la compra de municiones. La investigación se realiza en colaboración con la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado de Eslovaquia. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
La jueza Inmaculada Iglesias ha imputado a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, en la investigación sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Carrasco deberá declarar el 19 de junio para aclarar un pago de medio millón de euros que González Amador realizó a su empresa, Círculo de Belleza. La Fiscalía sospecha que este pago podría ocultar una comisión encubierta relacionada con la compra de la sociedad, que carecía de actividad y patrimonio. La citación se produce en el contexto de acusaciones sobre corrupción y administración desleal vinculadas a las operaciones comerciales durante la pandemia.
Un narcotraficante arrepentido ha revelado detalles impactantes sobre un narcotúnel en Ceuta, utilizado para introducir hachís desde Marruecos. Durante su declaración judicial, el testigo explicó que la Guardia Civil cobraba entre 70.000 y 100.000 euros por camión para permitir el paso de droga. La galería subterránea, de aproximadamente 50 metros de longitud y 12 metros de profundidad, fue descubierta gracias a su colaboración. Hasta ahora, la investigación ha llevado a la detención de 15 personas, incluidos agentes fronterizos, y se sospecha que existen más túneles en la región.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas investigativas urgentes en relación con un posible uso ilegal de fondos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Esta acción se produce tras una investigación criminal sobre el abuso de posición y autoridad, que involucra recursos del Fondo de Seguridad Interna y el presupuesto estatal croata. La EPPO informará al público sobre los avances en la investigación, mientras que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha destapado un caso de corrupción grave en el sector sanitario de Chequia, con un fraude en subvenciones de la UE que asciende a 160 millones de euros. En una operación en České Budějovice, se realizaron 46 registros y se arrestaron a 22 personas, entre ellas 16 sospechosos acusados de explotar procesos de contratación pública para obtener beneficios ilícitos relacionados con el Hospital Universitario Motol en Praga. Las investigaciones revelan que estos actos han dañado los intereses financieros de la UE, afectando proyectos financiados por el Plan Nacional de Recuperación Checo y el Fondo Europeo de Cohesión. La EPPO continúa trabajando para llevar ante la justicia a los implicados.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros a Laura B., expresidenta del Parlament de Catalunya, por prevaricación y falsedad. La sentencia se debe a la adjudicación irregular de un contrato para desarrollar la web de la Institució de les Lletres Catalanes, valorado en 335.700 euros, a un conocido mediante 18 contratos menores. El tribunal rechazó la aplicación de la ley de Amnistía y desestimó los argumentos sobre la proporcionalidad de la pena, subrayando que su conducta se inscribe en un contexto de corrupción pública. La decisión del Supremo reafirma la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en las contrataciones públicas.
Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
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La exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE ha sido condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias, según un fallo del Tribunal del Condado de Zagreb. La sentencia se deriva de una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que investigó un caso en el que la exministra favoreció a un empresario en un procedimiento de contratación pública, inflando el costo estimado y eludiendo la licitación pública. Se estima que esta acción causó daños al presupuesto de la UE por más de un millón de euros y casi 300,000 euros al presupuesto estatal croata. La exministra aceptó un acuerdo de culpabilidad y pagó 200,000 euros como compensación parcial, aunque las acciones legales contra otros implicados continúan.
Nuevos audios revelan que Leire Díez Castro, vinculada al PSOE, ofreció beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn para desacreditar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. En una conversación telemática, se discutieron pactos a cambio de información sobre Balas, mientras Hamlyn exigía garantías y un acuerdo formal. Estos audios, publicados por El Confidencial, apuntan a posibles intentos de manipulación judicial en el contexto de una trama de hidrocarburos en la que Hamlyn está involucrado. La situación ha generado controversia y desmentidos por parte del PSOE, que niega cualquier implicación en estos hechos. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la sentencia que condenaba a un exsacerdote de Gijón a diez años de prisión por corrupción de menores. La decisión se tomó tras estimar el recurso presentado por la defensa, argumentando que no se resolvió adecuadamente el anonimato de los testigos antes del juicio. Esta resolución pone en duda el proceso judicial anterior, donde el acusado fue hallado culpable por ofrecer drogas a menores a cambio de favores sexuales.
En 2024, los jueces españoles procesaron a 146 personas por delitos de corrupción, incluyendo 108 individuos y 38 entidades jurídicas. Se concluyeron 35 procedimientos judiciales, con un total de 51 sentencias dictadas, de las cuales más de la mitad fueron condenatorias. Estos datos reflejan el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la corrupción pública en España. Para más información sobre estos procesos y su impacto, se puede consultar el repositorio del Consejo General del Poder Judicial.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. El director supuestamente exigió €10,225 de un contratista involucrado en un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director solicitó que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera directamente. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba el primer pago del soborno. Se han presentado cargos y se solicitará su detención preventiva. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la UE.
Durante el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos relacionados con delitos de corrupción. De estas, 18 eran individuos y cuatro entidades. Este dato proviene del repositorio del Consejo General del Poder Judicial, que también reporta que se dictaron 12 sentencias en este ámbito, con un 58.3% de fallos condenatorios. La información es accesible al público y busca aumentar la transparencia sobre la lucha contra la corrupción en España. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/los-organos-judiciales-espanoles-procesaron-a-22-personas-fisicas-y-juridicas-en-5-procedimientos-por-delitos-de-corrupcion-en-el-tercer-trimestre-de-2024/.
Autoridades de Andorra en un acto de racismo y corrupción, asumieron sin pruebas que el patrimonio de los mexicanos es ilegal.
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