Las recientes agresiones y cacerías dirigidas a vecinos de origen migrante en Torre Pacheco, Murcia, constituyen un grave atentado contra los derechos humanos y la convivencia democrática. La Federación Estatal LGTBI+, junto con diversas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, ha denunciado el incremento de la violencia fomentada por discursos de odio que se propagan y normalizan en distintos ámbitos.
Estos actos, que atentan contra la dignidad y la igualdad de las personas, representan una manifestación extrema de una amenaza creciente que no solo afecta a la comunidad migrante, sino también a grupos racializados, gitanos, LGTBI+, feministas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Reacciones ante la violencia
En días recientes, han circulado vídeos y testimonios que evidencian cómo grupos neonazis y de extrema derecha persiguen a personas magrebíes en las calles de Torre Pacheco, incluyendo familias y menores. Estas persecuciones se justifican bajo el pretexto de una agresión previa para propagar el odio y la violencia. Las organizaciones convocantes afirman que estas escenas evocan momentos oscuros de la historia reciente y son consecuencia directa de discursos políticos y mediáticos que fomentan la polarización y criminalización de comunidades enteras basadas en su color de piel, religión u origen.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, declaró: “Lo ocurrido en Torre Pacheco no son hechos aislados ni reacciones espontáneas; son el resultado de una estrategia organizada que alimenta el miedo para socavar la democracia. Cuando se persigue a personas migrantes por las calles, se están atacando los pilares fundamentales del Estado de derecho. Y si permitimos esto, mañana será otra diana: las personas LGTBI+, las feministas, las racializadas, las gitanas o cualquier colectivo que no encaje en su esquema excluyente.”
Defensa de los derechos humanos
Las entidades organizadoras subrayan que los derechos humanos son indivisibles, enfatizando que defenderlos para quienes llegan a nuestros barrios es protegerlos para todos. Iglesias agregó: “La violencia contra la población migrante forma parte de una red más amplia que también nos amenaza a quienes defendemos la igualdad y diversidad. No podemos permitir que el odio se extienda sin consecuencias. Las instituciones deben garantizar la seguridad y derechos de toda la ciudadanía mediante investigaciones efectivas contra quienes financian y organizan estas agresiones.”
El manifiesto conjunto elaborado por las entidades firmantes exige al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a todas las administraciones públicas actuar con determinación. Se solicita investigar estos hechos como lo que realmente son: crímenes organizados destinados a quebrantar la convivencia, así como reforzar políticas públicas que promuevan la inclusión social como garantía para proteger la democracia y prevenir futuras violencias.
Llamado a la acción ciudadana
Además, las organizaciones demandan la aprobación inmediata y efectiva de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos vulnerables, considerado esencial para detener el auge del odio legitimador de estas violencias. Este pacto debe incluir medidas integrales enfocadas en prevención, educación en derechos humanos, persecución legal contra discursos y delitos de odio, así como apoyo a víctimas para asegurar una respuesta coordinada desde todas las instituciones.
Iglesias concluyó: “La democracia no se defiende sola. Necesitamos instituciones firmes frente a la intimidación y una ciudadanía movilizada. Este jueves saldremos a las calles para afirmar con fuerza: basta de odio, basta de miedo. Queremos barrios donde todos sean bienvenidos.”
La concentración está programada para el jueves 17 de julio a las 20:00 horas en la Plaza de Callao, Madrid. Las organizaciones convocantes hacen un llamado a toda la ciudadanía para construir un país donde primen la convivencia, los derechos humanos y la dignidad por encima de cualquier intento divisorio.
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