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Trata de seres humanos

19/03/2024@14:51:03
Se ha detenido a siete personas en Madrid, Valencia, Salamanca, Ámsterdam y Bogotá que integraban una organización criminal que operaba en Europa y engañaba a sus víctimas para ejercer la prostitución bajo condiciones abusivas.

Se ha detenido a ocho personas que formaban una organización criminal y se han llevado a cabo seis registros domiciliarios realizados en las localidades mallorquinas de Inca, Alcudia y Muro.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes de la policía de Rumanía, han liberado a 14 víctimas de explotación sexual que recibían crueles palizas y humillaciones.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Rupejini, ha liberado en la provincia de Las Palmas a 25 víctimas de explotación sexual y ha detenido a diez personas por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Se ha detenido en Francia a diez integrantes del entramado criminal que captaban a mujeres en Colombia para explotarlas sexualmente en España y Francia. El principal responsable de la organización presuntamente agredió sexualmente a las víctimas.

Durante el juicio, el padre de una niña de 12 años acusado de venderla a un matrimonio admitió que la entregó a una pareja de compatriotas rumanos para que tuvieran una relación conyugal con su hijo, ya que esto es una tradición en la cultura gitana de origen rumano.

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que explotaba sexualmente a mujeres paraguayas en Cuenca. Cinco víctimas fueron liberadas y se detuvieron a seis personas acusadas de delitos como pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y prostitución. La información sobre la organización fue obtenida gracias a una llamada al Servicio de Atención telefónico a las Víctimas de Trata.

La red criminal captaba a las mujeres aprovechándose de su situación de necesidad, las ofrecían condiciones de trabajo engañosas y luego las obligaba a prostituirse debiendo estar disponibles las 24 horas del día. Tras publicitar los servicios sexuales, los arrestados se hacían pasar por sus víctimas para conversar por mensajería instantánea con los clientes y amenazaban a las mujeres si se negaban a ejercer la prostitución controlándolas con cámaras de vigilancia.

La pareja, que se apoderó de la documentación del hombre y no le suministraba ni alimentos ni bebidas, se quedaba con todo el dinero recaudado por este.

Se han realizado siete entradas y registros en las provincias de Santander, Albacete y Granada donde se ha detenido a cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, además una de ellas por delito contra la salud pública.

Han sido detenidas 10 personas y se han llevado a cabo 20 entradas y registros en España, Francia, Italia y República dominicana en los que se han intervenido más de 70.000 euros. Las citas se gestionaban desde dos call center desde donde, integrantes de la organización criminal, simulaban ser las mujeres que proporcionarían los servicios sexuales y concertaban los encuentros con los clientes.

Captaban a las mujeres a través de sus familiares directos y de páginas web que ofertaban servicios sexuales. Trabajaban las 24 horas los siete días de la semana, tenían que dormir con ropa sensual y estar siempre maquilladas por si se presentaba algún cliente. Las víctimas no podían rechazar ningún servicio sexual. Si el cliente no quedaba satisfecho se castigaba con la obligación de realizar otro servicio sin recibir ningún dinero, quedándose los responsables con el importe íntegro.

Las mujeres eran captadas mediante engaño en sus países de origen, Colombia y Ecuador principalmente, y posteriormente eran obligadas a prostituirse tras llegar a España donde eran sometidas a vigilancia mediante medios tecnológicos.

La organización criminal confinaba a sus víctimas en una casa en el barrio bilbaíno de Zorrotza donde vivían en condiciones infrahumanas e insalubres y eran obligadas a consumir cocaína y aceptar clientes las 24 horas del día.

Las autoridades francesas le imputan delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas por los que le solicitan una pena de 20 años de prisión. Pertenecía presuntamente a una red criminal de trata de seres humanos en la que se encargaba principalmente del traslado de las víctimas a los lugares donde eran explotadas.