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Residencias

04/06/2025@21:56:47

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" por denunciar los 'protocolos de la vergüenza' aplicados en residencias durante la pandemia. Ayuso cuestionó también a las familias de las víctimas, acusándolas de inventar la cifra de 7.291 muertes. En medio de investigaciones que involucran a tres ex altos cargos de su gobierno, Ayuso defendió su gestión y afirmó que otros lugares también enfrentaron problemas similares. La presidenta se mostró desafiante ante las críticas y sugirió que existe una campaña política en su contra.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la pandemia eran discriminatorios y excluyeron a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién podía recibir atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en la muerte de casi ocho de cada diez residentes sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus compañeros de gobierno sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. La declaración de Reyero ha resonado entre familiares de víctimas, quienes continúan exigiendo justicia por las muertes ocurridas en residencias durante la crisis sanitaria.

Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en las muertes en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las 7.291 víctimas esperaban este momento para obtener respuestas sobre los polémicos 'protocolos de la vergüenza'. La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados estaban debidamente notificados, lo que ha sido denunciado como una maniobra dilatoria por los abogados de las víctimas. Los ex altos cargos, que enfrentan acusaciones de un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario, deberán esperar para declarar y enfrentar el clamor de justicia de los familiares afectados.

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La justicia española reabre el caso de las muertes en residencias durante la primera ola del COVID-19, enfocándose en los políticos responsables de los protocolos que impidieron el traslado de miles de mayores a hospitales. Dos altos cargos del Gobierno de Madrid están siendo investigados por su papel en estas decisiones, que resultaron en la muerte de 7.291 personas sin atención médica adecuada. Los familiares de las víctimas exigen responsabilidades y justicia, mientras se investiga un delito de denegación discriminatoria de atención sanitaria pública. La nueva etapa judicial busca esclarecer quién dio las órdenes y por qué se excluyó a ciertos grupos del sistema sanitario.

Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por su responsabilidad en los protocolos que llevaron a más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos, lo que ha generado una nueva investigación tras una denuncia colectiva de familiares de víctimas. La citación se produce después de que el caso, archivado hace tres años, fuera reabierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia. Las organizaciones que apoyan a los denunciantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en las decisiones tomadas.